El Instituto de Investigaciones Forenses no existe en Santa Cruz

Lo evidente es que Santa Cruz con una población cerca de tres millones de habitantes, que aporta el 40% del PIB a nivel nacional, no cuenta con un Instituto de Investigaciones  Forenses

El violento enfrentamiento entre la Policía y los atracadores de la joyería “Eurochronos” que terminó con pérdidas de vidas humanas, ha desnudado no sólo la falta de capital humano policial especializado como francotiradores y negociadores para este tipo de eventos, sino también otras limitaciones para combatir la delincuencia organizada y la inseguridad ciudadana.

Entre estas limitaciones no existe en Santa Cruz, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Forenses. Aunque fue creado mediante Ley N° 1970, de 25 de marzo de 1999 para que funcione en todo el país, este instituto sólo existe en las ciudades de Sucre, La Paz y Cochabamba, de modo que cuando los otros departamentos necesiten realizar algunas investigaciones periciales tienen que trasladarse (con las muestras) hasta alguno de estos lugares y esperar a que los pocos especialistas que tienen hagan el trabajo técnico de gabinete.

Es cierto que la Policía boliviana, no obstante, tiene su propio “Instituto de Investigaciones Técnico Científicas” y cuenta con peritos en balística y algunas otras áreas que cubren los mismos uniformados, pero igual carecen de laboratorios, materiales y demás insumos especiales para estos menesteres. En el caso del robo a la joyería tuvieron que traer peritos de Cochabamba para hacer el trabajo de campo (recolección de evidencias en el escenario del crimen) y se volvieron a sus centros de trabajo, con la promesa que los resultados serían enviados dentro de unos 10 días.

A las dificultades propias que supone tener que trasladar peritos y muestras de un lugar a otro, hay que agregar los riesgos de contaminación, autenticidad,  pérdida de muestras, rompimiento de la cadena de custodia, entre otros y, con ello, la posibilidad del esclarecimiento de un hecho delictivo. Sin embargo, existe en el papel el Instituto de Investigaciones Forenses, dependiente del Ministerio Público, como un organismo exclusivamente técnico que debería estar conformado por profesionales en las diferentes materias (médicos, auditores, ingenieros, arquitectos, sicólogos, informáticos, etc.), quienes deberán poner sus conocimientos especializados al servicio de la justicia.

El perito en realidad viene a suplir la falta de conocimientos especializados de los fiscales, jueces y tribunales. La gravedad de una lesión o cómo determinar las causas de la muerte de una persona requiere conocimientos profundos de medicina legal; establecer las causas del derrumbe de un edificio exige el conocimiento y la aplicación de reglas propia de la ingeniería; en materia de envenenamiento el fiscal o juez debería ser experto en toxicología; en materia de falsedad grafólogo, etc., y como todo esto es prácticamente imposible se tiene que buscar al perito y, en su caso, al denominado consultor técnico o super perito para controlar el trabajo del perito. 

En muchos casos, la ausencia de esos conocimientos especializados sobre cuestiones que no son jurídicas, impide el esclarecimiento del hecho delictivo y puede conllevar a la impunidad del autor o autores; por ejemplo, en los delitos contra la vida, agresiones sexuales, violencia intrafamiliar, falsedad de documentos, etc. Con esta finalidad la Ley del Ministerio Público (art. 83), le encarga al Instituto realizar los estudios científicos técnicos laboratoriales que sean requeridos para la investigación de los delitos.

La norma aclara que este instituto es independiente y emite informes y dictámenes conforme a las reglas de investigación científica; y coordinará programas de capacitación y de intercambio en avances científicos con organismos nacionales e internacionales, así como con el Gobierno, instituciones, autoridades y personas relacionadas con la investigación criminal. Además, estará conformado por una dirección nacional y los órganos que se establezcan, de acuerdo a las necesidades del servicio. Los directores y demás personal del instituto serán designados mediante concurso público de méritos y antecedentes.

Lo evidente es que Santa Cruz con una población cerca de tres millones de habitantes, que aporta el 40% del PIB a nivel nacional y el 70% de seguridad alimentaria, no cuenta con un Instituto de Investigaciones (apenas existen 12 médicos forenses), ni  la cantidad suficiente de uniformados, menos grupos especializados, equipos y medios modernos para combatir la espiral delictiva existente en el oriente boliviano.

 ¿Será que tenemos que esperar otro trágico enfrentamiento para poner en funcionamiento el Instituto de Investigaciones Forenses en Santa Cruz?

El autor es jurista y autor de varios libros.