La canalla jurídica

Desde hace unas semanas, estamos viendo en Bolivia a gente tan baja como no se la sentía desde García Meza. Pero por esta vez, no toda ella está alojada en los cuarteles. Está ahora en la “justicia”. Bolivia es, en efecto, uno de aquellos países en los que la verdadera hez de su sociedad, lo peor de ella, no está necesariamente dentro de las cárceles sino fuera. Y dictando sentencias.

Todos hemos sabido, horrorizados, sobre el caso del médico sentenciado a muchísimos años de cárcel a sabiendas de que era inocente. Y de todos los verdaderamente sucios  tejes y manejes con  que se lo condenó. Y supimos, y estamos sabiendo quiénes fueron y siguen siendo los que cometieron y siguen cometiendo esas acciones. Por lo menos sabemos los nombres de algunos de ellos, aunque a estas alturas ya no se sabe si sólo son algunos, excepcionalmente viles quienes fueron señalados o si, simplemente, la infamia y la vileza ya son la marca de todos los operadores de justicia en el actual Estado boliviano. Que es lo más probable, porque están volviendo a hacer de las suyas, delante de todo el mundo y sin la menor vergüenza, al encarcelar ya también al ciudadano gracias al cual se supo de esta podredumbre. De la que los podridos no querían que se sepa.

En cualquier país medianamente decente y con una justicia pasablemente correcta, ante revelaciones del calibre de la jueza Pacajes ya se hubiera exigido la inmediata renuncia del Fiscal general del Estado y del Ministro de Justicia. Y se hubiera aprovechado la ocasión para hacer limpieza, para quitarles para siempre el permiso de trabajar en el ámbito jurídico a todos quienes tuvieron que ver con la condena al médico inocente. Pero la justicia boliviana, que debe estar entre las peores del mundo, no funciona así. Nadie perdió ningún puesto. Nadie se rasgó las vestiduras. Nadie fue, ni siquiera, severa y públicamente reprendido.  Lo único que los llena de ira es el haber sido expuestos, y no el que ocurran y puedan ocurrir infamias como las que todos sabemos y que siguen ocurriendo.

Y en esta situación tan públicamente escandalosa, espantadamente observada por toda la opinión pública ¿acaso Evo o Álvaro dijeron alguna vez una palabra? Tampoco, jamás, pese a las insistentes y valientes columnas que hace tiempo venían señalando el caso, a nadie del gobierno, en ningún momento, se le pasó por la cabeza revisarlo. Y eso nos muestra la gigantesca dimensión del problema y que hace pensar, además, que la justicia boliviana posiblemente ya sea un caso perdido, de difícil e improbable recuperación (por lo menos bajo Evo). No sabemos, en efecto, hasta cuán alto en la jerarquía se sabía de cuán cochino era el caso. Los familiares del médico creen que Evo, en persona, tenía que saber que el médico era inocente. ¿Será? En todo caso, considerando que el presidente y demás son cómplices declarados del asesinato, la tortura y el encarcelamiento de civiles inocentes en Cuba, Nicaragua y Venezuela, tal vez lo sabían todo del caso Alexander, pero simplemente les importaba un bledo.

La muy endeble, quizá ilusoria esperanza de que la justicia boliviana salga del pantano en que se remoja la canalla que actualmente la compone,  y la llevó ahí, sólo podrá realizarse con otro gobierno. No el de los que convirtieron, esta misma justicia, en la mera  formalidad “legal” con que cometer cualquier barbaridad. Como meter ahora a la cárcel a quien debía ser condecorado.

El autor es escritor