Bolivia: Los nueve grandes retos para 2019
Nos hallamos en vísperas de un año que trae particulares retos para el destino de los bolivianos. Por lo menos serán ocho, tal vez nueve, para ser más exactos. Algunos traen fechas tan marcadas y decisivas que ya han desatado precoces y crecientes olas. Bien sabido es, por ejemplo, que estamos por iniciar uno de los años teñidos de más proselitismo en nuestra historia.
Los vaivenes de la política boliviana precipitaron una campaña electoral que otrora se habría intensificada en junio. Pero, tal cual lo han destacado diversos analistas, hechos sorpresivos alteraron el ritmo de campaña acostumbrado. Ahí suman especialmente la polémica habilitación de los candidatos oficialistas y la primera convocatoria a elecciones primarias. Por ello, 2019 será un año profundamente politizado y hasta, se teme, peligrosamente conflictivo.
“Hay mucha improvisación, debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está sometido a constantes presiones políticas —ha declarado el politólogo Jorge Lazarte—. Por ejemplo, los plazos para las elecciones primarias están forzando tareas administrativas y logísticas de manera muy improvisada, cuando había una necesidad de trabajar con tiempo y mejorar las fallas de viejos vicios. (…) Desconfianza siempre hubo, pero dentro los márgenes tolerables, pero con los últimos acontecimientos, con registro de militantes ‘truchos’, la situación es preocupante, que podría llevar a una inestabilidad política de Bolivia”. Reto 1: ¿se agravará más la crisis del sistema democrático?
EL ADIÓS A LAS AFP
Pero en el camino trazado para la política se vienen también fechas de importantes decisiones para la economía y la sociedad. Un segundo reto del año que toca la puerta constituye el inicio de funciones de la Gestora Pública de Seguridad Social de largo Plazo. Está fijado para marzo el inicio de funciones de esta entidad que reemplazará a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), es decir, a las responsables de los dineros del sistema de jubilación. El desafío es tan caro que implica el destino del mayor fondo de dinero acumulado en la historia del país: nada menos que 16.447 millones de dólares, hasta la fecha, y claro el de sus más de dos millones de ahorristas.
Es un proceso que suma ya varios retrasos. Debido a ellos se interpreta que los aportantes resultan los más perjudicados. “Las AFP, tras saber que debían irse, en vez de buscar mejor rentabilidad de los fondos, los han puesto en Depósitos a Plazo Fijo (DPF), con muy bajo interés —explica el economista Gustavo Rodrígez—. Y el Gobierno anda muy atrasado en hacerse cargo del sistema, entonces los aportantes pierden”. Por esa razón, 2019 implica la necesidad de un urgente cambio en la administración de los ahorros de los futuros jubilados. Reto 2: ¿logrará el Estado administrar eficientemente el mayor fondo del país o seguirá acumulando un problema social de proporciones?
EL BAJÓN DEL GAS
Pero, pese a los 16.447 y más millones de dólares de la Gestora y los 2 y más millones de bolivianos involucrados, 2019 trae un reto aún mayor. Es un reto cuya cuenta regresiva se inició hace dos décadas y ha implicado el grueso del sustento boliviano de este siglo: el contrato de venta de gas a Brasil que empezó a correr en julio de 1999 y concluye este 2019. También este año venidero el segundo mercado (Argentina) del más importante producto de exportación boliviano bordeará su final de contrato.
Entre ambos clientes aportan cerca del 35 por ciento de los ingresos estatales bolivianos. El escenario 2019 se enmarca en la concreción de nuevos contratos con los dos países, pero en condiciones mucho menos favorables. Brasil ha adelantado que quiere comprar sólo la mitad de volumen actual, es decir, menos de 15 millones de metros cúbicos por día (MMmcd). Argentina ha anunciado que hasta fines de 2020 prevé dejar de adquirir gas boliviano.
El escenario se hace más complejo pues las cotizaciones del gas bajaron en los últimos años. Por si fuera poco, las compras de brasileños y argentinos cayeron a sus niveles más bajos en este 2018. Según datos oficiales, la venta al mercado brasileño, que hasta 2014 alcanzó un tope de 31,24 MMmcd, descendió en 2017 a 23,83 MMmcd. Y, este 2018, bajó de 19,48 MMmcd, en enero, hasta 14,18 MMmcd, en noviembre.
En el caso argentino, los envíos bajaron de un promedio de 18 MMmcd, a principios de año, a 11,7 en octubre. Mientras tanto, en noviembre y diciembre se reportaron incluso volúmenes inferiores a 8 MMmcd. Peor aún en el hipotético caso de que se mantuvieran los contratos actuales, Bolivia no ha descubierto nuevas reservas importantes de gas en la última década. Por lo tanto, difícilmente podría cumplir con sus compromisos de exportación.
