Contratos y norma frenan entrega de canasta escolar
Autoridades municipales de diferentes regiones de Cochabamba coincidieron ayer en que los trámites burocráticos para resolver los contratos con las empresas que distribuyen el desayuno escolar y la ausencia de una norma nacional que permita emplear los fondos en otras partidas presupuestarias retrasa la entrega de canastas solidarias a estudiantes.
En cuatro municipios del eje metropolitano, los padres de familia solicitaron a los alcaldes emplear los fondos para apoyar con víveres a las familias de los escolares, luego de conocer que no es posible el retorno a clases presenciales por la pandemia de Covid-19.
El secretario de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Cercado, Juan José Ayaviri, indicó ayer que el procedimiento para rescindir el contrato con las empresas es complejo y largo porque se requieren informes técnicos y legales.
“Una vez que resolvamos el contrato y conciliemos cuentas, se tiene que hacer una modificación presupuestaria que debe ser remitida al concejo para su aprobación”, subrayó.
Ayaviri señaló que aún no se logró establecer con precisión el monto que disponen para la distribución de “canastas” debido a que parte de los 63 millones de bolivianos para la dotación de desayuno provienen de fondos propios.
“Hay tres fuentes de financiamiento que son recursos IDH, fondos de participación popular y los propios. Estos últimos no se podrán utilizar porque tenemos déficit en la recaudación de impuestos”, agregó.
En pasados días, el concejal Edwin Jiménez reveló que el Ejecutivo municipal cuenta con 55 millones de bolivianos para entregar alimentos a 182 mil estudiantes.
Por otro lado, el funcionario aseveró que trabajan en un reglamento para garantizar una distribución “transparente” y añadió que se aguarda la promulgación del proyecto de ley que permitirá a las alcaldías entregar el desayuno escolar en canastas familiares a los estudiantes de establecimientos fiscales y de convenio.
En similar situación se encuentran Quillacollo, Sacaba y Vinto.
El secretario general de Quillacollo, José Terán, remarcó que se hacen gestiones al nivel central para contar con fondos para la adquisición de productos y precisó que el municipio presupuestó 21 millones de bolivianos para dar alimentación complementaria.
En tanto que en Vinto se prevé que hoy se conforme una comisión para enviar una consulta al Ministerio de Educación y fiscalizar el uso 6 millones de bolivianos, concluyó el secretario técnico, Christian Salguero.
“La Ley 622 establece que el desayuno se entrega al estudiante sólo en el establecimientos educativos”
Valle Alto aún no define uso de fondos educativos
El gerente general de la Mancomunidad de Municipios de Valle Alto, Franulic Huanca, informó que este viernes en una reunión los alcaldes de esa región del departamento analizarán si es factible o no dar curso a la solicitud de los padres de familia.
“Aún no hemos definido qué vamos a hacer con el presupuesto. La decisión depende del monto disponible. A diferencia de las ciudades, nuestra inversión en salud y educación depende en su totalidad de los desembolsos que del Tesoro General de la Nacional. Como municipios, nuestros ingresos propios son escasos”, puntualizó.
Huanca remarcó que además se debatirá sobre qué pasará con el presupuesto que se asignó para la refacción de unidades educativas y otros gastos administrativos.
La distribución de fruta, raciones líquidas y sólidas se suspendió en marzo a la par de las clases presenciales por la pandemia.
