A un año del fraude, ninguno de los once casos tiene acusación formal
A casi un año del denominado fraude electoral, ninguno de los 11 casos abiertos en todo el país —dos nacionales y nueve departamentales— llegó a acusación formal ni a juicio, y muchos de estos procesos ni siquiera tienen a los implicados con imputación, por lo que autoridades y políticos observan que la Justicia no está haciendo su trabajo y perjudica las investigaciones.
La Fiscalía considera insuficiente el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las irregularidades encontradas en el proceso electoral del 20 de octubre de 2019 y refiere la necesidad de una pericia internacional para validar las diligencias y emitir la resolución correspondiente.
El Ministerio Público investiga desde noviembre de 2019 a los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), algunos con detención preventiva y otros con domiciliaria, por presuntos delitos electorales, falsificación de documentos y uso de instrumento falsificado, manipulación informática, delitos de corrupción, entre otros. Los vocales departamentales de esa gestión también están siendo investigados.
En junio, el fiscal de La Paz, Marco Antonio Cossío, refirió que el curso de la pesquisa sobre el case fraude electoral está casi completa, al “90 por ciento”, y que sólo esperaban una pericia.
Cuatro meses después, el fiscal Cossío, además del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, refieren que buscan una empresa europea para realizar la referida pericia, pero en este caso mencionaron el objeto del estudio: el informe de la OEA sobre las irregularidades en los comicios del 20 de octubre e 2019.
“Nos falta un peritaje internacional, estamos haciendo con recursos propios de la Fiscalía y entendemos que colectando algunos elementos más emitiremos la acusación, pero yo estimo unos dos meses más, tenemos que contrastar, si bien existe el peritaje de la OEA nosotros tenemos que hacer otro peritaje”, indicó.
A su vez, Lanchipa, de manera coincidente, mencionó que el Ministerio Público, por cuenta propia, ha logrado tomar contacto con una empresa y, “con los pocos recursos que tenemos, vamos a lograr cubrir los gastos que demande la pericia informática internacional”.
Explicó que dentro de este caso se tiene como base un informe de la OEA, en el que establecen indicios, pero, como Ministerio Público, se debe tener una posición técnica para contrastar y verificar si es evidente lo que manifiesta ese informe.
Sin embargo, pese a que el Fiscal General señala que el peritaje de la OEA establece algunos indicios, el fiscal encargado del caso, Fernando Atanasio, asegura que “el informe de la OEA es un informe, eso que significa que sólo han recopilado datos que a ellos les ha permitido recopilar algunas irregularidades” y que prefiere no indicar si hay o no fraude.
“Mucho se dice ‘suficiente la OEA’; para nosotros no es suficiente para llegar a la verdad de los hechos (…). El informe de la OEA tiene que ser ratificado, validado por diligencias precisas que vayan a sustentar justamente esos argumentos de ese informe la OEA, o en su caso si el informe arroja resultados en otro sentido tendrá que descargar algunas situaciones”, mencionó.
De acuerdo con Atanasio, los documentos del organismo internacional revelan la existencia de un servidor no autorizado, pero no quiénes son los responsables de las irregularidades en el proceso electoral.
“La obligación que tenemos es precisar si evidentemente eso es cierto o no. ¿Cómo precisamos? Con una pericia, con informes de las empresas directamente vinculadas, instituciones vinculadas a este proceso eleccionario y al mismo tiempo quiénes eran responsables de eso, el informe de la OEA no precisa eso”, manifestó el fiscal.
En este largo proceso de indagaciones, en pasados días, el Ministerio Público procedió con la Inspección Técnica Ocular (ITO) a los espacios o lugares donde se realizaron las diferentes actividades de los comicios generales anulados.
Esta inspección se desarrolló en dos jornadas para visitar el Servicio de Registro Cívico (Sereci), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), el exhotel Radisson (ahora Real Plaza) y la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (Dntic) del TSE.
De acuerdo con los detalles de la inspección, se estableció que el servidor no autorizado enviaba miles de actas validadas al conteo de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019.
El jefe anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Luis Fernando Guarachi, informó que en la ITO se confirmó la existencia de este servidor no autorizado, que actuó en la recepción del conteo de 30 mil actas validadas.
Según el informe y las declaraciones de Álvaro Andrade, de la empresa Ethical Hacking, contratada para realizar una auditoría a la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), se conoció que existieron ataques al sistema informático.
“Andrade ha podido mencionar que, el día 20 de octubre de 2019, él ha informado a Sala Plena; vale decir, a todos los miembros del TSE acerca de la existencia de un servidor que no estaba autorizado”, apuntó Guarachi.
En tanto, la Fiscalía espera la pericia para emitir la resolución en este caso fraude I, la Procuraduría General del Estado y un informe de la Felcc dieron a conocer algunos elementos que presumiblemente probarían que este ilícito fue promovido por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, en conferencia de prensa, refirió que las irregularidades se perpetraron por dos vías: la adulteración de actas con la ruptura de la cadena de custodia del material usado en el sufragio y la alteración informática.
En esta alteración, se refiere al servidor no autorizado, con un software provisto por la empresa Territorial Visor, que irrumpió para solicitar la validación de 30 mil datos, para hacer variar la tendencia del voto a favor del MAS.
Santamaría indicó que se verificó que el padrón electoral entregado a Neotec tenía una serie de falencias. Por ejemplo, incorporar de manera dolosa a fallecidos.
Según Santamaría, los exvocales no le dijeron a la OEA que usaron un padrón con la lista de habilitados e inhabilitados.
