Judiciales: La “U” impone cambios en preselección

La Paz | Los Tiempos

Después de una maratónica reunión entre los representantes del Sistema Universitario de Bolivia, los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores y de las comisiones de Constitución y de Justicia Plural de ambas instancias legislativas, la “universidad” logró incorporar sus condicionamientos para continuar en el proceso de preselección de los aspirantes a los altos cargos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.

Las principales observaciones fueron al puntaje para acceder a la fase de entrevista, la ratificación de los delegados universitarios por los honorables consejos universitarios y tener voz en el proceso de la entrevista oral. Solicitudes que fueron aceptadas y allanadas sin necesidad de modificación del reglamento.

Si bien en el documento no se establece una ponderación de aprobación para las dos etapas oficiales en las que el Sistema de la Universidad Boliviana participará —evaluación curricular y escrita a través de profesionales académicos y especialistas—, se definió un puntaje de 36 puntos, como mínimo, para pasar a la última fase.

“Habíamos adelantado que asumiríamos como Asamblea las decisiones en el marco de la autonomía de las universidades. Esperaremos que las ocho personas sean delegadas de manera oficial por sus consejos universitarios y en el segundo tema tiene que ver con la puntuación (…). ninguna persona que obtenga menos de 36 puntos, en la etapa de evaluación de méritos y el examen escrito, podrá pasar a la etapa de entrevista, se mantiene intacto el reglamento”, señaló en conferencia de prensa la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño.

Por su parte, Lorenzo Flores, delegado elegido en la Novena Conferencia Nacional de Universidades, explicó que luego de verificar los términos técnicos y académicos, además de la responsabilidad histórica que significa la participación del Sistema Universitario se decidió continuar en el proceso.

Desafío

“El Sistema Universitario ha aceptado el desafío de participar y por supuesto el propósito más importante es que el Órgano Judicial tiene que reencausar y orientar la vocación de justicia en los mejores hombre y mujeres en el campo institucional de nuestro país”, sostuvo.

Respecto a los delegados, adelantó que, en el transcurso de la próxima semana, las casas de estudios superiores del país elegirán a sus delegados, mismos que tienen que ser avalados y autorizados por resoluciones de sus consejos universitarios, y que se integrarán al trabajo de manera paulatina.

NIEGAN CONDICIONAMIENTO

El delegado universitario ante la Comisión de Seguimiento de la Cumbre de Justicia, Lorenzo Flores, afirmó que el hecho de aceptar participar en el proceso de preselección de los postulantes a los cargos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional no “guarda relación de que las universidades hayan planteado una compensación económica al Estado de 500 millones de bolivianos”.

“El tema de la autonomía no es una posición de ningún partido, eso está instituido en la Constitución, y ahora el tema del presupuesto es una obligación del Estado, no un favor a las universidades, debe ser lo suficientemente subvencionadas para funcionar y eso no lo dice al Gobierno, lo dice al Estado. Eso no es un hándicap (debilidad) de que sea un motivo de que los delgados puedan someterse, en absoluto”, manifestó. De esta manera, desvirtuó versiones en sentido que la universidad acompañará en el proceso porque el Gobierno accederá a la demanda del sector.

PODRÁN EMITIR OPINIONES EN ENTREVISTA

Dos momentos clave de participación académica

En el encuentro, las autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aceptaron que los “delegados universitarios” participen con voz, pero no con voto, en toda la fase de entrevistas de los postulantes que superen las dos primeras etapas con un puntaje mínimo de 36 o superior, pese a que la disposición V del artículo 2 señala de manera expresa que el Sistema de la Universidad Boliviana participará en las fases de evaluación curricular y escrita.

“Hay dos momentos en los cuales la universidad tiene una participación directa que es con voz y voto, la etapa de calificación de méritos y la etapa del examen escrito, el resto de las etapas, estar participando en condición de observador, estamos hablando la apertura de sobres, verificación de requisitos y al final la entrevista”, señaló Gonzales.

Montaño agregó que en la fase de entrevista tendrá la posibilidad de hacer observaciones, pero además de poder participar acompañando el proceso e inclusive ellos podrán emitir su opinión en cualquiera de los casos.

Anteriormente, en un cuarto intermedio que se declaró en la reunión, el abogado Flores, delegado de las universidades, adelantó que “la universidad está insistiendo en que su participación debe ser en todo el proceso incluido la entrevista, no ya con la responsabilidad exclusiva, pero de participación de fiscalización, observación, esa es la propuesta”.

El artículo 21, en sus parágrafos III y IV, señala que las Comisiones Mixtas entrevistarán a cada postulante habilitado con el fin de evaluar de forma oral su conocimiento, desenvolvimiento, capacidad de argumentación, análisis y de comunicación, según el perfil del cargo al que postula. Además de ser las encargadas de elaborar baterías de preguntas de criterio por institución sobre: conocimiento del área, gestión y propuestas.

Pero ahora se acordó que será la universidad la que elabore la batería de preguntas y que, además, proporcionará una metodología para darle una mayor objetividad a esta etapa.

“La universidad va a colaborar precisamente en la elaboración de ellas y precisamente cuando se realice todo este sorteo. No hay una entrevista de corte subjetivo, no es que se va a permitir la nota que crea porque se le ocurrió, no, hay una tabla donde la universidad va a colaborar para darle mayor objetividad y mayor transparencia hacia el pueblo para que tenga toda la seguridad”, dijo Emilio Barea.