Una campaña ilegal y mentirosa
Aunque según lo dispuesto por la ley electoral que rige el proceso que con excesiva anticipación ya se ha iniciado no están permitidas las campañas propagandísticas para promover a los candidatos que disputarán el apoyo de la ciudadanía, basta ver unos minutos cualquier canal de televisión, u oír cualquier radioemisora, para comprobar con cuánta facilidad tal regla está siendo vulnerada por los candidatos del oficialismo.
Si bien la campaña se hace con cierto disimulo, pues se presenta encubierta como “informes” de los supuestos logros de la gestión gubernamental, lo que hace difícil la labor del Órgano Electoral que tendría que hacer cumplir equitativamente las reglas de juego, resulta por demás evidente que esa es una de las muchas maneras como se usa y abusa de los recursos del Estado para favorecer a la ilegal fórmula del MAS
El asunto tiene una segunda dimensión que también tendría que ser desenmascarada por quienes se oponen a la propuesta oficialista. Se trata del contenido de los mensajes, la mayor parte de los cuales no guardan relación con la realidad. En algunos casos exponen medias verdades, en otros absolutas mentiras, y en conjunto proyectan una imagen completamente distorsionada de los temas expuestos como los principales logros de la gestión gubernamental.
Entre todos ellos hay dos que se destacan, los que más insistentemente son presentados como ejemplos de la eficiencia gubernamental: los supuestamente buenos resultados de la “nacionalización” de los hidrocarburos y su industrialización y, muy ligado al anterior, la aparente solidez de la economía nacional.
De nada sirve que los datos de la realidad desmientan los mensajes propagandísticos. No importa que el descalabro producido por la política hidrocarburífera sea inocultable si se lo observa con objetividad, ni que todos los indicadores económicos den señales de alarma. Desde el punto de vista del pragmatismo publicitario lo importante es concentrar la atención en las apariencias y tras ese objetivo se concentra la artillería –y los millones de dólares—que el gobierno gasta en consolidar la mitomanía sobre la que se sostiene.
Contrarrestar tan costoso aparato propagandístico no será tarea fácil para quienes pretenden disputar el apoyo popular. Y los quejidos, reclamos y denuncias, por insistentes que sean, de nada servirán si no van acompañados de una ofensiva en el plano de las ideas, los datos, las cifras, todo lo que se requiere para desmontar el mito.
