Edificaciones irregulares desbordan a las alcaldías
Los asentamientos irregulares en áreas protegidas, de recarga de acuíferos, propiedad comunitaria y lagunas, tienden a desbordar la capacidad de control de las alcaldías del eje metropolitano, conformado por Sipe Sipe, Vinto, Cercado, Colcapirhua, Quillacollo, Tiquipaya y Sacaba.
En Sipe Sipe, las autoridades confían en lo que llaman “autocontrol” para frenar el avasallamiento de tierras.
En tanto que Vinto elabora leyes de protección como la Ley 59 del Playón de Charinco. Quillacollo intenta encontrar un equilibrio entre zonas para urbanizar y agrícolas. Cercado tiene normativas que no aplica.
Sacaba intentará contener el crecimiento horizontal y priorizará la vertical. Tiquipaya conservará la zona del trópico para la agricultura. Colcapirhua no tiene políticas de protección.
En opinión del presidente del Comité de Defensa de las Tierras Agrícolas del Agua y la Madre Tierra, Manuel Castro, los responsables directos para poner límites al avance de la mancha urbana son la Gobernación y las alcaldías. Lamentó que los gobiernos municipales no protejan las tierras agrícolas frente a la expansión urbana.
El coordinador del Consejo Metropolitano Kanata de la Gobernación, Omar Fernández, informó que los municipios ampliaron 16.420 hectáreas de tierras en sus manchas urbanas. Una de las más afectadas fue Sacaba, donde al menos 6.000 hectáreas pasaron al área urbana.
“Desde la Gobernación, Alcaldía y las direcciones departamentales del Ministerio de Tierras que es el INRA a nivel departamental y nacional, se están pasando el problema y están infringiendo la ley. Toda la persona que infringe la norma se vuelve delincuente”, dijo Castro.
Recordó que, desde 2012, enviaron reclamos sobre la pérdida de tierras con vocación agrícola. “Las denuncias fueron escritas, tenemos los recibidos. Incluso al presidente Evo Morales”, señaló.
A pesar de que en las alcaldías les conceden audiencias públicas para exponer la problemática, las autoridades no se encuentran por múltiples excusas; “Justo cuando vamos, fijamos hora, agendamos y no están, están haciendo entregas, salieron de emergencia o esto que el otro”, lamentó.
Proyecto de ley
Ante la pérdida de tierras productivas, se elabora un anteproyecto de ley que limitará la venta de tierras agrícolas y sancionará a los loteadores. Este documento será presentado al Gobierno Central en las siguientes semanas. El Comité de Defensa de las Tierras Agrícolas del Agua y la Madre Tierra prepara un ampliado departamental para una “gran marcha de protesta” de protección de tierras agrícolas.
Ciudad Sustentable
A nivel de gestión sustentable de territorio, el investigador y docente de la facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Marko Quiroga, planteó que para ser una “ciudad ideal” se requiere de un plan sostenible de asentamientos humanos metropolitanos y otro para el uso de suelo, entre algunos elementos.
A ello se suma que es necesario contar con un plan regulador de la metrópoli que incluya tres estrategias: “el manejo de espacios públicos y el incremento de áreas verdes, la reducción de la segregación socioespacial y el establecimiento de conectividad eficiente centro y periferia”
Las propuestas fueron planteadas en su artículo denominado “Un modelo de sustentabilidad para la ciudad: hacia la construcción de una política integral para el territorio”, publicado en el libro “Kanata la metrópoli bajo la lupa”.
Constitución manda cuidar tierras a tres instancias
El país y Cochabamba cuentan con normativas para proteger el acceso a la tierra y la preservación de las tierras agrícolas, verdes y de recarga. A continuación se presentan algunas:
1.- La Constitución Política del Estado (CPE) establece que la competencia exclusiva de la Gobernación es:
• Artículo 300. I.5: Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado, municipales e indígena.
2.- Es competencia exclusiva de las Alcaldías:
• Articulo 302. I.6: La elaboración y ejecución de programas de planes de uso de suelo en coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamental e indígenas.
• Artículo: 302. I.29: Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos. •Decreto Supremo 1809: Protección de áreas productivas agropecuarias urbanas. En concurrencia con el Estado
Artículo 299. II.5: Conservación de suelos y bosques.
3.- Competencia del Estado:
Artículo 396. I: El Estado regulará el mercado de tierras, evitando la acumulación en superficies mayores a las reconocidas por la ley, así como su división en superficies menores.
