Dinero del FMI no requería ley, pero imputan a exviceministro
abril de 2020 entre el Estado boliviano y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que dio paso al financiamiento de 327 millones de dólares, no requería la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por tratarse de un intercambio de divisas y no de un crédito, afirman dos exautoridades del Banco Central de Bolivia (BCB).
Sin embargo, el Gobierno nacional ratificó que fue una operación irregular y la Fiscalía imputó ayer al exviceministro del Tesoro Carlos Schlink, quien será presentado hoy ante un juez cautelar.
El expresidente del BCB Juan Antonio Morales, dijo que los recursos del FMI no fueron aprobados por la ALP por una mera oposición política, puesto que los legisladores consideraban que ese financiamiento tenía muchas condicionantes, algo que, según Morales, es falso.
Morales reiteró que “no era necesaria” la aprobación de la ALP porque se realizó una operación de venta de divisas con pacto de recompra, es decir, Bolivia vendió una parte de su participación en el FMI y el organismo le dio a cambio Derechos Especiales de Giro (DEG), activos que son convertidos a dólares. El acuerdo fijaba la devolución de los DEG en cinco años.
Por su parte, Walter Morales, exdirector del BCB, explicó que en 2020 se llevó a cabo un Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), que no es una operación de préstamo, pues no existe contrato y el FMI afirma esa situación.
“Es un intercambio de divisas en base a las participaciones de Bolivia en el organismo. Alrededor de 80 países accedieron a este mecanismo de financiamiento en pandemia y sólo Bolivia devolvió los recursos en un momento de tantas necesidades, por motivos ideológicos, en lugar de viabilizarse”, dijo.
El exdirector agregó que, en caso de que haya sido necesario el aval de la ALP, también debió serlo en la operación realizada en 2009 con el FMI, durante el anterior gobierno del MAS, cuando el país recibió 164,1 millones de DEG, equivalentes a 255,9 millones de dólares.
Walter Morales aseguró que esta operación se encuentra en los estados financieros del BCB, en el comunicado que el BCB publicó sobre la operación y en el Informe de Deuda Externa 2020.
Al respecto, el ministro de Economía, Gonzalo Montenegro, negó que el Gobierno de Evo Morales haya accedido a un crédito del FMI en 2009 sin la autorización de la ALP, pues aseguró que se trató de una capitalización que aumentó los activos de las Reservas Internacionales Netas (RIN).
De este modo, la autoridad señaló que no existe similitud entre las operaciones realizadas en 2009 y 2020, dado que, según él, la primera incrementó los activos del país y la segunda se constituye en un pasivo al tratarse de un préstamo.
El Gobierno nacional devolvió al FMI el financiamiento concretado en 2020. Programó la colocación de bonos soberanos por 3 mil millones de dólares hasta el primer trimestre, pero hasta la fecha no lo concretó. Montenegro dijo que este financiamiento está sujeto a evaluación de las condiciones de los mercados internacionales.
Fiscalía pide cárcel
La Fiscalía emitió ayer la imputación formal contra el exviceministro del Tesoro Carlos Schlink por cuatro delitos y pidió su detención preventiva en la cárcel de San Pedro, por el caso del financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) gestionado en la gestión transitoria. La defensa rechazó el criterio del Ministerio Público y anunció que presentará incidentes.
La imputación es por los tipos penales de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.
En este caso, se investiga la contratación del préstamo de 327 millones de dólares que se hizo en el gobierno transitorio del FMI.
La imputación de la Fiscalía apunta a Schlink bajo el argumento de que, siendo viceministro, recibió notas en que desde el Banco Central le informaban que se estaba procediendo al pago de las obligaciones emanadas por el préstamo con el FMI.
