La calidad de nuestra democracia

Aunque no existe una metodología común para medir la calidad de la democracia en los países, la ciencia política la ha asumido ya como una categoría necesaria para evaluar el estado de este sistema de gobierno, más allá de la realización de elecciones periódicas o la existencia de instituciones electorales más o menos confiables.

En términos generales, los académicos e investigadores coinciden que aspectos como la separación efectiva de los poderes; la vigencia del Estado de derecho; la libertad de prensa y de expresión; la acción y participación libre de las organizaciones de la sociedad; la rendición de cuentas; el control del poder político; la transparencia en la administración pública; la legitimidad de las decisiones y las acciones del Gobierno, y el funcionamiento de un sistema probo e idóneo de justicia constituyen algunas variables ineludibles al momento de considerar si una democracia goza de buena salud o si ha sido subordinada a intereses de grupos o partidos.

En el caso boliviano, si bien no podemos ignorar avances importantes, como la paridad de género o una mayor inclusión, existen investigaciones de entidades que gozan de credibilidad y prestigio en todo el mundo, que muestran evidentes deterioros y retrocesos en todas las variables señaladas. Veamos algunos ejemplos:

– El Índice de Calidad Institucional 2017, elaborado por las Fundaciones “Libertad y Progreso” y “Friedrich Naumann Stiftung”, que mide variables como la vigencia del Estado de derecho, rendición de cuentas, libertad de prensa, corrupción y libertad económica, ubica a Bolivia en el puesto 145 de 190 países, antepenúltimo en Sudamérica. En Estado de derecho tenemos uno de los peores índices, solamente superado por los de Haití y Venezuela.

– El “Índice de Estado de derecho 2017” del World Justice Project, que mide 44 indicadores en temas como límites al poder gubernamental, transparencia, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y penal, sitúa a Bolivia en el puesto 106, de 113 países evaluados. En la percepción sobre la calidad de la justicia, ocupamos el puesto 104, detrás de Nigeria, Bangladesh y Honduras.

– La “Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2017”, elaborada por la Fundación Reporteros sin Fronteras, señala que Bolivia ocupa el puesto 107 de 180 países. El análisis incluye censura, presiones, persecución, negación de información pública, despidos, represión, etc. Descendimos 10 puestos en el último año.

– El ranking de corrupción gubernamental 2017, publicado por “Transparencia Internacional”, sitúa a Bolivia en la posición 112 de 180 países analizados.

– En su reporte correspondiente a 2016, sobre el estado de las democracias en el mundo, el diario británico The Economist, concluyó que Bolivia tuvo el peor indicador en los últimos 10 años en el nivel de su democracia, con una puntuación de 5,63 sobre 10, y mantuvo su clasificación como “democracia híbrida”. Según el informe, existen irregularidades sustanciales en las elecciones que las alejan de ser libres o justas; el Gobierno presiona a los partidos de oposición, el Estado de derecho es débil y el poder judicial no es plenamente independiente.

Estos datos son coincidentes con la percepción interna ya que, según el Informe 2017 del Latinobarómetro, sólo el 35% de los bolivianos está satisfecho con la democracia, el 56% cree que se gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio, sólo el 32% opina que el Gobierno cumple sus promesas y el 24% que se fiscaliza al poder.

Al margen de estos resultados, de por sí alarmantes, la calidad de nuestra democracia debe medirse también por el grado de cumplimiento y respeto a la Constitución Política y la vigencia plena de los derechos humanos. Lamentablemente, casos como la Sentencia 084/2017 del Tribunal Constitucional y la negación de la voluntad popular expresada el 21F muestran que en Bolivia estamos avanzando hacia un deterioro progresivo de la democracia en todas sus formas, lo que puede terminar en una conculcación de nuestras libertades fundamentales.

El autor es exdefensor del Pueblo y actual miembro del Conade.