Caso Anapol toca tres ministerios y a un excomandante de la Policía
El Ministerio Público investigará a los ministerios de Gobierno, Educación y Salud, además a la gestión del excomandante de la Policía Boliviana, general Faustino Mendoza (2018), por las presuntas irregularidades en el proceso de contratación de dos empresas encargadas de la admisión de los exámenes de postulantes a la Academia Nacional de Policías (Anapol).
Este caso se destapó por las denuncias que hicieron padres de familia sobre presuntos hechos de corrupción en el proceso de selección y evaluación de los postulantes a la Anapol, donde se detectó el pago de coimas y manipulación de exámenes, y donde estarían vinculados jefes y funcionarios policiales, empresas irregulares que se adjudicaron la administración y control de los exámenes de admisión, médicos y particulares.
El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, dijo que para evitar las irregularidades en el proceso de selección de postulantes habían "ideado" que las personas que formen parte de la Comisión de Máxima Instancia (CMI) se encarguen de "controlar y transparentar" esas acciones.
"Forman parte de la CMI un representante del Ministerio de Educación, uno del Ministerio de Salud, uno del Ministerio de Gobierno y un representante de la Policía. Justamente se ha ampliado (la investigación) contra la CMI y hemos pedido que la investigación avance", señaló Quiroga.
Pidió a la Fiscalía que las investigaciones no se queden en mandos bajos, medios o intermedios, sino que se identifique a los autores y cómplices de estos hechos "y se extirpe de raíz toda esa maraña de corrupción" en la Anapol.
La Fiscalía investiga no solo los cobros irregulares que se hicieron a los postulantes, sino también el proceso irregular de la contratación de las empresas Anstrangung y Sipcoes, mismas que se adjudicaron la elaboración de exámenes de ingreso a la Anapol y la Escuela Básica Policial (Esbapol). Es por esta situación que fueron vinculados también importantes autoridades policiales encargadas de controlar los procesos de contratación y los trabajos que hacían estas dos entidades.
"Toda esta convocatoria data desde la gestión 2018, octubre concretamente, además de que hay que ir más atrás inclusive desde la génesis de dónde nació la empresa, y estas empresas precisamente su número de identificación tributaria datan desde mayo de 2017. En consecuencia se va a traspolar la investigación hasta ese momento inclusive", aseguró al fiscal Samuel Lima.
Anunció que serán convocadas como testigos distintas autoridades policiales de estas gestiones.
Asimismo, dijo que el asesor del excomandante Mendoza, coronel Richard Olivares, será convocado a declarar por este caso.
Lima anunció que ampliarán las investigaciones contra otras personas más, entre particulares y otros funcionarios policiales, y no descartan la vinculación de otros exjefes policiales.
Además se investigarán por el delito de cohecho pasivo a los 261 postulantes que habrían pagado para ingresar a la Anapol, es decir 7 de cada 10 postulantes habrían coimeado.
"Han sido identificados como que habrían aprobado de manera irregular, van a ser convocados (porque) el cohecho pasivo también está penado por ley, es aquel quien recibe y aquel quien da plata está penado", manifestó el fiscal.
A la fecha están recluidas preventivamente en cárceles de La Paz 11 personas: los generales Iván Vladimir Quiroz V. (rector de la Universidad Policial-Unipol) y Juan Walter Lizeca T. (exinspector General), el coronel Rubén Vicente Quinteros (vicerrector de la Unipol), el teniente coronel Héctor Hugo Illanes Riveros (exasesor jurídico de la Academia Nacional de Policías-Anapol), el teniente Freddy T. H., el sargento Ludwing T. Ch. y la sargento Zulma S., además de la médico Fanny M. O., el psicólogo Juan C. A y los presentantes de las empresas, Luis F. D. J. y Juan D. G. M.
