Justicia dura con opositores y suave con los oficialistas
Los jueces y fiscales en Cochabamba imponen medidas drásticas a las autoridades de oposición al MAS que enfrentan procesos y leves a los oficialistas, según una revisión de los procesos en el Ministerio Público.
El alcalde Eduardo Mérida, que en 2015 desplazó al candidato del MAS, Charles Becerra, en Quillacollo tiene arraigo por la presunta falsificación de la certificación de su libreta de servicio militar y una fianza de 80.000 bolivianos. Además de detención domiciliaria y otra fianza de 80.000 por no reincorporar oportunamente a cinco funcionarios. El 4 de julio, la Fiscalía pedirá su detención por un paro cívico.
El alcalde José María Leyes, que derrotó al candidato del MAS, Lucio Gonzales, enfrenta 14 procesos. También sus colaboradores más cercanos, la intendenta Luz Rojas y la secretaria de Cultura, Roxana Neri.
Además, la Contraloría General del Estado agilizó los informes sobre el desayuno escolar y la contratación de la secretaria de Desarrollo Humano, Andrea García, por no contar con título en provisión nacional.
En cambio, el exalcalde Gonzalo “Chaly” Terceros, aliado en el pasado al partido de Gobierno, recién fue imputado después de seis años por las obras inconclusas del hospital del niño.
Además, el exalcalde del MAS, Edwin Castellanos, investigado por el colapso del puente Independencia que demandó 13 millones de bolivianos, se defiende en libertad y se le fijó fianza de 50.000 bolivianos; no de 200 mil como se pidió. Los otros implicados tienen medidas sustitutivas.
Castellanos tiene tres procesos por el puente colapsado, los carros basureros “Cholangos” y la compra de tuberías sin proyecto.
Leyes aseveró: “Son procesos que tenemos todas las autoridades de oposición y esto muestra la intención del Gobierno de judicializar la política y perseguir a quienes pensamos distinto”.
A la fecha, Gonzalo Terceros (CIU) tiene seis; Edwin Castellanos (MAS), tres, y Armando Vargas (MAS), tres. A nivel nacional, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas (Demócratas), tiene 33 denuncias y el alcalde de La Paz, Luis Revilla (Sol.bo), más de 40.
Desde la gestión de Manfred Reyes Villa como prefecto, quien afronta 15 procesos, comenzaron las denuncias contra opositores.
LEYES INVESTIGARÁ PRESIONES
El alcalde José María Leyes (Demócratas) anunció que iniciarán una investigación de los jueces y fiscales que manejan los casos de su homólogo, Eduardo Mérida, quien tiene detención domiciliaria y fianza de 80.000 bolivianos por presunto incumplimiento de deberes y daño económico por no haber reincorporado oportunamente a cinco trabajadores. La denuncia fue hecha por los concejales del MAS, Víctor Osinaga y Antonio Montaño.
“Alcalde, usted no está solo (…) Cuenta con el apoyo de los Demócratas, que nos vamos a movilizar de inmediato. Vamos a pedir los extractos de llamadas telefónicas de los jueces para que se sepa la presión que han ejercido algunas personas (…) Detrás de esta medida cautelar, se puede observar un interés político partidario del MAS, de dar un golpe municipal”, refirió Leyes.
Por su parte, los asambleístas departamentales de Demócratas también expresaron su apoyo, dijo la jefa de bancada, Cinthya Mendoza. En tanto, el concejal Osinaga dijo que hay una “persecusión a la corrupción” con documentos. La detención se impuso a Mérida poco después de que se revocó el sobreseimiento a seis exalcaldes por el plan maestro y de ganar la acción por el Playón.
AFINES AL MAS Y OPOSITORES
Gonzalo “Chaly” Terceros, exalcalde (2005 - 2010)
El exalcalde tiene seis procesos en su contra. Uno de los más representativos es por los cobros irregulares para el mercado Santa Bárbara. La justicia sentenció a Terceros a tres años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes, concusión, extorsión y estafa. La sentencia fue apelada.
Otros procesos fueron dos por malversación de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y el caso Dimusa, que está dividido en tres partes. Luego de seis años recién fue imputado por las obras inconclusas del hospital del niño.
Edwin Castellanos, exalcalde (2010 - 2015)
La exautoridad del MAS enfrenta tres procesos. El más representativo es por el colapso del puente de la avenida Independencia por lo que pagó una fianza de 50.000 bolivianos. En primera instancia, sólo se le impuso un arraigo por un daño de al menos 13 millones de bolivianos. Posteriormente, la Sala Penal Primera levantó la medida y además se negó a elevar la fianza de 50.000 a 200.000 bolivianos. Por otro, lado la Contraloría no ha terminado la auditoría. También tiene un proceso por sobreprecio de los carros basureros y tuberías.
José María Leyes, alcalde de Cochabamba (2015 - a la fecha)
El actual alcalde de Cochabamba fue denunciado en 14 oportunidades por diversos acontecimientos de su gestión. Algunos de los casos más sobresalientes son la muerte del colombiano Álex Parra durante un operativo de la Intendencia, por el atropello de una persona por un camión de la Alcaldía y por no retirar campaña por el “No” en las elecciones del 21 de febrero de 2016.
El secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Sergio Coca, señaló que Leyes lleva esos procesos con un consorcio de abogados personal.
Eduardo Mérida, alcalde Quillacollo (2015 - a la fecha)
El alcalde de Quillacollo declaró en numerosas ocasiones que sufre persecución política porque tiene 14 procesos que se iniciaron desde que comenzó su gestión. Uno de ellos por la presunta falsificación del certificado de su libreta militar.
En otro caso es por supuestos problemas en la compra de foquitos de Navidad. A ello se suman conflictos con el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía. Hasta el momento tuvo que pagar dos fianzas de 80.000. Fue arraigado dos veces y en julio pedirán su encarcelamiento.
