Defensa de los principios y valores democráticos
Hoy, 21 de febrero, es una fecha que ya ocupa un lugar destacado entre los hitos más importantes de la historia contemporánea de nuestro país. Tal vez no tanto como el 10 de octubre de 1982, cuando se inauguró el período democrático cuya preservación ahora está en juego, pero es al menos comparable con las muchas jornadas en las que el pueblo boliviano tuvo que elegir hacia dónde dirigir su avance frente a un camino que se bifurca.
El dilema se plantea en al menos tres dimensiones: la legal, la política y la axiológica, o sea la relativa a los principios y valores que los bolivianos queremos adoptar como orientadores de nuestra vida en común.
El aspecto legal es sin duda el menos discutible, pues tanto la Constitución Política del Estado como todas las leyes que fijan las reglas del juego democrático establecen con toda claridad los límites que separan lo que es lícito de lo que no es lícito hacer.
Es el caso, por ejemplo, de la Ley del Régimen Electoral, que con toda claridad dispone que “las decisiones adoptadas mediante Referendo tienen vigencia inmediata y obligatoria, y son de carácter vinculante” (Art. 15) y que los referendos no pueden ser anulados, por ninguna causa y ante ninguna instancia” (Art. 191).
Lamentablemente, la claridad con que las leyes vigentes marcan los límites a las inclinaciones autoritarias no resulta suficiente para dar por zanjado el asunto porque la dimensión política de la controversia es de una magnitud y complejidad que contrasta con la fragilidad de las instituciones encargadas de contener este tipo de disputas dentro de los cauces legales.
Ante esa situación, no hay nada más que dos posibilidades. Una, aceptar con resignación el fracaso de los esfuerzos hechos durante los últimos 35 años y permitir que vuelva a ser mediante la fuerza bruta, en las calles o en los cuarteles, como se diriman nuestras divergencias. La otra posibilidad consiste en ofrecer resistencia a la arbitrariedad y al abuso de poder de modo que siga siendo mediante los procedimientos democráticos, como las elecciones o los referendos, que los bolivianos conciliemos nuestras eventuales discrepancias.
Ese aspecto del dilema ante el que nos encontramos es el que debe guiar nuestros actos, además de las consideraciones estrictamente legales y más allá de las circunstanciales conveniencias políticas. Son los principios y valores que hacen posible la convivencia civilizada los que están en juego y ante ello no puede haber lugar para las dubitaciones.
