En la mira de loteadores
Diversas zonas de Cochabamba están en la mira de loteadores que avasallan terrenos, se asientan y luego construyen sin autorización aprovechando, entre otros asuntos, la pasividad de las autoridades. Las áreas verdes son los sitios a ocupar. Los grupos talan árboles, aplanan los terrenos, los amurallan y construyen donde sea.
Por ejemplo, hace unos días Los Tiempos publicó que loteadores hacen de las suyas en Lupaqa, Capinota, y talan un bosque de algarrobos, molles y quebrachos. Las acciones comenzaron desde 2014 con asentamientos sistemáticos bajo la excusa que el extenso terreno no cumplía la función económica social.
En Combuyo (Vinto) están en riesgo 54 hectáreas de terrenos dentro del parque Tunari, debido a que comunarios de Llave Grande intentan asentarse y en Pucun Pucun (parque Tunari, Tiquipaya) las construcciones sobre la cota 2.750 continúan avanzando.
Y en las serranías de Albarrancho hay una pugna por 315 hectáreas de terreno presuntamente fiscales. El lío es entre los comunarios de la zona y la familia Olmedo junto con tres sindicatos del trópico. Ese conflicto derivó en enfrentamientos. En marzo, una persona perdió una mano producto de un dinamitazo y hubo otros tres heridos, a uno de los cuales le extrajeron dos balines del cuerpo. La semana pasada, se registró un herido de bala y otros tres lesionados.
Otro de los más recientes casos es en la zona conocida como Colinas de Andalucía, donde loteadores echados del sitio hace ocho años han reaparecido con la intención de asentarse. Hace unos días hubo enfrentamientos entre los avasalladores y vecinos, quienes ahora contrataron seguridad privada para vigilar sus terrenos.
Y ya en marzo se informó que tres de las seis subalcaldías de Cochabamba (las comunas de Valle Hermoso, Molle y Alejo Calatayud) tenían problemas por asentamientos ilegales y por el intento de apropiación de espacios públicos por parte de avasalladores.
El problema de los avasallamientos no sólo es legal, sino también implica un grave riesgo para quienes habitan las viviendas. Los loteadores construyen sin tomar en cuenta las franjas de seguridad de los ríos y otros asuntos claves. Incluso se animan a construir, como en el caso de Capinota, sobre torrenteras y caídas de agua.
Ante todos estos casos las autoridades suelen tener un rol pasivo. Por ejemplo, en Capinota, el Alcalde asegura que desconocía la denuncia de avasallamiento, aunque la deforestación del bosque es evidente. Y en Albarrancho, pese a que el Instituto Nacional de Reforma Agraria está habilitado para realizar un nuevo
saneamiento de las 315 hectáreas, hasta la fecha aún no lo hace al punto que la serranía y la laguna se han transformado en tierra de nadie, tal como publicó Los Tiempos hace unos días.
Pero también se debe mencionar que otras instancias, como la Policía, la Alcaldía y la Gobernación, no acompañan la protección.
Ante estos casos, urge que las autoridades asuman su rol de una vez para evitar futuras desgracias. Cochabamba no puede estar sumido en la barbarie, donde la gente se enfrente a bala y dinamitazos, como ocurrió en Albarrancho. Es necesario que impere la norma para el bien de todos.
