Juicio contra Goni podría comenzar en 2018
La Paz | Los Tiempos
A 13 años de los luctuosos hechos del denominado “octubre negro” en 2003, las familias de los caídos aún claman por justicia.
El abogado Rogelio Mayta manifestó que en 2018, presumiblemente, se iniciará el juicio oral de la demanda civil que se interpuso en Estados Unidos en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada por familiares de ocho bolivianos que perdieron la vida en ese episodio, que también se conoce como la “guerra del gas”.
Tras más de 60 muertos y decenas de heridos, el entonces presidente Sánchez de Lozada renunció a su cargo el 17 de octubre de 2003 y salió del país rumbo a Estados Unidos, desde donde hoy la administración gubernamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) busca extraditarlo, pero sin éxito.
“Debemos continuar ese proceso de 2003, sabemos que es complicado y difícil, entonces denunciémoslo, porque antes fueron víctimas y ahora pasaron a ser luchadores estas personas a las que represento. El proceso avanza contra viento y marea y tenemos previsto que en 2018 se inicie el juicio oral en contra de Goni”, afirmó. El proceso judicial se remonta a mayo de 2014, cuando un juez federal de Florida dio vía libre a la demanda de familiares de las víctimas de la denominada “guerra del gas”.
En junio de este año, el Tribunal Federal de apelación del onceavo circuito de Estados Unidos rechazó un intento de obstaculizar la demanda contra el expresidente de Bolivia y su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.
“En su fallo del 16 de junio, el tribunal de apelaciones sostuvo por unanimidad que un estatuto federal, la Ley de Protección de las Víctimas de Tortura (TVPA, por su nombre en inglés), permite que las familias de las víctimas presenten sus demandas por ejecución extrajudicial en tribunales de Estados Unidos, después de haber agotado los recursos disponibles en su país de origen”, asegura.
Mayta también cuestionó el papel de los Estados Unidos en el caso, toda vez que no allana el camino para que se extradite a Sánchez de Lozada y sea juzgado en el país, pero el hecho de que se haya admitido una demanda civil es un avance.
