Caso taladros de YPFB pasa a la Contraloría
Santa Cruz | Los Tiempos
El Directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) decidió ayer remitir a la Contraloría General del Estado el informe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos sobre las irregularidades en la adjudicación de tres taladros a la empresa italiana Drillmec CEO, mientras que el presidente de la estatal petrolera, Guillermo Achá, insistió en la transparencia del proceso y anunció una auditoría interna.
En un breve informe a los medios, el Directorio informó que ordenó a Achá derivar el caso a la Dirección Legal Corporativa de YPFB y determinar si corresponde o no la continuidad del contrato.
Aunque la investigación en este caso avanza, en otro similar relacionado con la china Camce no se procedió de igual forma, pese a indicios de irregularidades en la forma de contratación de la compañía, negligencia en la elección del proveedor, supuesto sobreprecio de las tres perforadoras adquiridas y malos manejos en la recepción de las mismas.
Las supuestas irregularidades y sobreprecio en la adquisición de tres taladros de perforación por parte de YPFB a la empresa italiana Drillmec CEO por un monto de 148 millones de dólares fueron analizadas ayer por el directorio de la estatal petrolera.
En un breve informe en el que no se dio lugar a las consultas de los medios, el director de YPFB, Carlos Quispe, informó que la Contraloría es el ente competente para establecer indicios de responsabilidad civil, administrativa y penal si corresponde.
El directorio también instruyó al presidente de esta empresa remitir los antecedentes a la Dirección Legal Corporativa de la misma para que, en caso de existir contravenciones al ordenamiento jurídico, se inicien los procesos sumarios y administrativos contra los funcionarios responsables.
Horas más antes, el presidente de YPFB, Guillermo Achá, aseguró que el proceso de adquisición de las tres perforadoras a la empresa italiana Drillmec se hizo con absoluta transparencia, y se siguió los “procedimientos de contratación de bienes y servicios en el extranjero”.
Anunció que se realizará una auditoría interna sobre la adjudicación de la firma italiana, cuyos resultados serán remitidos al directorio. Sin embargo, indicó que existen los respaldos “necesarios y suficientes ante las instancias que así lo requieran”.
Por su parte, Quispe instruyó a Guillermo Achá realizar todas las acciones legales pertinentes “a objeto de precautelar los recursos del Estado en el proceso de contratación de estos tres taladros” y determinar si corresponde o no, y bajo qué mecanismos, disponer sobre la continuidad del contrato con la empresa italiana.
En enero, el representante de Drillmec, Simone Trevisani, a través de una carta enviada al presidente de YPFB, advirtió con iniciar acciones legales contra la estatal boliviana en caso de efectuarse la rescisión de contrato, además de acudir a instancias internacionales para determinar si hubo falta de transparencia en el proceso de adjudicación y contratación.
En tanto, Achá evitó emitir criterios respecto a la continuidad del contrato y descartó las acusaciones de un supuesto sobreprecio de aproximadamente 28 millones de dólares en la adquisición de los equipos de perforación denunciados por algunos asambleístas de oposición.
“Creo que no se puede comparar propuestas que técnicamente no hubieran podido calificar y no cumplían especificaciones técnicas a una oferta que sí lo ha hecho”, dijo.
CASO TALADROS DE CAMCE CONTINÚA SIN RESULTADOS
Irregularidades en la forma de contratación, negligencia en la elección del proveedor, supuesto sobreprecio de los equipos de exploración petrolera y malos manejos en la recepción de los mismos son algunas de las irregularidades que pesan en otro contrato suscrito entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa China Camce, en 2009.
El convenio establecía inicialmente la compra de equipos de redes de gas por 60 millones de dólares, que el Estado obtendría a través de un crédito del Eximbank de China. Sin embargo, el contrato fue modificado en 2011 para la compra de tres perforadoras: 1.000HP (caballos de fuerza, en inglés), 1.500HP y 2.000HP.
Las tres perforadoras fueron adquiridas por la petrolera estatal para la ejecución de un plan de exploración y perforación de 42 puntos estratégicos en los que se estima potencial hidrocarburífero, según un informe enviado en 2011 por el entonces ministro de Hidrocarburos y Energía, José Luis Gutiérrez Pérez, al presidente Morales.
Aunque en 2016 se instaló una comisión mixta para que investigue las irregularidades sobre este caso, a la fecha no existen resultados. En ese caso, la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos tampoco actuó.