Edificaciones irregulares desbordan a las alcaldías
PROBLEMA DE TIERRAS
Vinto propone blindaje legal para lechos de río
MARÍA PATRICIA ARZE, ALCALDESA DE VINTO
La alcaldesa de Vinto, María Patricia Arce, dijo que todos los municipios cuentan con problemas de loteamientos. Con miras a “frenar” estas acciones y cuidar las áreas agrícolas, de recarga hídrica e históricas, el municipio trabaja en una “ley de consolidación de áreas protegidas”.
La normativa será enviada al Concejo la próxima semana. Respecto al lecho de río y recarga hídrica de Charinco, una de las zonas más afectadas por avasallamientos donde ahora construyen un cementerio, Arce informó que el área cuenta con una ley municipal que la declaró como un bien municipal de dominio público.
Aseguró que no permitirá “ningún tipo de construcciones a nadie”. Por ello, el 19 de julio entregarán de forma oficial la norma a los comunarios. Al menos nueve comunidades —entre ellas Thiomoko, Charinco, Mote Cato, Machajmarka, Cocahaca Chico, Coachaca Grande— serán beneficiadas.
Por otro lado, informó que los denominados “andinos” continúan la toma de tierras en la Comunidad del Sud en el cerro de Cota. Para “frenar” los avasallamientos, Vinto espera la reglamentación de la Ley 3194 de Cota.
Sipe Sipe aplica “autocontrol” de tierras
ADOLFO ARISPE, SECRETARIO GENERAL DE SIPE SIPE
El secretario general de la Alcaldía de Sipe Sipe, Adolfo Arispe, considera que el municipio no existe una “proliferación de loteamientos” debido a la “coordinación y autocontrol” que existe entre las 78 sindicatos y OTB afiliadas a la central regional.
Sin embargo, en el centro urbano de Sipe Sipe hay urbanizaciones que no cumplen con las normas de cesión de terreno. “En algunos casos no han dejado para calle y tenemos pasajes de cuatro o cinco metros”. Ante ello, elaboran una ley para regular la creación de urbanizaciones nuevas.
Sobre los loteamientos del cerro de cota, informó que el problema radica en la falta de una delimitación entre los municipios de Vinto y Sipe Sipe. Esperan una conciliación del problema entre ambos municipios.
Al igual que Vinto, esperan que la reglamentación de la Ley 3194 concluya en los próximos días.
“El senador Efraín Chambi nos manifestó que ya estaba concluido (la ley) y en días más estaría promulgado porque son asentamientos de data antigua”, señaló Arispe.
Tiquipaya ampliará más el área urbana
JUAN CARLOS ANGULO, ALCALDE DE TIQUIPAYA
Ante la acelerada y descomunal construcción de urbanizaciones en Tiquipaya a costa de la perdida de tierras agrícolas, el alcalde de ese municipio, Juan Carlos Angulo, informó trabajan en una normativa para “construir menos” a fin de tener más espacio para la producción y para precautelar el medio ambiente.
Añadió que algunos sectores agrícolas solicitaron ser urbanos a fin de registrar sus predios en Derechos Reales. Por ello, amplían el polígono urbano en un 90 por ciento del sector valle del municipio. El restante 10 que corresponde a la cordillera del Tunari y a la zona de trópico será preservado como área agrícola.
“Seguramente el próximo mes o dos meses ya nos darán la aprobación de esta norma”, dijo al respecto. Para muchos, Tiquipaya dejó de ser la “ciudad de las flores” para convertirse en la “ciudad cemento”.
Angulo indicó que ello se debe a los fenómenos climáticos que traen sequía y falta de agua. Sin embargo, cuentan con proyectos de riego tecnificado, con los cuales “pretenden recuperar” los terrenos para la producción.
Sacaba plantea crecer verticalmente
HUMBERTO SANCHEZ, ALCALDE SACABA
El Alcalde de Sacaba reconoció que en su municipio existe el tráfico y loteamiento de tierras, que escapan al manejo administrativo. Ante ello, elaboran el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) a fin de evitar el avance. “A veces se nos escapa de la parte administrativa. En Sacaba haya personas que se dedican al tráfico de tierras, a la venta y loteamiento ilegal de las tierras sin cumplir los requisitos”, lamentó. Espera que los movimientos sociales y campesinos colaboren con la meta.
