Respiradores no se usan y Aisem entregó otros equipos observados

Los respiradores que se compraron con presunto sobreprecio no son usados debido a que falta la actualización del software y entrega de equipos accesorios, proceso que se paralizó por la investigación, afirmaron médicos y autoridades departamentales.

La Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), encargada de gestionar la llegada de estos polémicos equipos desde España, se vio involucrada en otra presunta transacción irregular por la compra de equipos observados para el Hospital del Tórax de La Paz.

El presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (SBMCTI), Adrián Ávila, aseveró que los equipos Respira que se ha entregado “no se usan, porque no se utiliza en paciente grave. No sirve, en otras palabras, para terapia intensiva”, afirmó el especialista a Los Tiempos desde Beni, región en que se encuentra de manera voluntaria con la brigada solidaria Médico a Médico.

Los 170 equipos Respira, fabricados en Barcelona por GPA Innova, fueron adquiridos por 4,7 millones de dólares a través de una intermediaria española que cobró 27.680 dólares por unidad, cuando el precio en fábrica era de 8.500 dólares.

“Estoy en Beni y hemos verificado que ninguno de esos equipos se ha utilizado hasta el momento”, aseveró.

Reiteró que los mal llamados ventiladores son simples bolsas autoinflables, un dispositivo manual que se encuentra actualmente en emergencias, con la sola diferencia de que la comprensión a esta bolsa la realiza una máquina.

“No se puede comparar a un respirador mecánico, que es un dispositivo microprocesado de alta gama convencional”, afirmó.

El secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, informó que los respiradores españoles entregados por el Gobierno se encuentran sin uso y sólo ocupan espacio.

“Los 30 respiradores auxiliares que nos dejaron la anterior semana, que son motivo de investigación, están todavía en custodia, inactivos, porque no se pueden usar todavía porque el Gobierno nacional dijo que hay que hacer una actualización de software. Todavía no la han hecho, esperemos que se lo haga la actualización del software”, expresó la autoridad.

Sin embargo, para darle utilidad a estos equipos fuertemente cuestionados, la autoridad cruceña indicó que se trabaja en la asignación de esos respiradores auxiliares a las diferentes emergencias de las redes de salud.

La Aisem, creada el 24 de agosto de 2017 durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), que se encuentra en el ojo de la tormenta por el escándalo de sobreprecio en la adquisición de los respiradores, también fue denunciada por la entrega de equipos que no cumplían con las especificaciones indicadas, la paralización de proyectos, entre ellos dos hospitales en Beni y el Hospital del Tórax de La Paz.

“Se hizo el pedido de nueve respiradores pulmonares para terapia intensiva con todas las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos, mismos que fueron hechos a la Aisem. (...) Hace un mes que la Aisem recogió los equipos del Tórax que no correspondían, y luego hicieron otra propuesta para entregar equipos ventiladores. Es la segunda vez que tenemos este problema”, afirmó Édgar Pozo , director de ese hospital.

Producto de todas las dudas sobre Aisem, la presidenta Jeanine Áñez instruyó una auditoría a “todas las compras que se han hecho en salud en toda mi gestión y desde la creación de Aisem”.

Este caso, tocó la puerta de varias instancias gubernamentales debido a su posible participación en el proceso de adquisición de los respiradores.

El Ministerio Público, dentro del proceso de investigación, determinó la aprehensión de cinco personas, entre ellas el exministro de Salud Marcelo Navajas, de quien solicita su detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz. La audiencia de los cinco imputados se desarrollará hoy de manera presencial. Esta actividad había sido programada para ayer de forma virtual.

La Cancillería también fue notificada para que el cónsul de Bolivia en Barcelona, David Pareja Lozada, se presente ante la Fiscalía para que explique cuál fue su rol en la compra de los 170 respiradores.

Asimismo, tienen que comparecer por este caso el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohamed Mostajo, y el exministro de Salud Aníbal Cruz, para conocer su participación en este hecho.

CONVOCAN A CÓNSUL

La canciller Karen Longaric anunció que convocó al cónsul general de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja Lozada, para que explique su rol en la adquisición de los respiradores españoles.

Afirmó que los consulados tienen una serie de funciones relacionadas a colaborar y atender los requerimientos, pero esta instancia no define la compra de equipos. “Cancillería no ha participado en ninguna contratación”. “He convocado al cónsul para que rinda un informe presencial en la Cancillería y esclarezca su rol”.

OBSERVACIONES

La profesional en equipamiento médico de Aisem Ana E. M. afirmó que el martes 8 de mayo, a las 12:00 p. m., el ministro de Salud, Marcelo Navajas, se presentó en oficinas de la Aisem a objeto de hacer un seguimiento al proceso de contratación.

Luego, se mencionó que un funcionario de Aisem observó que la empresa española IME Consulting Global Services S.R.L. no contaba con los documentos legales para la firma de contrato. Se sabía que estos respiradores no eran aptos para terapia intensiva e incluso un funcionario que observó a la intermediaria española fue desvinculado el día después de su denuncia.

TESTIGO: INTERMEDIARIAS IBAN A GANAR $US 1 MILLÓN

REDACCIÓN CENTRAL

La compra de los respiradores tuvo tres intermediarios y cada uno de ellos iba a ganar 340.000 dólares por haber hecho las gestiones de vincular al Ministerio de Salud con la fábrica.

Fernando Humérez, que se presentó a la Fiscalía como “testigo clave” en esta compra, fue uno de los mediadores y reveló que él y sus socios acordaron cobrar 340.000 dólares cada uno (un total 1.020.000 dólares), dinero que fue conseguido haciendo que la fábrica suba el costo de los equipos de 20.000 a 26.000 dólares, a fin de que ellos puedan cobrar sus honorarios.

El testigo, que aguarda una definición del Ministerio Público, para saber si se lo imputa por el caso en investigación, fue convocado para realizar la búsqueda de los ventiladores en el extranjero.

Para lograrlo, reveló que contactó al abogado Walter Zuleta (que fue defensor de Gabriela Zapata), quien a su vez se vinculó con Iñaqui García de IME Consulting, representante de la empresa que tiene sede en Bilbao y que fue la intermediaria entre la fábrica y el Estado boliviano, que terminó vendiendo los respiradores al Ministerio de Salud.

“Me proponen poner un precio final de los respiradores de $us 26.000, de los cuales nuestros honorarios como gestores iban a ser de $us 2.000 por respirador. O sea, que cada persona tendría que ganar aproximadamente $us 340.000”, afirmó Humérez, según su declaración de siete páginas.