Ridiculización de la lucha contra la discriminación
Durante los últimos días, muchas de las más importantes e influyentes autoridades y dirigentes del gobierno nacional y de los movimientos sociales que lo sostienen han unido sus voces para declararse víctimas de “discriminación”. Amparándose en la Ley 045 contra el Racismo y toda forma de discriminación, acusan a políticos de la oposición, periodistas, analistas y a cuanta persona cuestione sus actos, de incurrir en alguno de los delitos tipificados en esa norma legal.
Tal actitud no es nueva. Por el contrario, desde octubre de 2010, que es cuando esa ley fue aprobada, han sido demasiadas las ocasiones en que la figura de la discriminación fue usada como un escudo protector por quienes se niegan a asumir las consecuencias de sus actos.
Ejemplos de lo dicho abundan. Durante los últimos días, sin ir más lejos, nos los han dado la ministra de Comunicación, Gisela López, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, el alcalde de Colomi, Demetrio Pinto, y el Tribunal Primero Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de La Paz. Todos esos casos tienen en común la ligereza con que se banaliza el tema de la discriminación racial, de género o de cualquier otro tipo.
Gisela López, por ejemplo, no encuentra mejor fórmula que atribuir a impulsos misóginos los actos fiscalizadores sobre su gestión ministerial.
Exactamente igual es el caso de María Eugenia Choque, pero con un agravante. Es que ella, además de mujer, optó por el cómodo recurso de disfrazarse de chola paceña para asumir sus funciones de presidenta del TSE. Como si el sombrero bombín y las polleras la pusieran fuera del alcance de cualquier cuestionamiento al pésimo desempeño de sus funciones.
El caso del alcalde de Colomi lleva la misma impostura a extremos grotescos. Según él, quienes repudian sus amenazas de “enterrar vivos a los opositores” lo hacen por racistas. Se declara víctima de discriminación y lo hace ante la mirada benévola de los jerarcas de su partido.
De todos los ejemplos recientes, el peor es el que afecta al diputado Rafael Quispe, contra quien ha sido emitida una orden de aprehensión por haber incurrido, según los jueces que lo condenan, en actos de violencia contra la mujer. El delito del que lo acusan es haber destapado el escándalo de corrupción del Fondioc, caso en el que muchas de las principales implicadas son mujeres y, para colmo, aymaras.
La impostura que se esconde tras ese tipo de actuaciones es por demás evidente. Lo lamentable es que deslegitiman y quitan seriedad a causas que, como la lucha contra la discriminación y la violencia de la mujer, no merecen ser objeto de tanta ridiculización.
