Diputados presentan acusación constitucional contra Piñera
Un grupo de diputados de izquierda presentaron ayer una acusación constitucional ante el Congreso contra el presidente chileno, Sebastián Piñera, por su presunta responsabilidad en supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en medio de la crisis que sacude el país.
La acusación cuestiona al mandatario conservador por “las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en el último mes”, explicó la diputada Carmen Hertz, del Partido Comunista que patrocinó la demanda, apoyada por legisladores de otros siete partidos de izquierda y organizaciones de derechos humanos.
“Es muy importante decirle a Chile que esto no tiene ninguna posibilidad de prosperar”, afirmó, por su parte, el diputado oficialista Javier Macaya, quien explicó que la acusación no contará con los votos necesarios para ser aprobada.
Piñera decretó un estado de emergencia y toques de queda cuando estalló la crisis, el 18 de octubre, sacando a militares a apoyar a la Policía en los primeros días de convulsión cuando se registraron violentas manifestaciones.
Tras un mes de estallido social -el peor en tres décadas en Chile- se han registrado 22 muertos, miles de heridos y más de 200 personas con graves lesiones oculares por disparos de perdigones de la Policía, que además no ha escatimado en el uso de gases lacrimógenos durante manifestaciones en Santiago y otras ciudades.
“Hoy día el presidente Piñera ha perdido absolutamente toda la gobernabilidad. Queremos decir basta a todas las violaciones a los derechos humanos”, sostuvo Carolina Marzán, del Partido por la Democracia (PPD).
MILES DE DETENIDOS EN UN MES
En el primer mes de las protestas sociales, 17.313 personas han sido detenidas —950 de ellas están aún en prisión preventiva—.
Según datos de Carabineros, 131 comisarías han sido atacadas en estas semanas, además de cinco cuarteles del Ejército.
El propio mandatario reconoció la noche del domingo que ha habido abusos y un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y se comprometió a sancionarlo. De hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ya ha llevado a los tribunales 346 casos, de los que 246 fueron por torturas y tratos crueles y 58 por violencia sexual.
