¿Leyes que ahuyentan?

Muchos se preguntan si la Ley de Creación de Empresas Sociales será un incentivo para la inversión, si constituirá una señal nefasta para la economía en tiempos en los que hace falta fuentes de trabajo permanente, o si al final será un instrumento a ser utilizado de mala manera y bajo la influencia de antiguos resabios de la izquierda radical.

Lo cierto es que se ha hecho costumbre aparecer el primero de mayo con un paquete de medidas en la lógica de que el Estado funciona y el gobierno se sostiene con la fuerza laboral que es en definitiva el sostén de la economía y la que garantiza riqueza en el país. En nada se compadece el sistema plurinacional con el emprendedor, con el que arriesga capital, con quien bajo el estímulo de la iniciativa privada busca generar desarrollo sorteando los obstáculos que el propio sistema le impone. Como ello es así, entonces al empresario hay que sacudirlo y mientras más se lo asfixie, el poder político cree que deja sentado quién manda y quién impone las reglas. No existe una merituación real que cuando menos equilibre los embates que implican sostener una empresa con la carga que se agrava año tras año. Y no solo es el Estado en el nivel central el que marca una posición dura, los otros subniveles también actúan de manera implacable. Por eso, hacer empresa en Bolivia constituye una obra titánica, tergiversada y dañada por esos resabios a los que me refería, en los que se sigue creyendo que el producto del trabajo en su integridad debe ir al trabajador y, en algunos casos, que éstos deben tomar los medios de producción. Es evidente entonces que ni uno ni otro sirve. Menos, que del otro lado de la vereda existan empresarios que manipulen la fuerza de trabajo al punto de explotarla en una faceta que también debemos criticar y rechazar. Es ahí, y solo ahí, cuando debe intervenir el Estado, no antes. Fiscalizar el cumplimiento de la ley, entendiendo que ésta tiene que ser racional y medida, debe ser la constante.

Ahora bien, lo menos que una economía como la nuestra precisa son sindicatos empoderados políticamente y jugando a administradores de empresas. Así también, lo menos que necesitamos son señales que ahuyenten la inversión o normas dirigidas a mal interpretar el rol de los actores sociales. Me pregunto:  si el negocio funciona y el tipo de cambio aún no te ha matado, entonces por qué ingresarías a una etapa concursal o de quiebra? ¡O por qué cerrar una empresa o abandonarla si ésta funciona bien y reporta utilidades? ¿Habrá empresarios desquiciados que opten por esa ruta a sabiendas que el negocio si no no da para el ahorro, cuando menos permite llevar el puchero a casa? Y si se acude al cierre, ¿no será porque el negocio ya no rinde y no cabe mantener a flote empresas que no logran ingresos ni para cubrir costos? ¿O es que la idea fue “invitar a grupos sindicales” –que es diferente a la masa asalariada– a que elucubren la manera cómo precipitar situaciones de desajuste dirigidas a la quiebra o a la adopción de concurso preventivo? No olvidemos que el concurso preventivo es un procedimiento utilizado para alcanzar un acuerdo con acreedores para seguir trabajando. Si así opta una empresa, ¿no es más bien una señal de que lo que se busca es sacar a flote el negocio? ¿Habrá alguien que asegure que una huelga de brazos caídos no pueda estar inficionada para precipitar una quiebra y tomar la empresa al amparo de empresa social?

Estoy de acuerdo, el Estado tiene la obligación de implementar políticas de empleo que eviten la desocupación, por lo que quizá haya algún caso específico donde la impericia y mala fe invite a la implementación de una empresa social, aunque finalmente, también dudo que el trabajador pueda en algún caso, administrar un negocio en quiebra. Por tanto, aguardo que en este tema prime una profunda madurez en todos los actores sociales, empresariales y gobierno, a fin que el remedio no sea peor que la enfermedad.

El autor es abogado.