Incahuasi y la ilusión rentista

El país sigue con nerviosismo la pugna por la ubicación del campo de Incahuasi. La población de Chuquisaca en paro movilizado y la de Santa Cruz expectante y dispuesta a defender lo que considera suyo. La idea es que la ubicación de los pozos no determina la ubicación de los yacimientos y que es ésta la que importa para la distribución de regalías. De eso se trata, de regalías. Es decir, de las rentas que provienen de la explotación de las riquezas del subsuelo.

En nuestra tradición constitucional se definen las riquezas naturales como pertenecientes al conjunto de los bolivianos. Quien sea que tenga la propiedad de la tierra, no tiene la propiedad de lo que se encuentra debajo de ella y tampoco de lo que está por encima. Eso nos pertenece a todos. En esa tradición se supone también, aunque nunca lo hemos podido comprobar, que el Estado representa al conjunto de los bolivianos y por eso, en su nombre, ejerce esa propiedad: otorga y quita concesiones, y cobra las rentas cuyo destino debería ser, aunque tampoco lo ha demostrado ningún régimen, de utilidad y bien común.

De hecho, la duda sobre la representatividad del Estado surgió tan pronto como definimos que las riquezas del subsuelo pertenecen a todos, planteándose la sencilla idea de que la parte que corresponde a la región donde se encuentren esos recursos no sea centralizada sino que quede directamente en el lugar. ¿Cuál era esa parte? Siendo nueve departamentos, sería la novena parte, el 11% para redondear. Así nació el concepto de la regalía departamental.

La desconfianza hacia el aparato estatal se reduce cuando se lo tiene más cerca: sus obras y acciones son verificables con más facilidad y, teóricamente, las demandas de la gente le pueden llegar de manera más rápida y directa. Pero nada garantiza que sea más eficiente y equitativo, como lo han comprobado en todas las regiones, aunque en unas más que en otras. Puentes mal construidos, carreteras mal planificadas, industrias que no funcionan, programas de promoción agrícola que fracasan. La lista es larga. Pero la gente sigue mostrando preferencia por su Estado local: por lo menos algo del dinero queda cerca.

Esto explica la enorme fuerza que tiene en el país la demanda de regalías y la persistencia con que vuelve a ser prioridad. La ilusión del desarrollo late en las regalías.

Desde el punto de vista del conjunto, sin embargo, el sistema tiene mucho de injusto. Es imposible darle el 11% a cada región, porque del remanente tienen que cubrirse los costos de inversión, explotación y transporte, que en algunos casos pueden ser muy elevados, sobre todo si los precios de venta no son tan buenos como en los últimos años. Además, los nueve departamentos son muy desiguales en territorio y población, por lo que el principio de equidad que alentó la creación del sistema de regalías está muy lejos de cumplirse.

¿Cómo resolver el problema y evitar que surjan conflictos como el de Incahuasi?

No es difícil y por cierto no dependería ni de un viceministro, ni de un juez y menos de un estudio técnico caro y difícil. Bastaría con volver al principio constitucional y aplicarlo sin mediaciones.

Si las riquezas naturales son del conjunto de los bolivianos, ¿por qué las rentas que se obtienen por su explotación no van directamente a la gente?

Si así fuera, a nadie le importaría si el campo de Incahuasi está en Santa Cruz o Chuquisaca, o si una parte del yacimiento subterráneo pasa por debajo de una frontera. Las rentas de ese campo se sumarían a las de otros campos para dar a cada chuquisaqueño y a cada cruceño la parte que le toque. Y, por supuesto, también a cada potosino y a cada pandino. Todos los bolivianos recibirían por igual puesto que todos son igualmente propietarios de esas riquezas.

Este modelo no solamente evitaría conflictos como el que estamos viviendo sino que también nos comprometería a todos con una política de explotación de las riquezas que sea razonable y eficaz. Nos preocuparía a todos el agotamiento de los pozos y la falta de inversiones de exploración, así como las relaciones del país con sus mercados actuales y posibles.

Por último, si a la gente de una región en particular le preocupa la falta de recursos de su gobernación o municipio que resultaría de este modelo, pues le queda siempre el sencillo recurso de establecer un acuerdo y entregar sus rentas para que se las administre el gobernador o el alcalde. Si no lo hacen, sabrán por qué.

El autor es economista, investigador del Ceres