Control en fronteras
Cualquier endurecimiento de los controles de ingreso de extranjeros a un país, así sea con el argumento de combatir los delitos, no es un buen síntoma; sin embargo, tampoco lo es tratar de convertir una acción de esa naturaleza en un motivo de proselitismo.
Las reuniones de la Comisión Mixta Bolivia-Chile sobre Drogas, así como las fricciones que han suscitado declaraciones de la Ministra de Seguridad de Argentina y una nueva política de migración de ese país, dan cuenta de que el tema de nuestras relaciones limítrofes está adquiriendo importancia en la agenda regional.
Cabe recordar, además, que temas de esta naturaleza han sido abordados en forma permanente con Brasil, país con el que tenemos la frontera más larga de nuestra geografía, y con el Gobierno de Perú, tanto bilateralmente como en encuentros entre los tres países.
Sin desconocer la amplia lista de temas que incluye una política de relaciones fronterizas, se puede señalar que son cuatro los de mayor relieve en las actuales circunstancias: la migración ilegal de personas, el narcotráfico, el tráfico y trata de personas, el contrabando y la amplia gama de delitos que esas actividades generan, los que, además, forman parte también de la agendad internacional de seguridad.
Un factor central, además, es que ningún país está libre de contaminación cuando se trata de esos delitos, porque quienes se dedican a ellos han penetrado, lastimosamente, importantes niveles de los respectivos Estados, particularmente en las instituciones policiales y los órganos de justicia.
En ese escenario, la decisión del Ministro de Gobierno de retomar las negociaciones con Chile sobre estos temas luego de seis años de suspensión de deliberaciones es, desde donde se analice, positiva. De hecho, la frontera con Chile es la más utilizada por Bolivia para el comercio legal e ilegal de productos, por lo que establecer en ella, en forma concertada, mecanismos conjuntos de control de las actividades ilícitas generará amplios beneficios a ambos países.
Asimismo, la decisión del Ministro de Gobierno de convocar a este encuentro implica un positivo cambio de actitud respecto a la atención a problemas que se origina entre ambos países por el mero hecho de ser vecinos, sin que ello signifique afectar el curso de nuestra más importante acción de política internacional como es el proceso incoado ante el Tribunal Internacional de Justicia para la atención a nuestra legitima demanda de una salida soberana al Océano Pacífico.
En cuanto a Argentina, se debe afirmar que cualquier endurecimiento de los controles de ingreso de extranjeros a un país, así sea con el argumento de combatir los delitos ya mencionados, no es un buen síntoma; sin embargo, tampoco lo es tratar de convertir una acción de esa naturaleza en un motivo de proselitismo interno, peor aún si la reacción surge a partir de impresiones antes que de datos concretos y, en algunos casos, buscando exacerbar confrontaciones y colegir agresiones.
Lo importante en este caso es, como ha señalado nuestro embajador en el vecino país, que esta política no debe afectar a la comunidad boliviana asentada en ese país que aporta con su trabajo a esa sociedad, por lo que se debe evitar abusos de cualquier naturaleza o intentos de estigmatización.
El tema de fondo es la necesidad de establecer, con los países vecinos, sólidos y compartidos acuerdos de lucha contra los delitos mencionados, única forma de alcanzar algún éxito.
