Imputan a Castellanos por el colapso del desnivel y solicitan su detención
El exalcalde Edwin Castellanos Mendoza fue imputado por el Ministerio Público por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica en el caso FIS-1504717, por el colapso del puente de la avenida 6 de Agosto e Independencia a tan sólo ocho meses de su inauguración, el 22 de octubre de 2015.
El asesor general de la Alcaldía, Sergio Coca, informó que también fue imputado el ingeniero que diseñó y supervisó la obra, Nelson Vega Aguirre, por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado.
Asimismo, el representante legal de la empresa Álvarez, Víctor Hugo Álvarez Iriarte, es sindicado de firmar contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contrato; el exoficial mayor financiero, Osvaldo Delgadillo Nogales, por conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado; el exoficial mayor técnico y actual concejal municipal por el MAS, Sergio Rodríguez Mercado, por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Al existir suficientes elementos para sospechar la culpabilidad y por los riesgos de fuga y obstaculización, la Fiscalía Anticorrupción solicitó medidas cautelares como la detención preventiva. Argumentó que el daño económico supera los 11 millones de bolivianos y la condena los 10 años de cárcel.
Los fiscales se centraron en las irregularidades de la contratación del supervisor y la constructora Álvarez.
La primera licitación realizada en febrero de 2013 no contaba con una ficha ambiental como determina la Ley 1333 en su artículo 25. En la segunda, en mayo del 2013, el exoficial mayor de Infraestructura autorizó sin ninguna justificación el incremento del precio referencial de 9,9 millones de bolivianos a 11,7 sin variar el plazo de 240 días.
Después que las dos licitaciones se declararon desiertas, Castellanos y Rodríguez autorizaron la contratación por excepción sin “ninguna resolución expresa motivada técnica”. Tampoco justificaron la modificación presupuestaria e infringieron el artículo 64 del Decreto Supremo 181 que determina que este tipo de contratación debe ser mediante modalidad expresa.
En julio de 2013, Rodríguez instruyó invitar por excepción a la empresa Álvarez.
El Ministerio Público también informó que los exfuncionarios municipales transgredieron el Decreto Supremo 181 en su artículo 44 al permitir que el proyectista de la obra Nelson Vega también sea el supervisor.
OPINIONES SOBRE LA DECISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
Sergio Rodríguez, concejal de Cochabamba
La imputación no es una cosa juzgada, ahora viene la etapa investigativa, donde el Ministerio Público deberá demostrar la culpabilidad. En esta etapa continuaremos presentado nuestros descargos; la investigación dura seis meses y el juicio viene después. Lo extraño es que los fiscales imputen sin tener los resultados de las muestras que se tomaron del puente.
Jorge Iriarte, abogado de la empresa Álvarez
Existe mucha presión social en las espaldas del Ministerio Público. Para nosotros la imputación formal es un acto intrascendente que sólo significa que hay indicios de responsabilidad, no quiere decir nada más. La Alcaldía no presentó una sola prueba que demuestre que hay delito y la única prueba madre como son las muestras tomadas del puente no está concluida.
Sergio Coca, asesor general de la Alcaldía
Nosotros vamos a solicitar la detención preventiva de los cinco imputados como corresponde para evitar que obstaculicen la investigación como lo han estado haciendo. Vamos a luchar contra la corrupción y seremos rigurosos para sancionar estos actos. La imputación de los implicados en el colapso del puente es el resultado de seis meses de investigación de la Fiscalía.
Edwin Jiménez, concejal de Cochabamba
En esa época no voté por la aprobación de este proyecto, porque vi que había incoherencias: se eliminaron muchos ítems y se elevó el precio, no era coherente. Cuando pregunté a los técnicos nunca me supieron dar explicaciones, es por ello que yo no voté por la aprobación del proyecto. Las autoridades judiciales deben determinar ahora la responsabilidad de lo sucedido.