Ante el avance urbano, informó que un desafío de Sacaba es crecer de forma vertical y no horizontal. La unidad de Planificación y Urbanismo trabaja en la tarea. “No vamos a poder parar el crecimiento poblacional, pero invocamos a los ciudadanos que tienen planificado sus nuevas construcciones que vayamos a lo vertical, ya no a los horizontales porque estamos terminando con los terrenos productivos”, dijo.
Expresó su preocupación por la seguridad alimentaria de los próximos hijos y nietos. El coordinador del Consejo Metropolitano Kanata de la Gobernación, Omar Fernández, informó que la mancha urbana de Sacaba homologada en 2014 avanzó hacia “toda” la zona agrícola. También están afectadas las comunidades de López Rancho, Curubamba y Tuskapujllo.
Quillacollo: “Hay loteamiento tras loteamiento”
EDUARDO MÉRIDA, ALCALDE DE QUILLACOLLO
El alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, informó que El Paso se convirtió en “tierra de nadie”, porque los loteamientos son frecuentes. Sin embargo, aseguró que su gestión municipal realiza acciones penales e investigaciones para frenar los avasallamientos. “He estado en El Paso y precisamente y hemos instruido actuar drásticamente con los loteamientos. Hemos hecho la llamada de atención al abogado que está allá. Lamentablemente, es tierra de nadie, existe loteamiento tras loteamiento”, lamentó al respecto.
Añadió que, amparados en títulos provistos por el INRA, los habitantes subdividen las tierras para urbanizaciones clandestinas. Ante ello, la Alcaldía demanda la nulidad de los títulos.
Aseguró que la ampliación de la mancha urbana permitirá reglamentar el uso de la tierra. Entretanto, las zonas más afectadas por los loteamientos son El Playón de Marquina, donde cerca de 100 hectáreas están en riesgo.
La Alcaldía informó que lograron recuperar el Playón de Marquina que contempla dos áreas: una para viviendas que existen en el sector y otra para la zona de recarga hídrica y protección. Más de 70.000 familias se beneficiarán.
Cercado tiene ordenanzas para proteger áreas
EDWIN JIMÉNEZ, CONCEJAL DE COCHABAMBA
El concejal Edwin Jiménez informó que, en diciembre de 2010, el Concejo Municipal de Cochabamba aprobó una ordenanza que instruye a la Alcaldía tomar acciones legales contra las personas que se dediquen al loteamiento de propiedad municipal.
“Esa misma norma determina que la comuna Tunari (norte) debe contratar si es necesario mayor cantidad de personal para evitar las construcciones fuera de norma encima de la cota 2.750”, señaló. Añadió que, según un informe de la comuna, los controles se realizan de lunes a viernes; pero los fines de semana se introduce material de construcción que termina en edificaciones emplazadas en tiempo récord.
La norma también recomendó la delimitación “clara” de la cota 2.750. Informó que, hace tres semanas, un grupo de vecinos de la zona sur denunció el loteamiento de tierras comunes en Alto Cochabamba y la serranía donde se ubica el túnel de El Abra. Ante ello, pidieron a la Alcaldía un informe para ver las acciones que realizan con miras a precautelar las áreas verdes, además de un estudio de topografía y georreferenciación de la serranía de San Pedro para ver las construcciones fuera de norma.
En Colcapirhua demolieron viviendas ilegales
DAVID SUÁREZ, CONCEJAL COLCAPIRHUA
El concejal de Colcapirhua, David Suárez, lamentó que en el municipio no existan políticas para frenar los loteamientos y la pérdida de tierras agrícolas. Dijo que los casos de avasallamientos aumentan. Uno de los más críticos fue el avasallamiento de una propiedad agrícola en Esquilán. Sólo una orden judicial y la demolición de 30 viviendas instaladas en la zona lograron el desalojo en 2015.
Las medidas fueron asumidas por los propietarios, quienes se dedicaban a la siembra de alimentos. A ello se suma el avasallamiento en las qollqas de Quenamari por presuntos comunarios que “hacen prevalecer” títulos ejecutoriados con los cuales fraccionan y venden terrenos. Éstos incluso fueron a La Paz para ampliar la mancha urbana hasta la serranía. La gente, enterada de que la mancha urbana se extendería en Colcapirhua, comenzó a comprar lotes en áreas agrícolas. El metro cuadrado que antes costaba 9 dólares ahora subió a 140. Por otro lado, hace dos meses, dos funcionarios de Derechos Reales fueron detenidos por falsificar sellos para aprobar terrenos en áreas agrícolas. Además, en Urbanismo operaba un clan de funcionarios que en la pasada gestión se dedicaba a legalizar terrenos.
