Propaganda y corrupción
Durante los dos primeros días hábiles del año que se inicia, el presidente Evo Morales ha dado una muy clara señal sobre lo que, al parecer, será uno de los pilares de sus discursos proselitistas hasta las elecciones de octubre próximo. Primero fue en el mensaje que dirigió a sus seguidores en la reunión de gabinete ampliado realizada el pasado jueves cuando, en medio de la lista de instrucciones que impartió a sus colaboradores, puso en lugar destacado la lucha contra la corrupción.
Un día después, ayer jueves, en su discurso pronunciado durante el acto inaugural del año judicial 2019, Morales volvió a señalar a la lucha contra la corrupción como la principal tarea que el Órgano Judicial debe cumplir durante la gestión que se inicia.
Es muy comprensible que el primer mandatario haya decidido poner tanto énfasis en el tema, pues todas las encuestas indican que la opinión pública identifica a la corrupción como uno de los grandes males que afectan a nuestro país y una de las principales debilidades del actual gobierno.
Esa percepción es confirmada por numerosos estudios hechos por organismos e instituciones internacionales especializadas en el tema, los que coinciden al señalar a Bolivia como uno de los países más afectados por la corrupción y que menos esfuerzos hace para combatirla.
Esos estudios también dan abundantes pruebas sobre el efecto directo que tienen los altos niveles de corrupción sobre los principales indicadores económicos y sociales, como la desigualdad y la pobreza.
Un informe del Natural Resource Governance Institute (NRGI), por ejemplo, llegó a la conclusión de que una campaña exitosa contra la corrupción puede incrementar hasta en un 300 por ciento el Producto Interior Bruto (PIB) de un país y optimizar los esfuerzos que se hacen para mejorar los servicios públicos tales como la salud o la educación, indispensables para el crecimiento y desarrollo de un país.
Con esos antecedentes, se puede suponer que no es casual la aparición de la lucha contra la corrupción como un elemento principal en los discursos presidenciales. Por el contrario, hay sobrados motivos para que los estrategas políticos y asesores propagandísticos de la fórmula oficialista hayan decidido concentrar sus esfuerzos en revertir la mala imagen que la corrupción proyecta sobre el Gobierno.
Que así sea no está mal en sí mismo, siempre y cuando –aunque no sea por un imperativo ético sino por el más frío pragmatismo– el llamado presidencial se plasme en hechos concretos. Identificar, denunciar y desarticular los núcleos de corrupción incrustados en la administración del Estado no será tarea difícil si en verdad hay el propósito de hacerlo.
