NACIONALIZACIÓN Elfec, un proceso que el MAS dejó pendiente y que podría revertirse
El Gobierno del MAS nacionalizo Elfec en 2010, pero nunca indemnizó a los accionistas afectados (Comteco y trabajadores de Elfec), un hecho que es analizado por la gestión de la presidenta Jeanine Áñez, que pretende devolver la propiedad a los afectados.
Sin embargo, este hecho ha provocado diferentes opiniones entre los afectados, especialistas y asambleístas departamentales. Incluso causó la destitución de José María Cabrera del cargo de procurador general del Estado, porque considera que devolver las acciones a Elfec significaría privatizar nuevamente la empresa, lo que causaría un daño económico al Estado.
En tanto, el representante de los trabajadores accionistas de Elfec, Mario Zalles, y el asesor legal de Comteco, German Quiroz, coinciden en que la nacionalización de Elfec fue ilegal debido a que nunca recibieron el “justo pago” por las acciones expropiadas.
El economista Roberto Laserna indica que el proceso de devolución de acciones a los socios es legal, debido a que el Gobierno nunca pagó por las acciones. “Si usted se compra un auto y no paga, viene el dueño y se lo quita.
Además, Elfec nunca dejó de ser una sociedad anónima”, ejemplifica.
Laserna explica que para la devolución de acciones se debe abrogar el decreto de nacionalización del Elfec y, de paso, de las acciones a ENDE.
El 52 por ciento de acciones de Elfec pertenecía a Comteco y el 40 por ciento, a los trabajadores de Elfec. Los afectados afirman tener toda la documentación de su derecho propietario y que nunca fue entregado al Gobierno nacional
Por el contrario, denuncian que, tras la nacionalización, fueron amedrentados, perseguidos y procesados por el gobierno del MAS, por lo que no iniciaron acciones penales para exigir el pago de las acciones.
“Hubo un abuso total de poder, no pudimos hacer nada, éramos perseguidos. Esperamos que nuestros derechos sean restituidos”, dice Zalles.
Las acciones de Elfec generan utilidades anuales de entre 10 y 15 millones de dólares, por lo que en 10 años se habrían logrado al menos 100 millones de dólares que beneficiaron a ENDE.
El representante de los trabajadores de Elfec explica que Elfec está valorada, a la fecha, en 140 millones de dólares, por lo que ése debería ser el justo precio que el Gobierno debe pagar por las acciones a los trabajadores accionistas de Elfec y a Comteco.
Si, por el contrario, el Gobierno determina devolver las acciones a sus dueños, esto representaría un costo de unos 300 millones de dólares porque están incluidos el valor de la empresa, las utilidades generadas en los últimos 10 años y el lucro cesante.
Los trabajadores accionistas de Elfec dicen estar dispuestos a aceptar cualquiera de las dos opciones y que incluso podrían negociar el precio.
Quiroz considera que, por ese incumplimiento en el pago de la indemnización, debería procesarse a los gerentes de ENDE por el delito de incumpliendo de deberes.
Comteco y Elfec consideran, sin embargo, un avance en la restitución de sus derechos, la aprobación del Decreto 4346, que instruye a ENDE realizar “un procedimiento de diligencia debida” en un plazo de 30 días hábiles para “establecer toda la información financiera, administrativa, legal y técnica necesaria para determinar el estado patrimonial” de Elfec.
El presidente ejecutivo de ENDE, José Kreidler Guillaux, en su cuenta de Twitter, indicó el jueves que ya se conformó el comité de diligencia solicitado por el decreto. “En el plazo establecido, tendremos una radiografía completa de nuestra distribuidora eléctrica en Cochabamba”, dijo.
Juicio
Zalles explicó que si después de los 30 días no se obtienen resultados favorables, los trabajadores accionistas de Elfec iniciarán un proceso penal internacional contra el Estado boliviano.
El representante indicó que el DS 4346 es una prueba legal de que se han vulnerado sus derechos, por lo que los tribunales internacionales fallarán a su favor. Los trabajadores ya tienen contratada una firma de abogados en Miami.
Privatización
El ex procurador general del Estado José María Cabrera concluyó que devolver las acciones a Elfec significaría privatizarla, lo que causaría un daño económico al Estado.
“Se hablaba de restituir el paquete accionario y cuando la propiedad se restituye del sector privado se llama privatización, así como a la inversa cuando la propiedad privada se transfiere al Estado se llama nacionalización o expropiación, pero no hay la figura de restituir paquete accionario a privados”, dice Cabrera.
Quiroz coincide con Cabrera en que devolver las acciones representará un daño económico al Estado, por lo cual se debería procesar a los funcionarios públicos que no concluyeron este proceso de nacionalización.
Reclamo
Por otro lado, el asambleísta departamental Mario Orellana (MSD) indica que los recursos por las utilidades de Elfec no pueden beneficiar a unas cuantas familias y esos recursos se deben destinar a la Gobernación de Cochabamba.
Advierte que devolver las acciones atenta contra de la Constitución Política del Estado, que prohíbe transferir bienes públicos a personas privadas.
Explica que la transferencia de bienes del Estado se realiza a través de una ley y no de un decreto supremo.
DIFERENTES OPINIONES
Mario Zalles
Trabajadores Elfec
"Estamos dispuestos a aceptar la devolución de las acciones o el justo pago por ellas. Podemos negociar, incluso no cobrar las utilidades. Esperaremos los 30 días. Todo dependerá de este análisis."
German Quiroz
Asesor legal de Comteco
"No iniciamos ningún proceso penal en contra del Gobierno por el no pago de las acciones de Elfec porque fuimos amedrentados y perseguidos. Fue una expropiación ilegal y abusiva."
José María Cabrera
Exprocurador del Estado
"No se puede llamar restitución a este proceso. Se quiere volver a privatizar. Es legal privatizar, pero la ley establece procedimientos y se debe hacer de manera transparente, con una ley."
Jeanine Áñez
Presidenta
"Vamos a devolver estas acciones a 120 mil familias que son propietarias de Elfec, que les confiscó la dictadura del MAS. La ilusión que tenemos es que esas acciones generen dividendos a los accionistas."
Mario Orellana
Asambleísta departamental
"Vamos a fiscalizar este proceso y vamos a velar siempre por el bien común y de todo el departamento, no de unas cuantas familias. La Constitución prohíbe la transferencia de bienes del Estado a privados."
