Proyección de la política criminal boliviana
Han transcurrido algo más de dos décadas desde que el Estado boliviano emprendió una política criminal de hondo calado con miras a cambiar la denostada imagen del sistema de administración de justicia penal, caracterizado por la mora procesal, el abuso de la detención preventiva, el hacinamiento penitenciario, y la sistemática vulneración de derechos y garantías de las partes procesales.
Con la entrada en vigor de la Ley No. 1970, los actores políticos de la época generaron grandes expectativas en la sociedad, y no era para menos, pues se buscaba crear una justicia eficiente y respetuosa de los derechos fundamentales a través de la racionalización del poder penal. Sin embargo, más allá de las buenas intenciones, el perfil de la justicia no había variado en mucho. Por ello, el año 2016, se llevó a cabo la denominada Cumbre de la Justicia, a fin de recopilar las propuestas de la sociedad civil, en su conjunto, para mejorar el sistema judicial. A partir de aquella acertada medida, el Estado boliviano, inició una reingeniería del sistema de justicia penal.
Con base en esos antecedentes, la actual Fiscalía General del Estado, dejó por sentado que la mejor política criminal no se traduce en una política penal, sino en la adopción de diversas herramientas, y estrategias de política pública, en la que el recurso al poder penal se encuentra limitado a supuestos que, inevitablemente, requieren del ius puniendi a fin de recomponer el orden social. En ese sentido, la actual política criminal boliviana centra su atención en la prevención, que se constituye en el dispositivo disuasivo contra la violencia y la criminalidad. Así, también, se tiene al pilar de la investigación cuya labor es asumida entre el Ministerio Público y la Policía Boliviana y, a tal efecto, se dota a estas instituciones de los insumos necesarios para garantizar una investigación criminal objetiva, científica e integral. Desde luego, no puede dejarse de lado otro componente: el fomento de la conciliación cuando la norma así lo permite. Por lo mismo, se resalta la labor de la Fiscalía General del Estado en procura de garantizar la igualdad en el acceso a la justicia, necesaria para generar una cultura de paz y, de otro lado, centrar esfuerzos en la lucha contra hechos de violencia hacia la mujer que se presentan aún durante la pandemia de Covid-19.
Como en todo, todavía hay camino por recorrer en el desarrollo de un trabajo técnico y conjunto que permita fortalecer el sistema de justicia penal con miras a combatir el crimen organizado nacional y transnacional, la trata de personas, la corrupción, el tráfico de drogas, además de la atención a víctimas en razón de género, y el delito en general, tareas que, de seguro, serán alcanzadas en el mediano y largo plazo, siempre que se continúen con las acertadas líneas político criminales asumidas por la Fiscalía General y otras instituciones estatales y de la cooperación involucradas en la temática.
El autor es abogado y actual Fiscal Departamental de La Paz
