Analistas y oposición temen que se use informe de CIDH para persecución política
La gestión realizada por el Gobierno para que una comisión de expertos de la CIDH investigue las muertes de Sacaba y Senkata busca bases para un juicio de responsabilidades a la expresidenta Jeanine Áñez, juicios penales a exministros y jefes militares, y dejar de lado los hechos cometidos antes de la renuncia del exmandatario Evo Morales. Así lo interpretan opositores consultados por este medio, y un analista ve que eso es posible.
Para el 23 de noviembre, está programada la llegada de cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a investigar los decesos de más de 30 personas durante las protestas sociales de noviembre de 2019.
El activista y representante de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, resaltó la importancia de este arribo, pues, según dijo, la administración transitoria no impulsó la investigación. “Vamos a pedir que la reunión sea en Senkata. Esta comisión no va a trabajar sobre algo que no se ha hecho antes. Se tiene que dar con los responsables”, sostuvo.
Dos versiones
El abogado constitucionalista Paul Antonio Coca afirma que esta investigación será definitiva para determinar las responsabilidades y dar luces sobre las dos versiones. “La primera, ejecuciones entre ellos como afirmaron en su momento autoridades del Gobierno transitorio, por la espalda y por la nuca, con armas que no eran de uso militar ni policial; la segunda, del actual Gobierno, que fue una masacre y la gente murió a manos de policías y militares”, observó.
Para el exdiputado Gonzalo Barrientos (MDS), con la supuesta imparcialidad del equipo de expertos de la CIDH, el MAS pretende dar continuidad a una “justicia parcializada” .
“Quieren que confiemos en la justicia que ha liberado de los mandamientos de apremio a Evo Morales, al exministro (Juan Ramón) Quintana, a Faustino Yucra y más de nueve decisiones que se han realizado en beneficio de altos dirigentes del MAS. Nos quieren traer supuestamente a la CIDH para que haya imparcialidad”, cuestionó.
Barrientos aseguró que, con este “auspicio gubernamental”, lo único que buscan es asegurar el juicio de responsabilidades contra Áñez.
Coca dijo que el informe de la CIDH que será puesto en conocimiento de la Fiscalía General determinará los grados de responsabilidad.
“Desde un punto de vista legal, hay una autorización del Gobierno para que venga una misión de la CIDH, y esto puede significar acciones legales contra exautoridades de Gobierno, no sólo ejecutivas, sino también militar y policial”, señaló.
Respecto al informe preliminar que emitió la CIDH, Coca indicó que posiblemente esa percepción varíe porque esta comisión estará en el lugar del hecho.
Anterior gestión recuerda que invitó a la CIDH
La exministra de Relaciones Exteriores Karen Longaric recordó ayer, mediante su cuenta de Twitter, que fue en su gestión que se invitó a la comisión investigadora de la CIDH, descartando así la versión de que no se hubiera impulsado la investigación.
“En dic 2019, firmé un acuerdo con CIDH para que se realice una investigación de TODOS los hechos de violencia y violaciones a DDHH en Bolivia entre sep y dic de 2019. Asimismo invitamos a visita in loco de CIDH en 2021 para investigar violaciones de DDHH en los últimos 14 años”, reza su cuenta de Twitter.
