Podemos bloquea agenda; referéndum está en riesgo

El Deber y Agencias
Poder Democrático y Social (Podemos) decidió ayer no viabilizar la agenda legislativa, en la cual se encuentra la designación de autoridades judiciales y vocales para la Corte Nacional Electoral (CNE), mientras siga vigente el estado de sitio en Pando, continúen las detenciones y la arremetida contra el Poder Judicial. El Movimiento Al Socialismo (MAS) tomó esas exigencias como un nuevo "chantaje político" para evitar la consulta constitucional y advirtió con efectuar las designaciones "con o sin Podemos".
La reunión de jefes de bancada para concertar una agenda estaba fijada para ayer las 15:00, sin embargo en horas de la mañana, los parlamentarios podemistas anticiparon su decisión de no viabilizar ese "diálogo político" en el Congreso y contrariamente plantearon fijar nueva fecha para la realización del referéndum ante la negativa del Ejecutivo a suspender el estado de sitio en Pando. Por esta nueva posición, fracasó la reunión en horas de la tarde que sostuvieron las directivas de las Cámaras de Senadores y Diputados; y los jefes de bancada.
El ministro de Defensa, Walker San Miguel anunció que el Gobierno hoy en reunión de gabinete, analizará el pedido de la CNE de levantar el estado de sitio en Pando hasta el 23 de noviembre. Dijo que recibirán un informe del Comando Conjunto, para evaluar si es factible levantar la medida de excepción.
"No hay las mínimas condiciones para que se inicie un diálogo y pueda tener resultados, le hemos explicado al presidente de la Cámara de Diputados y a los jefes de bancada, hemos coincidido la Bancada de Podemos con el MNR de que mientras no se suspenda el estado de sitio, mientras no se deje de perseguir y atemorizar a un pueblo, mientras no se deje de perseguir a la Corte Suprema de Justicia y a otras autoridades judiciales no habrá la posibilidad de seguir avanzando", aseguró el senador de Podemos, Roger Pinto.
Ante este anunció, el jefe de Bancada del MAS en senadores, Félix Rojas, anunció que tratarán de consensuar con los opositores disidentes para lograr impulsar la agenda legislativa y el tema de las designaciones: "la derecha radical quiere inviabilizar todo este proceso, sin embargo, nosotros vamos a contar con el apoyo de los propios disidentes de Podemos, vamos a reunir los dos tercios como lo hicimos el pasado martes 21 de octubre, sin contar con los ultraderechistas de Podemos, MNR y UN", aseguró.
En la misma línea el Senador del MAS, Ricardo Díaz criticó la actitud de los legisladores de Podemos: "bueno me sabe más a chantaje que a una posición de diálogo y de buscar entendimiento, después de ese proceso histórico que hemos vivido, ojalá que no se esté buscando el ablandamiento de leyes como la Ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz ni esperando negociaciones o cuoteos en designaciones judiciales", afirmó el legislador.
El diputado opositor Antonio Franco respondió que "quien chantajea el proceso de diálogo es el MAS, que está impidiendo la normalidad dentro del proceso del referéndum. El acuerdo para promulgar la Ley de Convocatoria era que el Gobierno suspenda el estado de sitio en Pando y el presidente, Evo Morales, no cumplió", señaló Franco.
Según informó el presidente del Senado, Óscar Ortiz, envió ayer una carta a la CNE para "hacerle notar" que nunca debió dar inicio al cronograma electoral para el referéndum constituyente.
"El cronograma electoral no puede ejecutarse entre tanto haya un estado de sitio vigente", puntualizó Ortiz, agregó que es impensable que se desarrolle el periodo de inscripciones en Pando, cuando la población no tiene libertad para moverse y las persecuciones del Gobierno continúan.
"Más allá de las designaciones, el Gobierno tiene que frenar el holocausto de los miembros del Poder Judicial y restituir el estado de derecho en Pando porque hay un riesgo real sobre el referéndum "esto sin contar que el próximo 10 de diciembre termina su mandato un vocal de Corte Electoral", dijo por su parte el senador podemista Luis Vásquez.
Para el diputado de Unidad Nacional, Arturo Murillo, el levantamiento del estado de sitio en Pando no sólo es determinante para destrabar la agenda congresal y garantizar el referéndum, sino también porque es un compromiso del vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, como parte del acuerdo que hizo posible la convocatoria a la consulta.
PARLAMENTARIOS SE ENFRENTAN
Informe de Baptista no conforma a oficialistas
Agencias
Pese a la amplia explicación que ofreció ayer el ministro de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Baptista, sobre las resoluciones que dictó esta instancia judicial disponiendo el traslado del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, a Sucre, los parlamentarios oficialistas, no quedaron conformes.
Durante varias horas, los miembros de la Comisión Especial Multipartidaria de Diputados que investigan los sucesos violentos en Pando, escucharon los argumentos del ministro de la Suprema, quien fue citado a esa instancia legislativa al igual que el fiscal general en ejercicio, César Cartagena; el director del Instituto de Investigaciones Forense (IDIF), Antonio Tórrez Balanza; (ambos se presentaron en horas de la mañana) y el gobernador del penal de San Pedro de La Paz, Manuel Guzmán (compareció ayer).
Baptista quien fue acusado por el Gobierno de favorecer a la autoridad pandina, compareció ante la comisión desde las 17:30, explicó el procedimiento seguido en el caso del Prefecto pandino y ratificó los fundamentos legales para su traslado a Sucre para que sea puesto a disposición de la Fiscalía General y sea sometido a un juicio de responsabilidades.
La interrupción continua de la explicación del magistrado por parte de los legisladores oficialistas molestó a los opositores y degeneró en una lluvia de agresiones verbales.
A la conclusión del informe de Baptista, el presidente de la Comisión (MAS), René Martínez informó a la prensa que el magistrado eludió las preguntas que la comisión multipartidaria le hizo. "No contribuyó con su testimonio, en el proceso de investigación de la masacre acontecida en Pando", dijo.
Cartagena en su informe reconoció la competencia jurídica de la Comisión Especial Multipartidaria de Diputados.