Policía de la Paz rechaza informe del Defensor
El comandante departamental de la Policía de La Paz, Abel de La Barra, y el excomandante de ese distrito, José Luis Araníbar, negaron ayer que en el desbloqueo de la carretera La Paz - Oruro, en agosto último cerca de la localidad de Panduro, los uniformados hayan usado armas de fuego.
Los policías respondieron así al informe del Defensor del Pueblo, David Tezanos, quien sostuvo en su informe difundido el jueves que siete efectivos portaban armas letales durante los operativos.
“En mi opinión personal, en mi actuación no se utilizaron armas letales en el desbloqueo de cooperativistas mineros, nuestra doctrina, nuestra misión y visión es cumplir y hacer cumplir los instructivos y las leyes”, enfatizó De La Barra a la agencia ABI.
Los choques entre policías y cooperativistas dejaron el saldo de seis fallecidos, cinco mineros y un viceministro, y decenas de heridos de ambos bandos.
En tanto, Araníbar, negó que haya estado armado durante las jornadas de enfrentamiento con cooperativistas mineros, como lo aseguró Tezanos.
Según el informe del Defensor, el coronel Araníbar llevaba su arma reglamentaria en el pecho, la jornada del 24 de agosto.
El exjefe policial respondió que el Defensor “está faltando a la verdad, no es cierto, es una aseveración temeraria al indicar que a mí me ha visto portando arma de fuego”.
Por su parte, De La Barra demandó “pruebas” e insistió en que los uniformados sólo usaron agentes químicos que están autorizados por la ONU “que no lesionan, no lastiman, están destinadas a persuadir”.
Araníbar, quien estaba a cargo del contingente en Panduro, aseguró que no había armas letales, sino solamente el equipo antimotines que usa la Policía en estas situaciones de conflictos sociales.
Calificó de “absurdo” el informe defensorial y anunció que analizará con sus abogados la pertinencia de iniciar acciones legales contra Tezanos.
Recalcó que la instrucción para el operativo en Panduro prohibía el uso de armas de fuego.
El Coronel está investigado por la Fiscalía por los delitos de incumplimiento de deberes, omisión de socorro y otros, porque supuestamente no cumplió con replegar al contingente, como exigían los mineros para liberar a Rodolfo Illanes, quien luego murió asesinado.
Fiscalía espera declaración
Respecto al informe Defensorial sobre el conflicto de los cooperativistas mineros, en el que detalla una serie de situaciones y hechos que se desconocían, el representante del Ministerio Público, Edwin Blanco, manifestó que los datos no son oficiales y que éstos se consideraran valederos una vez que el Defensor preste su declaración informativa y esté refrendada en un acta.
“Toda información que sale en los medios de prensa es información, pero para nosotros vale cuando toda información cursa en un acta de declaración, entonces, oficialmente para la investigación no existe ningún punto de partida para este aspecto, es más, el día lunes nosotros veremos que surge de la declaración del Defensor y ahí vamos a tomar decisiones”, puntualizó.
Tezanos dijo el jueves que siete oficiales portaban armas de reglamento en el desbloqueo de la carretera entre La Paz y Oruro, en la población de Panduro, lugar donde fue asesinado Illanes, además de la muerte del cooperativista minero, Rubén Aparaya, por impacto de bala. Blanco manifestó que la Fiscalía deberá contrastar la declaración brindada por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ante la comisión de fiscales, oportunidad en que aseguró que el accionar de la Policía el pasado 25 de agosto se desarrolló dentro de lo que establece el Protocolo de la ONU en casos de secuestros y que los policías no llevaron armas letales al lugar.
