Tras un año, afín al MAS que usó un arma en Huayllani no fue cautelado
Un representante de las Juventudes del Movimiento Al Socialismo (MAS), investigado por la muerte de un cocalero durante los enfrentamientos en Huayllani el 15 de noviembre del 2019, aún no fue cautelado pese a tener una imputación formal en su contra.
Los documentos e informes policiales con los que cuenta el Ministerio Público refieren que Juan Carlos J. S., fue aprehendido el 22 de noviembre de 2019 en portación de un arma calibre 38. También se le encontraron municiones calibre 7,62.
El 15 de noviembre, Juan Carlos Gutiérrez fue herido por un proyectil de arma de fuego, el cual fue extraído de su cuerpo y remitido a los peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para su identificación.
El informe de identificación balística determinó que la herida fue provocada por un arma calibre 38, por lo que, por una solicitud de los investigadores, la Fiscalía amplió la investigación por homicidio y lesiones graves contra Juan Carlos J. S., quien hasta entonces estaba siendo procesado sólo por porte y portación de arma de fuego.
Los fiscales a cargo de la investigación del caso Huayllani, Lizeth Margot Martínez Reyes Ortiz, Richard Villaca Torrico y Giovani Campos ampliaron la investigación por homicidio y lesiones graves y gravísimas contra Juan Carlos J. S.
Los Tiempos intentó comunicarse con el representante de las víctimas de Huayllani, Gerardo Puma, pero no contestó las llamadas.
Según la declaración tomada al representante de las Juventudes del MAS, él habría señalado que el 15 de noviembre se encontraba en Sacaba brindando apoyo a sus compañeros durante la represión, como calificó él al conflicto.
El informe policial señala que fue aprehendido en predios de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), cuando pretendía incitar a los estudiantes a acudir en defensa del MAS.
“A momento de su aprehensión, se le hace una requisa y le encontramos el arma calibre 38, por lo que fue remitido a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc)”. refiriere parte del documento.
El oficial a cargo del caso tomó la declaración el 3 de diciembre de 2019 a dos heridos de bala que se encontraban internados en el hospital Viedma, donde la víctima, Juan Carlos Gutiérrez Escobar, declaró que había recibido un impacto de proyectil de arma de fuego cuando se encontraba escondido detrás de unos escombros cerca del surtidor Huayllani.
Este medio de comunicación también intentó tomar contacto con los abogados del excomandante Estratégico de Operaciones Central Alfredo Cuellar y del excomandante departamental de la Policía Jaime Zurita, para conocer su posición respecto al retardo procesal de uno de los implicados en el caso; sin embargo, ninguno de los abogados atendió a este requerimiento.
El caso contra Juan Carlos J. fue ampliado en la segunda recalificación del caso por homicidio y lesiones graves. Fue cuando los fiscales asignados al caso tomaron una declaración testifical a ambos jefes (policial y militar).
En noviembre de 2020, decidieron ampliar el caso contra Zurita y Cuellar por asesinato y lesiones graves.
Orden de operaciones de la Policía
y las FFAA buscó frenar la violencia
La orden de operaciones conjuntas de la Policía y Fuerzas Armadas para restablecer el orden público, presentada también ante la Fiscalía, refiere que se organizó ante la noticia de la llegada de personas del trópico y otras provincias a Cochabamba.
Según el informe, estas personas tenían en su poder armas de grueso calibre, largas y cortas (escopetas, fusiles y otros), además de petardos, bombas molotov y bazucas artesanales, entre otras.
Los funcionarios policiales informaron también que el grupo de personas se encontraba con armas reglamentarias de la Policía de escopetas y rifles lanzagases, granadas y cápsulas de gas lacrimógeno, que días antes habían sido sustraídos de las unidades policiales quemadas durante protestas violentas del MAS.