“Estamos llegando al final de esa gran fiesta —ha escrito el analista Carlos Miranda—. En meses termina el contrato con Brasil y no hay indicaciones de nuevos volúmenes de compra venta. El Gobierno argentino está dando todas las señales de que dejará de importar gas de Bolivia. Somos un país energéticamente gasificado (…). Todo lo anterior hace imprescindible que adoptemos una política energética de corto, mediano y largo plazo. En los planes de esa política, primero se debe establecer un sistema de stocks energéticos de gas y petróleo para los próximos 20 años, y planificar e intensificar el uso de las fuentes de energía no convencionales”.
En suma, Reto 3: ¿en 2019 Bolivia iniciará el final de su bonanciosa “era del gas”?
¿Llega el boom del litio?
Frente a la baja del gas, las actuales autoridades se hallan en el afán de lograr fuentes de exportación, por lo menos, compensatorias. Coincidentemente, para el año venidero se ha anunciado la intensificación de la explotación del litio en el salar de Uyuni. Para que este proyecto reporte importantes ingresos económicos a Bolivia hará falta una condición clave: el esperado incremento de la demanda mundial de baterías para automóviles eléctricos.
“Nuestra planta industrial comenzará a arrancar en 2019, justo en el gran boom del litio”, señalaba Luis Alberto Echazú, viceministro de Tecnologías, hace un año. Desde 2015, el Gobierno ha invertido cerca de 600 millones de dólares en este proyecto y está proyectado que supere los 1.200 millones de la divisa estadounidense.
“Se trata de un ambicioso objetivo de una cadena de plantas que empieza con la producción de dióxido de litio y sigue con la elaboración de materiales catódicos y luego baterías”, explicaba entonces el viceministro. Y en agosto de este año 2018 se avanzó hacia el último eslabón. El Gobierno firmó un acuerdo con la empresa alemana ACI Systems para la producción de baterías de litio desde mediados de 2019.
“Se ha definido inicialmente una capacidad de esta planta de baterías de litio para ocho gigavatios/hora (kWh) al año. Eso significa que esta planta pueda abastecer cada año aproximadamente entre 300.000 y 400.000 (baterías para) vehículos eléctricos, principalmente e inicialmente (para el mercado de) Alemania”, informó este 18 de octubre a los medios el gerente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Juan Carlos Montenegro. Sin embargo, aún no queda claro si el esperado boom del litio llegó al mundo ni si Bolivia podrá abrirse un saludable espacio en él.
“Se ha podido determinar que los únicos vehículos eléctricos con baterías de capacidad energética cercana a 20 kWh (las que fabricará Bolivia) serían los Smart ForTwo ED y Smart ForFour ED producidos por Daimler que en conjunto habrían alcanzado unas ventas de 4.908 en el período comprendido por enero y agosto de 2018 —ha escrito el analista Juan Carlos Zuleta—. Ello nos permitiría estimar unas ventas de aproximadamente 7.362 unidades en todo el año, muy por debajo del plan de venta de 400.000 baterías de iones de litio al año para vehículos eléctricos sugerido por YLB y ACI Systems. (…) Lo más probable es que el grueso de la producción de litio (ya sea en forma de carbonato o hidróxido) de Bolivia se exporte a Alemania, para que desde allí, se lo comercialice hacia el resto del mundo”.
Por ello, el Reto 4 para este 2019 será saber si Bolivia realmente ingresa en la era del litio, tal cual lo anunciaron las autoridades.
A la explotación de los recursos evaporíticos del salar se suma otro proyecto de larga data y recurrentes frustraciones: la explotación de las reservas de hierro de El Mutún, la cuarta reserva mundial de ese mineral. A lo largo de este 2018 aún no se lograba avanzar en el reto de explotar hierro en Bolivia. Un contrato con la empresa china Sinosteel tropezó con problemas de desembolso de un crédito también chino. Sin embargo, el inicio de obras de la siderúrgica de El Mutún parece tener una cita en 2019. Cerca de 450 millones de dólares costará el proyecto destinado a fabricar dentro de 40 meses láminas de acero. Reto 5: ¿se dará el primer y fundamental paso para la tantas veces anunciada era del acero boliviano?
LA POLÉMICA REPRESA
Tanto el gas como el litio y el hierro traen aparejado un problema que desata cada vez más controversias en Bolivia y el mundo: la destrucción del medioambiente. Este reto bien puede ser mayúsculo en 2019 si el Gobierno porfía en la ejecución de uno de sus proyectos más polémicos. Se trata de la construcción de la represa hidroeléctrica del Chepete. A lo largo de los dos últimos años las autoridades han insistido en su intención de iniciar obras en 2019.
