Joven asesinada por la Junta Militar se convierte en un símbolo en Birmania
Rangún |
Con lágrimas y en desafío a la junta militar, una multitud de personas asistió ayer al funeral “Ángel” una manifestante de 19 años que se ha convertido en un icono contra los uniformados y la violencia militar que ha dejado ya más de 50 muertos en Birmania (Myanmar).
Kyal Sin, apodada Ángel, falleció el miércoles de un disparo en la cabeza durante una protesta en la ciudad de Mandalay en la que llevaba una camiseta negra con la frase "Everything will be OK" ("Todo irá bien") y su imagen se ha convertido en viral en las redes sociales.
Sus amigos y familiares, incluido su padre, se abrazaban en el funeral y algunos hacían el gesto de los tres dedos de la saga de "Los juegos del hambre", símbolo de resistencia y protesta contra el abuso del poder que desde Tailandia se ha extendido a Birmania y Hong Kong.
Bailarina y aficionada al taekwondo, Kyal Sin ha sido descrita por otros manifestantes como una activista solidaria que llevaba encima una etiqueta con su nombre y un mensaje en el que decía que quería donar sus órganos en caso de fallecer.
En una de las fotos antes de morir que se han viralizado, la joven aparece entre la multitud con unas gafas para protegerse de los gases lacrimógenos, mascarilla y una botella de plástico en la mano.
"La botella en la mano es para ayudar a otros que eran alcanzados por el gas lacrimógeno. Sacrificó su vida para enseñarnos que hay esperanza", escribió en Twitter Aung Naing Soe, un internauta birmano.
La jornada del miércoles fue la más sangrienta desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero tras la muerte de 38 manifestantes y más de 100 heridos, según la ONU, a causa de la represión de las fuerzas de seguridad en ciudades como Rangún, Mandalay y Monywa en su estrategia para aterrorizar a la población. Sin embargo, los birmanos volvieron a salir a las calles ayer en ciudades como Rangún, Mandalay y la capital, Naypyidó, para protestar contra la junta militar y pedir la liberación de los detenidos, incluida la nobel de la Paz y líder de facto del país depuesta, Aung San Suu Kyi.
En dos diferentes puntos de Rangún, la antigua capital, centenares de jóvenes ataviados en su mayoría con cascos de plástico y escudos rudimentarios formaron barricadas para protegerse de las fuerzas de seguridad, que intentaban dispersarlos. Especialmente tensa era la situación en el distrito de Okkalapa Norte donde al menos 10 manifestantes murieron el miércoles y decenas fueron heridos. Allí la policía contó ayer con el apoyo de soldados de la marina, informó el medio local “Myanmar Now”.
La Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu KYi, indicó en un comunicado que las banderas ondearían a media asta en sus oficinas para conmemorar a los muertos del miércoles, que superaron a los al menos 19 fallecidos del domingo pasado.
El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto abordar este viernes, en una videoconferencia a puerta cerrada, la situación en el país, según hizo oficial este miércoles la presidencia de turno del órgano, que ocupa EEUU.
Los manifestantes exigen al Ejército, que gobernó el país con puño de hierro de manera ininterrumpida entre 1962 y 2011, que permita la vuelta a la democracia y reconozca los resultados de las elecciones del pasado noviembre, en las que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hizo en 2015.
Condena internacional
La violencia del miércoles volvió a suscitar la condena internacional y Washington instó a China a "ejercer su influencia" con los generales.
Pekín y Moscú, aliados tradicionales del ejército birmano en Naciones Unidas, no han condenado el golpe, al considerar que la crisis es un "asunto interno" del país.
El Reino Unido solicitó una nueva reunión del Consejo de Seguridad de la ONU hoy.
La represión también tiene lugar en el terreno judicial.
Aung San Suu Kyi, que sigue detenida en un lugar secreto por el ejército, está acusada de cuatro delitos, entre ellos, "incitación a los disturbios públicos". El expresidente Win Myint está acusado, por su parte, de violar la Constitución.
Seis periodistas birmanos están acusados de "propagar el miedo entre la población, difundir informaciones falsas o incitar a los empleados del gobierno a la desobediencia". Se exponen a tres años de cárcel.
