Fiscalía responsabiliza a exministro de Temer de muerte de unas 14 personas
RÍO DE JANEIRO |
La Fiscalía dictó hoy una acción civil contra Ricardo Barros, quien se desempeñó como ministro de Salud durante el Gobierno del expresidente de Brasil, Michel Temer, por malos manejos administrativos que ocasionaron la muerte de, al menos, 14 personas.
Según el ente, Barros es acusado de irregularidades administrativas por la compra de medicamentos utilizados para el tratamiento de enfermedades raras.
La acción, que fue presentada en diciembre pero divulgada hoy por la Fiscalía, acusa al exministro de haber favorecido empresas, ignorar las legislaciones en las áreas administrativas, de licitaciones y sanitarias, causar detrimento al patrimonio público e incumplir cientos de decisiones judiciales.
Además de Barros, quien fue ministro durante el mandato del presidente Temer entre mayo de 2016 y abril de 2018, la Fiscalía también entró con una acción civil por malos manejos administrativos contra cuatro exfuncionarios de esa cartera y contra la empresa "Global Gestao em Saúde".
De acuerdo con la Fiscalía, durante el proceso de adquisición de los medicamentos fueron favorecidas empresas que no tenían historial de suministro a la administración pública, por lo que durante varios meses hubo desabastecimiento de remedios especializados para cientos de pacientes beneficiarios de órdenes judiciales, lo que agravó sus cuadros médicos y causó la muerte al menos a 14 de ellos.
Las investigaciones señalaron que el favorecimiento de las empresas fue iniciativa del exministro, quien, según el ente acusador, ordenó que todos los procesos de compra por orden judicial pasasen directamente por su escritorio.
Por las irregularidades y las consecuencias que estas causaron, la Fiscalía solicitó a la Justicia que los involucrados paguen cerca de 20 millones de reales (unos 5,2 millones de dólares) para reparar las arcas públicas.
Así mismo, el bloqueo de todos los bienes, la imposibilidad de desempeñarse en cargos públicos, la suspensión de los derechos políticos -de 3 a 5 años-, y el pago de una multa de hasta 100 veces el valor de sus remuneraciones, entre otras.
