La emergencia del sector privado

El pasado 26 de abril, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, representando la decisión de sus entidades afiliadas departamentales y sectoriales, tomó la decisión de declararse en emergencia, luego de conocer las disposiciones del gobierno respecto al incremento salarial, la promesa de pago del doble aguinaldo y la Ley de Empresas Sociales.

Esta determinación fue ratificada por un Consejo Nacional, el pasado 2 de mayo, en el que adicionalmente se decidió presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1055 y convocar a un Congreso de Emergencia del empresariado boliviano.

Estas medidas no solamente tienen que ver con la coyuntura actual, sino que son una respuesta a la implementación y sostenimiento en el país, de mecanismos que han generado desbalances en la normativa laboral, persecución tributaria, sobrerregulación, competencia desleal desde el Estado, fomento a la informalidad y permisividad frente al contrabando, todo lo cual conforma un modelo adverso a la competitividad y el desarrollo productivo de las pequeñas, medianas y grandes empresas.

Lo más preocupante de todo, es que la situación descrita no solo afecta al sector privado, sino que está ocasionando el aumento de las cifras de desempleo, empleo precario e informalidad, además de producir un daño cada vez mayor a la industria manufacturera nacional. De mantenerse esta tendencia, se va a generar un escenario insostenible que incidirá gravemente en la economía y por consecuencia en los trabajadores y en los sectores productivos más vulnerables.

Todo lo anterior persiste, pese a que durante más de dos años hemos trabajado en la búsqueda de un espacio de diálogo con las autoridades del gobierno, para eliminar las trabas que impiden que el sector productivo nacional, desempeñe el rol que le corresponde en la sociedad, en un marco de igualdad, seguridad y respeto.

Es innegable que en este diálogo, se alcanzaron resultados que benefician al país, como la implementación del plan de empleo; la mejora de las condiciones para que las empresas constructoras bolivianas puedan participar en las grandes licitaciones de obras públicas; la liberación de las exportaciones de productos agrícolas; el acuerdo para fomentar la producción y comercialización de biocombustible, entre otros.

Pero en forma paralela se continúan aplicando medidas como la promulgación no consensuada de la Ley 1055, una norma confiscatoria de la propiedad privada, que afecta por igual a grandes, medianas y pequeñas empresas; la decisión adelantada y no sustentada de pagar del segundo aguinaldo y; la abierta discriminación en el incremento salarial: aplastante para el sector privado y permisivo para las instituciones y empresas públicas.

El sector privado ha cumplido y cumple el rol que le asigna la Constitución, dentro de la economía plural, produciendo bienes y servicios, creando empleos dignos, dinamizando la inversión y sosteniendo al Estado con el pago de impuestos.  No hemos pedido privilegios ni ventajas, sino condiciones adecuadas, justas y consistentes con el discurso; sin embargo hemos sido relegados, al punto que resulta claro que no estamos presentes en las prioridades ni las decisiones del gobierno.

Sabemos que el empresariado boliviano necesita de estabilidad económica, social y política para desempeñar su rol específico, pero también precisa que las instituciones del Estado sean consecuentes y coherentes, para tener la mínima certeza que nos haga decidir si seguimos arriesgando capital, trabajo, esfuerzo y sacrificio para mejorar la productividad, generar riqueza y crear más fuentes de trabajo, en el ámbito de la formalidad.

Estamos en un tiempo de inflexión, donde el país busca fortalecer un crecimiento sostenible y cada vez menos dependiente de los recursos no renovables, y en ese camino es imprescindible el concurso de la iniciativa privada.  Por ello, no resulta adecuado que en lugar de promoverla y fortalecerla, el Estado genere contradicciones, desbalances e inequidades que la suprimen y la pueden destruir.

Creemos que ya no es coherente aceptar una política injusta, discriminadora y excluyente contra el empresariado boliviano; así lo ha entendido todo el sector privado, que ahora plantea la urgencia de definiciones que no solo sean discursivas sino que se efectivicen en la práctica.

El autor es presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia