Expertos: Urge nueva política de desarrollo agrario para frenar los incendios
La decisión de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) de ampliar por 30 días el permiso para realizar quemas controladas, generó el rechazo de algunos especialistas, quienes consideran necesario diseñar una nueva política de desarrollo agrario.
El investigador Leonardo Tamburini afirmó que para frenar los incendios forestales en el país se tiene que revocar la última determinación de la ABT. Explicó que si bien ésta no es específica para chaqueos y desmontes, alimenta para que otros entiendan que están autorizados para efectuar quemas en esta época del año.
Para aplacar los incendios forestales, Tamburini aseveró que es imprescindible la convocatoria a un diálogo nacional para diseñar una nueva política de desarrollo agrario, con la finalidad de preservar los recursos naturales del país, principalmente los bosques.
“Si no se toma en cuenta esto, la cosa va a seguir mal”, dijo.
También indicó que de ese diálogo tienen que emerger decisiones urgentes para frenar los incendios forestales, aunando esfuerzos en el contexto regional y nacional, en el que tiene que tomar parte Defensa Civil, además de contar con recursos para atender las emergencias.
“Las personas que están ejecutando los asentamientos saben que no serán regularizados, que van a ser declarados ilegales y clandestinos; es un mecanismo de desincentivo también, por lo tanto, se los agarra de raíz. Ahí es donde hay que apuntar”, señaló.
Además, dijo que el Estado debe dar señales claras en el sentido de que los grandes establecimientos y los magnos desmontes no van a ser legitimados.
Por otro lado, considera fundamental que la ABT emita una resolución prohibiendo las quemas hasta que pase el periodo de alerta de fuertes temperaturas y vientos.
“Lo que se debe hacer es paralizar cualquier tipo de autorización de sentamientos, con cargo al proceso de distribución de tierras fiscales porque los avasallamientos actuales tienen que ver con asentamientos clandestinos en parcelas estatales”, acotó.
Más adelante, sostuvo que una medida que puede allanar el camino para solucionar esta crisis, es que se intervenga el proceso de distribución y que las tierras fiscales existentes no sean más tratadas.
“Más bien que se genere un mercado de propiedades saneadas, para que los interesados las compren”, sugirió.
Por su parte, Sheyla Martínez, miembro de la Comunidad Agroecológica de Santa Cruz y del Grupo de Trabajo Cambio Climático de Santa Cruz, atribuyó la existencia de incendios forestales a la falta de coordinación y a la vulneración de competencias que tienen los gobiernos subnacionales, que son los llamados a tomar las acciones directas cuando se registra una quema en los municipios.
Martínez coincidió con Tamburini al señalar que es necesario llevar a cabo un análisis sobre los incendios forestales y sus posibles riesgos, con la finalidad de observar el escenario que se presenta y prever mediante acciones inmediatas.
“La ABT junto al Ministerio por su lado, al margen de los trabajos que ejecuta la Gobernación de Santa Cruz, la información que se va generando se duplica, y uno no sabe cuál es la referente. Nosotros le damos credibilidad a lo que plantea la Gobernación cruceña”, señaló.
Asimismo, dijo que otro factor que incide y que va en contra de la forestación es la ampliación del permiso de quemas que aprobó la ABT.
El pasado miércoles, el Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Magín Herrera, informó que la ampliación de junio a julio de los permisos de quemas controladas se dio con la finalidad de atender la demanda de los productores.
Sin embargo, Martínez discrepó de esas aseveraciones. “Creo que no es así, porque hay otros periodos de año en los que se pueda quemar con menos riesgo, y es la ABT la indicada para normar esta situación. No es posible quemar en una época muy sensible para el bosque seco, y que lo que no se quemó el 2019-2020 se lo tenga que hacer ahora, son temas que preocupan”, subrayó.
DENUNCIAN PLAN PARA INCENDIAR LA CHIQUITANIA
REDACCIÓN CENTRAL
El pasado martes, la diputada de Creemos, María René Álvarez, denunció el traslado y la acumulación de decenas de llantas a la reserva municipal Bajo Paraguá, en San Ignacio de Velasco, y advirtió que “se está preparando el segundo atentado de ecocidio” en la Chiquitanía.
La autoridad responsabilizó a la política de asentamientos humanos que ejerce el Gobierno nacional sin una planificación territorial.
Manifestó que no se puede permitir el atropello en mencionada área protegida que está en riesgo de ser incendiada por comunidades afines al partido de Gobierno. Por ello, dijo que está en manos del presidente, Luis Arce Catacora, la toma de medidas para frenar el posible daño.
Al respecto, el Ministerio de Defensa informó en un boletín oficial que se encontraron 21 llantas y otros tipos de materiales combustibles que se encontraban en la carretera que une la capital Velasquina con la zona de Porvenir.
Las llantas fueron encontradas en el sector denominado Las Mechitas y el Aserradero Dekma y con la finalidad de evitar que estos materiales inflamables sean usados para generar incendios en la zona fueron recogidos.
El Viceministerio de Defensa Civil encabeza operativos de prevención de incendios forestales en Santa Cruz.