Sin embargo, el proyecto desata intenso debate debido a sus monumentales costos y no menos grandes riesgos denunciados. Se trata de un embalse, con la altura de un edificio de unos 52 pisos (158 metros) sobre el río Beni, en torno a la serranía del Chepete. La presa detendría las aguas del segundo río más caudaloso del país para así generar una potencia de 3.300 megavatios (un 50 por ciento más de lo que el país demanda en la actualidad).
“La carta de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) recuerda que fue el presidente Morales en persona quien encendió una esperanza, hace ya dos años, cuando anunció que tan enorme proyecto rendiría 1.250 millones de dólares por año cuando se hubiese construido —ha señalado el analista Roger Cortez—. Pero resulta que de acuerdo al secreto estudio gubernamental, en que la UMSA basa sus observaciones, se consigna que si alguna vez hubiesen ganancias, serían menos de la mitad de lo anunciado, pero, lo dice la UMSA y la experiencia mundial en materia de megarrepresas, a un costo invalorable en materia de daños a pueblos, comunidades y a una enorme cuenca, cuya afectación repercutiría sobre todo el país y la región amazónica en su conjunto”.
Por ello, el riesgo de apostar por El Chepete bien podría derivar en la destrucción de una de las reservas naturales más importantes del planeta. Al no haber mercado asegurado se sumaría el riesgo de que semejante inversión no resulte rentable. Pero, además, implicaría la casi duplicación de una deuda externa que ya alcanzó niveles sin precedentes en la historia boliviana. Reto 6: ¿2019 será el año del principio o de fin de la polémica gran represa?
Esa deuda externa, que hoy bordea los 10 mil millones de dólares, marca otro de los desafíos de 2019 para Bolivia. El país vive una cada vez más precaria estabilidad económica. Así lo han señalado diversos economistas.
“El déficit público es superior al 7 por ciento del PIB y esta anomalía fiscal se mantiene por cinco años consecutivos —ha señalado el economista Gonzalo Chávez—. También son tres años de desajuste comercial (importaciones mayores que las exportaciones), la deuda externa e interna creció significativamente en los últimos 12 años y representa más del 40 por ciento del PIB. Así mismo, cabe recordar que se han perdido 7.000 millones de dólares de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia (éstas bajaron de cerca de 15.000 millones de dólares a un poco más de 8.000 millones). Otro problema es que el tipo de cambio real está apreciado (en torno del 26 por ciento, según el FMI), lo que hace perder competitividad a las exportaciones no tradicionales y perjudica a la industria nacional, debido a la competencia desleal de las importaciones legales e ilegales”.
El analista, así como otros expertos, destaca además que los gastos e inversiones públicas son ineficientes. Así, visto desde una perspectiva estructural, el crecimiento económico, que recurrentemente anuncia el Gobierno, parece tener pies de barro. Reto 7: ¿en 2019 Bolivia conjurará o agudizará el riesgo de una gran crisis económica?
Y si internamente el país tiene cita con semejantes retos, el año venidero desde el exterior le espera uno particularmente desafiante. La Corte Internacional de Justicia de la Haya ha previsto que entre mediados y fines de 2019 responderá al reclamo de Bolivia contra Chile sobre las aguas del Silala. El resultado de la demanda sobre la mediterraneidad ante el mismo tribunal, zanjado en octubre de 2018, añade una mayor carga al desafío. Reto 8: ¿recibirá Bolivia otro portazo diplomático a sus reivindicaciones históricas?
Sin duda, es probable que haya o surjan más grandes desafíos para los bolivianos en el año que se halla tan cerca. Pero los ocho mencionados constituyen ya citas forzosas en el tiempo, rubricadas por las autoridades en varios casos. Quién sabe si en años cada vez más próximos, la historia les reclame otros anuncios con fecha y hasta tengan felices resultados. Y si de tiempos marcados se trata, no sobra recordar que en 2007 el presidente Evo Morales predijo que hasta 2022 o 2027 Bolivia estaría mejor que Suiza. Mientras que, algo más modesto, el vicepresidente Álvaro García Linera previó que en 2025 la economía boliviana igualaría a la de Chile. Reto 9: ¿será?
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ELECCIONES
Una ciudadana deposita su voto en la ánfora electoral.
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PAÍS GASIFICADO
Trabajadores en el campo gasífero Margarita. afp
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INTERÉS NACIONAL
Desde 2008, las reservas de litio del salar de Uyuni y de otros salares de Bolivia forman parte del debate. AFP
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PROYECTO ESTATAL
Los yacimientos de litio de Bolivia están entre los más grandes del mundo. AFP
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PLATAFORMAS CIUDADANAS
Una movilización ciudadana en Cochabamba, a inicios de año. Carlos lópez