Sobre el anuncio de validación que requiere el informe de la OEA, según la Fiscalía, Santamaría dijo que ese documento sólo es un parte de las irregularidades que se cometieron.
“Cuando los vocales masistas evidencian que el resultado que les instruyeron no se materializaba, ocurren curiosamente estas peticiones que son un ataque a través de otro servidor a la fuente principal del TSE. Se habría encontrado otro servidor no registrado dentro de la infraestructura de sistemas. Eso es grave y el IP desde donde se realizaban estas validaciones le pertenecen a Marcel Guzmán de Rojas (gerente de Neotec)”, señala la autoridad.
Fraude electoral II
En febrero, la Fiscalía General del Estado anunció la apertura de un segundo caso sobre fraude, dirigida contra Evo Morales, su exvicepresidente Álvaro García Linera y los exministros Juan Ramón Quintana, Carlos Romero y Héctor Arce.
La demanda fue planteada ante la Fiscalía General por el expresidente Carlos Mesa por delitos electorales, quien refiere que son los autores intelectuales del proceso fraudulento.
“La cuarentena terminó, el proceso no se ha iniciado realmente, hubo un encargo del Ministerio Público a nivel de la Fiscalía General del Estado de encargarle a la Fiscalía de La Paz, el comienzo de una investigación, se adelantó que eso iba a ocurrir, pero no ha ocurrido y eso nos parece una arbitrariedad, porque se trata de una acusación importante”, mencionó el expresidente Mesa.
Agregó, en su oportunidad, que la investigación no puede quedar sólo con el procesamiento de exvocales y otras personas, como sucede con el caso I, toda vez que hay autores intelectuales de este ilícito, porque los responsables deben responder por el daño económico que significó para el país, si se considera también las primarias, siendo que ambos procesos costaron al Estado más de 217 millones de bolivianos.
Entre los pocos actuados, entre el 17 y 19 de agosto pasado, los exvocales declararon en calidad de testigos, se conoció sobre comunicaciones y reuniones secretas con allegados del MAS y exministros de Estado.
La investigación no prospera en el Ministerio Público, pero otras instancias, como la Procuraduría General del Estado (PGE) pidió a la Fiscalía imputar al expresidente Evo Morales por el delito de fraude electoral .
Fabio Joffré, director en La Paz de la departamental de la PGE, exigió a los fiscales anticorrupción hacer las gestiones para la respectiva imputación, también por los delitos de alteración y ocultación de resultados electorales y manipulación informática en procesos electorales.
De acuerdo con la Procuraduría, el gobierno de Morales desarrolló un gigantesco fraude electoral para burlar la voluntad popular y evitar las segunda vuelta.
En su oportunidad, el exprocurador Alberto Morales, que dejó el cargo por una resolución aprobada por los dos tercios de la Asamblea Legislativa, dijo que“existen 11 casos de fraude electoral, uno por cada departamento, dos de interés nacional que radican en La Paz”.
MAS ve persecución
Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) se denunció que lo que ocurrió en octubre y noviembre de 2019 fue un golpe de Estado y no un fraude electoral.
El MAS señala que el fraude es un “invento” de la OEA y de la “derecha boliviana” para acallar a este partido político.
El partido del expresidente Morales difunde estudios de instituciones vinculadas a su tendencia política como prueba de que el 20 de octubre de 2019 no hubo ningún fraude electoral.
El informe de Integridad Electoral de la OEA encontró al menos cinco irregularidades graves en el proceso electoral, desde manipulación de actas hasta intervención informática.
FELCC: GRUPO AFÍN AL MAS DOMINA EL TSE
Las investigaciones que realizó la Policía Boliviana en el caso fraude electoral en las elecciones de 2019 establecieron que los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) eran miembros del grupo Simón Bolívar, que estaba bajo la “sumisión y dependencia” del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El grupo Simón Bolívar tenía asiento con más fuerza en Oruro y Cochabamba, lo conformaban Idelfonso Mamani, Lucy Cruz, Lidia Iriarte, María Eugenia Choque y Édgar Gonzales, quienes se encuentran aprehendidos por el presunto fraude electoral.
ESTRUCTURA DE PODER ORGANIZÓ EL FRAUDE
REDACCIÓN CENTRAL
Las pericias que efectuó la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) revelan que el fraude electoral, en los comicios de 2019 fue articulado por extranjeros, exministros y los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para mantener en el poder a Evo Morales. Coordinaron las acciones en la Casa Grande del Pueblo.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, denunció que, pese a las evidencias de que el fraude fue orquestado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), el fiscal general, Juan Lanchipa, no coadyuva en citar a otros involucrados y por el contrario asume una postura, “bajo cálculos políticos”, para dilatar el proceso judicial.
Las pesquisas dan cuenta de que en el piso 17 de la Casa Grande del Pueblo se reunieron ministros de Morales con informáticos de entidades públicas, del Ministerio del Culturas, una abogada del Ministerio de Gobierno, el jefe de gabinete del exministro Juan Ramón Quintana y funcionarios de la ATT, entre otros altos servidores públicos.
De acuerdo al registro migratorio, llegaron a Bolivia 21 ciudadanos extranjeros, de los cuales 20 eran de nacionalidad mexicana y uno, venezolano. Los cabecillas ingresan al país inicialmente en agosto, el grueso arribó en septiembre.
Los mexicanos forman parte del Partido del Trabajo, aliado del presidente Manuel López Obrador.
Los 21 extranjeros se hospedaron en un céntrico hotel de la urbe paceña.
