Guayaramerín. Sin control sanitario, el contrabando predomina en la mesa de la población

Dos personas recorren las calles de Guayaramerín (Beni) en una motocarga repartiendo carne de pollo. Los restaurantes son sus principales clientes. La población demanda el producto sin prestar atención a la manipulación insalubre del alimento que partió de territorio brasileño, atravesó el río Mamoré y llegó a Guayaramerín vía contrabando.

Sin mucha importancia a la inocuidad alimentaria, el 90 por ciento de los alimentos y productos que consumen los aproximadamente 100 mil habitantes de Guayaramerín son brasileños y, en su mayoría, ingresan vía contrabando.

En los alrededores de la terminal portuaria Walter Justiniano, ubicada a orillas del río Mamoré, trabajan ocho sindicatos de transporte de productos de contrabando por medio de canoas a motor, también denominadas “peque-peque”.

Aproximadamente 800 personas que no usan barbijo se dedican a cruzar el afluente para transportar desde el lado brasileño hacia el boliviano alimentos como pollo, agua, manteca, azúcar, arroz, aceite, carne de pollo y de res, además de prendas de vestir.

Los productos son distribuidos en Guayaramerín y municipios aledaños como Riberalta, San Joaquín, Santa Ana de Yacuma, Reyes y Trinidad, aunque productos como el pescado llegan hasta Santa Cruz.

¿Y el Senasag? El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria no tiene presencia en la zona, al menos eso pudo constatar Los Tiempos en su visita al puerto. Dorian Arias, periodista de Guayaramerín, afirma que aquí trabajan dos funcionarios de esta institución, pero sólo se dedican a fumigar los camiones que ingresan desde territorio brasileño.

Alba Miranda, concejal de Guayaramerín, lamenta la imprudencia de la población que rechaza el uso del barbijo; sin embargo, menciona que la internación ilegal de productos desde el vecino país no generó hasta la fecha problemas de salud, ni siquiera los relacionados a la Covid-19, ya que los casos registrados en este municipio están relacionados con personas que llegaron del interior del país, no de Brasil.

Y es que el contrabando forma parte de la vida y de la economía de Guayaramerín. Según Ilonka Saucedo, presidenta del Concejo Municipal, el comercio informal no es una novedad. Sin mayores alternativas de trabajo ni promoción de inversiones, la gente encuentra en el contrabando un modo de subsistencia.

Saucedo es consciente de que el contrabando es una actividad ilegal, pero afirma que necesario pensar en cientos de familias que necesitan generar ingresos para alimentarse.

UN ESTIBADOR GANA BS 60 EN SU MEJOR DÍA

Aunque el contrabando implica un grave daño económico para el Estado, hay eslabones que forman parte de esta actividad que no son favorecidos. Es el caso de los estibadores de Guayaramerín, quienes en sus mejores jornadas logran generar hasta 60 bolivianos.

Ezequiel Veyuma, que se dedica a esta actividad, afirma que hay días en los que gana solamente 10 bolivianos para un plato de comida. La falta de empleo en esta región obliga a cientos de personas a depender de la mercancía ilegal.

BAJOS PRECIOS ANTES QUE SALUBRIDAD

El precio de una caja de carne de pollo de 20 kilos, introducida a Guayaramerín vía contrabando, es de 146 bolivianos. Aunque el producto no ofrece garantía de salubridad, la población lo prefiere porque es más barato que el nacional.

Según Daveiva Becerra, dirigente del sindicato de transporte 18 de Noviembre, la producción local no puede competir con el producto brasileño, puesto que las autoridades del vecino país apoyan a los productores con tecnificación para elevar la competitividad.

En consecuencia, Guayaramerín prefiere consumir la carne de pollo brasileña, incluso de contrabando.

EL TRANSPORTE OPERA CON VEHÍCULOS INDOCUMENTADOS

REDACCIÓN CENTRAL

“En la frontera vivimos y sobresalimos como podemos porque la necesidad nos obliga”, dice Alberto Zeballos, secretario general del Sindicato de Autotransporte 8 de Diciembre de Guayaramerín, una organización que opera con autos indocumentados.

El dirigente dice que, por medio de un “acuerdo con los surtidores”, obtienen el combustible para sus motorizados. El acuerdo consiste en utilizar la gasolina o el diésel sólo para el servicio de transporte de pasajeros y no para actividades especulativas.

Una situación similar ocurre en Riberalta, municipio beniano ubicado a 100 kilómetros de Guayaramerín. La presidenta del Comité Cívico, Cinthia Miranda, afirma que incluso los transportistas obtienen una autorización de la Policía para circular con vehículos indocumentados.

RIBERALTA PIDE INVERSIÓN PARA AMPLIAR PRODUCCIÓN

REDACCIÓN CENTRAL

El municipio de Riberalta, que también alberga una amplia frontera con Brasil que no es ajena al contrabando, se dedica a la producción de castaña, actividad que acapara el 70 por ciento de su economía.

Sin embargo, el alcalde de este municipio, Ciriaco Rodríguez, afirma que urge diversificar la producción para dejar de depender de la castaña. “Si nos va mal en la castaña, nos va mal en la economía”, señala la autoridad.

Menciona que el municipio tiene proyectos de fortalecimiento del turismo y creación de empresas mixtas con el sector privado.

Sobre el segundo elemento, afirma que tienen la idea de definir la participación en las empresas mixtas en un 51 por ciento para el municipio y 49 por ciento para la empresa privada, pero ésta estará a cargo de la administración.

“LOS DECOMISOS DE LA ADUANA SON MINÚSCULOS EN PROPORCIÓN AL CONTRABANDO”

IAN MIRANDA Jefe de representaciones empresariales de Cainco

Vamos un semestre en el cual la Aduana Nacional ha reportado que han comisado un valor de 243 millones de bolivianos. Sin embargo, estos decomisos aún son minúsculos, en proporción al contrabando. Según datos de la Aduana, el valor de mercadería decomisada en 2018 fue de 512 millones de bolivianos; en 2019, de 601 millones, y en 2020, de 383 millones. Mientras que, para la gestión 2021, la meta anual ha sido reducida a 289 millones. Están cerca de recaudar lo trazado; no obstante, es observable, primeramente, de no sobrepasar el monto que se trazaron, un monto que aún está muy por debajo a las gestiones pasadas. Segundo, los decomisos aún son anodinos con relación a lo que se interna ilícitamente al país.