Un tema pendiente
La absoluta prioridad que el Gobierno ha dado a la habilitación de una cuarta postulación continua del Presidente del Estado ha hecho que muchos asuntos de la administración pública no sean debidamente atendidos.
Es el caso del seguimiento al accidente del avión de la empresa LaMia en Colombia, provocando la muerte de 71 personas, entre ellos los integrantes del equipo de fútbol Chapecoense de Brasil, que contrataron dicha aerolínea para trasladarse a Colombia.
A un año del siniestro, desde Brasil y Colombia han llegado preocupantes noticias en sentido de que la investigación del siniestro a cargo de Colombia establecería “la pobre cultura de seguridad aeronáutica en Bolivia” como una de las causas del accidente y que familiares de los pasajeros fallecidos habrían interpuesto demandas por indemnización en contra del Estado boliviano y Bisa Seguros.
Se trata de informaciones que, lamentablemente, pareciera que no preocupan a las autoridades por cuanto no se trata, aún, de notificaciones oficiales. Pero lo cierto es que mientras las investigaciones avanzan en Colombia y Brasil, en Bolivia las autoridades responsables de la investigación y seguimiento del caso exhiben una preocupante negligencia, muestra el hecho de que a poco más de un año del siniestro, no se habría determinado la propiedad de la empresa, cuando hay serios indicios de que el propietario es un ciudadano venezolano con sólidas conexiones con la cúpula familiar-militar que gobierna su país. O las razones por las que en hangares de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) estaban estacionados dos aviones de LaMia, y las condiciones acordadas.
Más bien, por lo que se conoce, los investigadores del Ministerio Público se han centrado en los eslabones más débiles de la cadena de mando para autorizar el vuelo de dicha aeronave.
Además pareciera que no se comprende a plenitud que el caso puede concluir en severas sanciones para el Estado, como la reducción de la categoría de nuestros aeropuertos internacionales, lo que afectaría nuestra comunicación internacional.
Por ello, es necesario que las autoridades actúen con más seriedad y eficiencia. Como ya lo hemos señalado al recordar el primer aniversario del accidente, sólo así se podrá evitar que el informe oficial de Colombia y las acciones legales de los vinculados a los pasajeros del fatal vuelo afecten al país y eviten que se cree un espacio blindado para mantener en la impunidad a los culpables intelectuales y materiales del siniestro de LaMia.
