13 litigios provocan pérdida de 609 MM de dólares al Estado en 10 años

Bolivia ingresó a su decimotercer litigio internacional y el gasto asciende a más de 609 millones de dólares en 10 años; la oposición ve severo daño económico al Estado.

La información fue brindada por el diputado Marcelo Pedrazas (CC), a través de la petición de informe que hizo a la Procuraduría General del Estado (PGE) sobre los litigios arbitrales internacionales del país. Denunció que debido al Decreto Supremo 4447, que establece confidencialidad, hasta la fecha no tuvo acceso a los contratos suscritos con diferentes estudios jurídicos.

“La Procuraduría es una institución dedicada a perder juicios internacionales de arbitraje que ha tenido el país, demostrando la falsa nacionalización que hizo Evo Morales. (…) estamos investigando otros procesos como el de Fancesa, hemos pedido información de cómo se está trabajando y cuáles son las estrategias jurídicas”, añadió.

El legislador aclaró que el daño económico data desde la creación del PGE en 2011, pero los montos derogados del Estado en litigios internacionales anteriores pueden ascender a 1.000 millones de dólares.

Son 11 litigios arbitrales, de los cuales 10 procesos erogaron 609.171.535 dólares.

Al respecto, el diplomático y exembajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio, señaló que algunas de las razones del gasto en los litigios arbitrales son la improvisación, la falta de una política exterior y de una estrategia coherente para la defensa legal del Estado.

“Cuando no hay profesionalidad en el tema de manejo de demandas internacionales, son estos los resultados (…). No se debería tratar de intereses transitorios de Gobierno, estos temas responden a intereses del Estado”, añadió.

Litigios universales

Bolivia atravesó por dos litigios universales o de carácter internacional, el primero fue cuando en 2013 demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) exigiendo una negociación para que el país obtenga una salida soberana al mar. En 2018 la CIJ determinó que el gobierno de Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia sobre este punto.

La segunda demanda fue iniciada por Chile a Bolivia en 2016, pidiendo que la CIJ declare a las aguas del Silala como un río de carácter internacional. Esta se encuentra en la parte final del proceso; ambos países se encuentran en la etapa de alegatos orales desde el 1 hasta el 14 de abril.

El profesor de Derecho Internacional, Sergio Castro, aseguró que el “gran” problema de Bolivia en los litigios internacionales fue la falta de un plan para encarar los procesos.

“Desde que se ha establecido en la nueva Constitución de que el presidente, el vicepresidente y el canciller tienen que redactar un documento de un plan que tiene que cumplir el Estado para las actuaciones en derecho internacional, no tenemos política exterior (…), los enemigos tienden a aprovecharse de estas improvisaciones”, expresó el analista.

A su turno, Aparicio señaló que los procesos instaurados en la CIJ tuvieron un carácter político y personal por parte del expresidente Evo Morales, ante un “afán de perpetuarse en el poder”.

“Morales arrastró al país a un litigio (2013) con todos los puntos desestimados de Bolivia. Habían informes de varios años atrás, abogados internacionales sugerían no tomar ese camino (demandar a Chile) y recomendaron no acudir a la CIJ. Todo derivó en los resultados que conocemos”, añadió.

Silala

El diputado Marcelo Pedrazas (CC) informó que pidió informes a la PGE sobre la estrategia jurídica y los gastos derogados del Estado en el proceso del Silala instaurado ante la CIJ

“En lo particular pienso que hay un gasto del Estado sin razón, el hecho de que autoridades como el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, entre otras, poco o nada van a ayudar en la defensa, hay un equipo de abogados que se ha contratado”, dijo.

Siguió: “Esto demuestra que el Gobierno intenta gastar y dilapidar el dinero, estas autoridades viajan sin conocimiento técnico gastando dinero del país”.

ALEGATOS DURARÁN HASTA EL 14 DE ABRIL

El pasado viernes 1 de abril se dio inicio a los alegatos orales del litigio por el Silala ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya. Esta última fase del proceso se extenderá hasta el 14 de abril de 2022.

El equipo jurídico de Chile fue el primero en inaugurar su intervención en el Palacio de la Paz. Desde que comenzó el proceso, el vecino país considera que el Silala es un río de curso internacional mientras que Bolivia asegura que es un manantial que fue desviado de manera artificial.

Debido a la pandemia, la CIJ definió que las audiencias se desarrollarán en un formato híbrido, es decir, que podrá asistir parte de la delegación de cada país al Salón de Justicia, mientras que otros seguirán de forma remota.

Antes del inicio de las intervenciones, los juristas que forman parte de la delegación boliviana participaron en reuniones lideradas por el canciller Rogelio Mayta, el embajador de Bolivia en Países Bajos y agente ante la CIJ, Roberto Calzadilla, y el secretario general de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), Emerson Calderón. 

La agente chilena, Ximena Fuentes, afirmó que los estudios técnicos y científicos que Bolivia hizo “son bastante febles” y que le son favorables a los intereses de su país. Aseguró que el pedido boliviano es que se reconozca su propiedad solo por un segmento de flujo artificial, luego que admitiera que se trata de un río internacional.

La fase de alegatos orales es la última del proceso antes de la sentencia que emitirán los jueces, no se tiene un tiempo establecido para conocer el fallo.

11 ABOGADOS Y PERITOS TRABAJAN EN LA DEFENSA

El equipo jurídico y técnico de la defensa boliviana está conformada por ocho abogados y tres peritos científicos. El canciller Rogelio Mayta y el agente Roberto Calzadilla encabezan la comitiva.

Los ocho abogados son:

- Alain Pellet, abogado francés, doctor en Derecho Público.

- Rodman Bundy, estadounidense, tiene 40 años de experiencia profesional, que incluye la defensa de 25 casos ante la CIJ.

- Mathias Forteau, francés, profesor de Derecho Público.

- Gabriel Eckstein, director del programa de Derecho de Sistemas de Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Texas A&M.

- Francesco Sindico, italiano, doctor en Derecho por la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana.

- Laura Movilla, española, doctora en Derecho por la Universidad de Vigo.

- Edgardo Sobenes, nicaragüense, magíster en Derecho Internacional Público y Solución de Controversias Internacionales de la Universidad de Leiden.

- Héloïse Bajer-Pellet, francesa con maestría en Derecho Privado en la Universidad Paris Ouest, Nanterre.

Los tres peritos son:

- Roar Jensen, danés con especialización en Hidráulica e Hidrología de la Universidad Técnica de Dinamarca.

- Michael Gabora, magíster en Recursos Hídricos de la Universidad de Nuevo México.

- Torsten Jacobsen, doctor en Dinámica de Fluidos computacional en Dinamarca.