Meritocracia y delincuencia en la justicia boliviana

Desde la filosofía política y las ciencias sociales se han escrito ríos de tinta sobre la organización del trabajo y de la vida en el Estado moderno, a través de aparatos burocráticos. Las burocracias, como institución, son transversales a la división del trabajo, ya sea ésta entendida con base en las especializaciones profesionales (médicas, abogacía o el sacerdocio, por ejemplo), o con base en la relación del sujeto con la propiedad de los medios de producción: burgués o proletario.

Existen burocracias sindicales, industriales y patronales, policíacas, jurídicas, parlamentarias, ministeriales, etc. Por supuesto, aunque las operaciones prácticas en cada una de ellas, impliquen pericias singulares, propias del ámbito de acción; todas ellas están para coadyuvar a la toma de decisiones óptimas, pero no para decidir, o para gestionar y efectivizar decisiones deliberadas y tomadas en instancias superiores y muchas veces ajenas a su voluntad.

Aclaro con apremio que no vine a escribir el ABC de la burocracia, según los últimos adelantos de la ciencia, en 3.500 caracteres; de todas formas, para seguir adelante resulta preciso introducir algunas precisiones: las funciones, el rango o posición del burócrata en la estructura institucional, como también los mecanismos de ascenso y promoción, están definidos en “términos de referencia” contractualmente adquiridos.

Veamos el caso de las promociones. Normalmente, y con carácter obligatorio en el sector público, rige la meritocracia: los cargos y sueldos del empleado se reparten en relación directa con las credenciales y el aporte al producto total del funcionario. Para eso, se crean reglamentos, tribunales probos, cuerpos colegiados incluso…

Pero ¿la meritocracia funciona?, o al menos ¿prevalece entre grillos y gatos a media noche? ¿Qué es la meritocracia, cómo funciona en los hechos? El esfuerzo titánico comprometido en toda tentativa de respuesta, tal vez aún mayor en el contexto boliviano, no debe arredrarnos, porque ¿cómo es posible que un joven y exitoso abogado, o sea respetable según las valoraciones morales ordinarias de nuestro medio, como Jhasmani Torrico, haya estado estafando y torturando a plena luz del día sin la bendición de los tribunales de justicia?

Evidentemente, en los tribunales los reglamentos meritocráticos a lo sumo funcionan como un instrumento al servicio de otros códigos, códigos cuyos objetivos en nada convergen con el espíritu de los reglamentos meritocráticos, sino con los intereses monstruosos y criminales de grupos mafiosos; códigos no escritos pero mutuamente compartidos y acatados con rigor al interior de las burocracias judiciales, porque ese otro código, el encubierto, es el fruto de sus entrañas, su propia creación….

¿Cómo entender sino es así, el caso del bebé Alexander, o la habilitación de Evo y Álvaro para competir por el cuarto mandato consecutivo? Más allá del carácter más o menos aislado, u ordinario (y lo son), de estos hechos en la justicia boliviana, sin duda denotan la vigencia y plena operación de los mencionados códigos encubiertos, criminales, violadores, asquerosos, infames, crueles, sádicos, intolerables, etc., rigiendo sobre la distribución de cargos y salarios o ingresos en el poder judicial.

Dios nos libre de la justicia boliviana, porque por mucho que clames clemencia frente a sus infamias y patanerías en los pasillos del tribunal, nadie escuchará tus gritos, aunque en realidad todos los escuchen pero por mutuo acuerdo convengan en que no oyeron nada…¡Terror!

El autor es economista.
llamadecristal@hotmail.com