El descrédito de la justicia
A las muchas que noticias que casi a diario dan motivos a la generalizada percepción de que la administración de justicia en nuestro país está totalmente deteriorada, se han sumado durante los últimos días dos casos que la refuerzan.
Uno de ellos es el denunciado por el senador Arturo Murillo (UD), sobre la liberación de ocho personas que fueron sentenciadas a 30 años de cárcel por el linchamiento de tres policías en la localidad de Epizana en 2008. Dados los antecedentes del caso, todo indica que, en efecto, hubo una parcialización en favor de los criminales.
El segundo caso es el que da cuenta de la decisión gubernamental, ejecutada a través del Ministro de Gobierno, de iniciar un proceso penal por prevaricato contra los jueces que liberaron con medidas sustitutivas a Zvonko Matkovic, uno de los acusados de haber participado en actos de terrorismo.
Pese a lo diferentes que son, ambos casos tienen elementos en común. Es que cada cual a su manera se constituye en una muestra más de los males que aquejan a nuestra justicia. Males que se sintetizan en la impunidad con que en pasillos judiciales se realiza el tráfico de influencias y se negocian las sentencias y en la sumisión de los administradores de justicia y de los representantes del Ministerio Público a los dictámenes del poder político.
Como se sabe, los dos casos a los que hoy nos referimos son sólo los más recientes entre un sinfín de ejemplos. Basta recordar que el ensañamiento judicial al que desde hace ocho años ha sido sometido Matkovic no es muy diferente al que sufren otros encausados en el proceso por supuesto “terrorismo y sedición”.
El caso Porvenir, el acoso judicial contra gobernadores y alcaldes opositores, los diferentes juicios a ciudadanos que muestran alguna disidencia respecto al gobierno, entre muchos otros, confirman que no se trata de casos aislados sino que todos tienen en común el uso de un presunto delito como instrumento de venganza y amedrentamiento.
En el otro extremo, resalta por contraste la condescendencia con que el mismo sistema judicial actúa cuando se trata de aplicar justicia contra funcionarios, adherentes o simpatizantes de las fuerzas gubernamentales, miembros de las organizaciones sociales o grupos de presión afines al régimen.
Hasta ahora, ese uso instrumental de la justicia ha dado buenos réditos a quienes son proclives a hacer uso y abuso del poder sin límites. Felizmente, el asunto está tan presente en la consciencia colectiva que se puede esperar que, como ya ocurrió en las elecciones judiciales, llegue un momento en que el costo político de esa manera de actuar resulte demasiado alto.
