Murillo dice que el Gobierno quiere que Doria Medina deje el país
COCHABAMBA |
El senador de Unidad Demócrata (UD) Arturo Murillo afirmó hoy que el líder de la opositora Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, se presentará a la audiencia de medidas cautelares por el caso Focas, el próximo 3 de noviembre, y denunció que el Gobierno impulsa ese juicio para que el excandidato presidencial se vea obligado a dejar el país.
“La persecución política no para ni va a parar, quieren amedrentar a Samuel, quieren ver si logran verlos escapar, no lo van a conseguir, Samuel es un hombre que quiere a Bolivia y se va a quedar en Bolivia”, dijo Murillo a los periodistas en Cochabamba.
Ayer, el Ministerio Público pidió la detención preventiva del también empresario por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica en el denominado caso Focas.
La audiencia que podría definir que Doria Medina sea detenido se llevará a cabo el 3 de noviembre, en Sucre; otro caso, el denominado ENFE, que involucra a dos docenas de exautoridades, se realizará el 9 de noviembre en esa ciudad.
“Vamos a estar presentes en la audiencia el 3 de noviembre, vamos a estar firmes, no tenemos por qué tener miedo, (el caso) es de hace más de 25 años, no tiene ningún asidero, han buscado formas para inculparlo por algo”, aseveró.
El senador no descartó acudir a instancias internacionales en caso de que la audiencia fije detención preventiva para Doria Medina.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo que es "el colmo" que los políticos de la oposición aleguen persecución política siempre que tienen un problema pendiente con la justicia, en referencia al caso de Doria Medina.
"Me parece que es el colmo que la oposición, cada vez que tiene un problema con la justicia por corrupción o por hechos de corrupción hablen de persecución política", dijo.
¿Qué es el caso Focas?
Focas era un sistema de préstamos de EEUU a Bolivia que posteriormente ese país condonó a cambio de que se conforme una fundación privada. Doria Medina, siendo ministro de Planeamiento en 1992, aceptó esa condición de EEUU ya que era más favorable que pagar el crédito. Sin embargo, la Fiscalía lo acusa de “haber traspasado fondos públicos a una entidad privada”.
