Las crisis golpean más al sector privado

En febrero de 2022, cuando los casos de Covid-19 empezaron a disminuir gracias a la vacunación masiva, parecía que la peor crisis que enfrentamos estaba en proceso de solución. Y así fue.  En términos de salud, la quinta ola pasó sin mucho contratiempo y actualmente esta terrible pandemia que trajo luto y dolor a las familias y dejó graves consecuencias en la economía, el empleo y la producción ya no forma parte de las principales preocupaciones de los bolivianos.

Sin embargo, no tuvimos que esperar mucho tiempo para soportar un nuevo peligro, originado esta vez por la guerra en Ucrania que generó una profunda incertidumbre y un grave daño en algunos sectores económicos, por el aumento inusitado de la inflación en países vecinos, el incremento del contrabando, problemas en la provisión de productos básicos como el maíz y el trigo y un significativo incremento del costo de importación de carburantes.

Casi en paralelo, los bolivianos empezamos a sufrir un progresivo incremento de la conflictividad social y política que en 11 meses registró más de 100 bloqueos, de duración variable, pero de consecuencias similares, cuyo vértice fue el reciente paro de 36 días en Santa Cruz. Aunque los detonantes fueron temas políticos y sociales, las consecuencias en todos los casos son económicas.

Las crisis señaladas ya tienen efectos negativos en la macroeconomía.  El crecimiento del PIB no alcanzará el 5,1% proyectado por el Gobierno y posiblemente bordeará el 3,5% estimado por la Cepal. Hay señales de alarma en las Reservas Internacionales Netas, que bajaron casi a los niveles registrados en 2006; el Índice de Precios al Consumidor muestra subidas leves pero sostenidas (2,9%), aunque en la economía ciudadana el aumento del costo de vida es mayor; disminuye el ritmo del comercio exterior y el déficit fiscal continúa siendo elevado.

Este complejo escenario económico muestra indicios de un aumento de la pobreza; certezas de desigualdades crecientes entre departamentos, rubros y poblaciones; y evidencias de que la mayor afectación, en todos los casos, alcanza directamente al sector privado.

La magnitud de los daños sufridos este año en la producción, el empleo y la estabilidad de las empresas y los emprendimientos es incalculable y no se puede medir solamente en términos de ingresos y egresos -que son significativos- sino que alcanzan otros aspectos sustantivos como la pérdida de confianza, el deterioro del clima de negocios y de inversiones, la inseguridad, la incertidumbre en el futuro y la disminución sistemática del empleo digno.

El aumento sostenido del contrabando, que según estimaciones de la Cámara de Comercio alcanza a 3.600 millones de dólares anuales, ha causado graves problemas en las industrias vitivinícola, de alimentos, bebidas, lácteos, textiles y otros. La crisis de los contenedores por la pandemia y la afectación de la cadena de suministros por la guerra han encarecido los precios de insumos, repuestos y bienes importados. Los constantes bloqueos han originado pérdidas cuantiosas al comercio, pero sobre todo al sector transporte que además ha tenido que enfrentar contratiempos similares en países vecinos; lo propio ha sucedido con los sectores agrícola y pecuario, especialmente los productores de pollo, carne, huevo, frutas y tubérculos, que en muchos casos han tenido que cerrar sus emprendimientos. A esto deben sumarse los graves problemas producidos por los fenómenos climáticos que ya están causando estragos a la agricultura en varias regiones del país.

Lamentablemente, la gravedad de los problemas no ha encontrado soluciones ni apoyo oportuno desde el Gobierno, que incluso ha tomado medidas contraproducentes y regresivas como el incremento salarial desproporcionado; la limitación del uso de gas para la industria; la prohibición de exportaciones de soya, azúcar y carne durante el conflicto por el censo; el aumento del acoso tributario; el endurecimiento de las normas laborales; la inacción frente a avasallamientos, cercos, hostigamiento e incluso toma de unidades productivas y la persistencia en crear empresas estatales que generan competencia desleal y cuya administración y rentabilidad siguen siendo cuestionadas.

Casi con certeza, podemos afirmar que el sector privado está enfrentando una de las situaciones de crisis combinadas más graves de las últimas décadas y las perspectivas no son optimistas, si consideramos que los problemas sociales, ambientales y económicos, sumados a la creciente tensión política, pueden agravarse aun más.

A diferencia del ámbito político, que se conforma con dictar normas como la solución a los conflictos, el sector privado depende de múltiples factores como la seguridad y la estabilidad para sostenerse y desarrollarse, y en las actuales circunstancias ninguna de las dos condiciones está garantizada, lo que lo coloca en un estado de precariedad cada vez más preocupante. Huelga decir que un eventual colapso del sector llevaría al país a una crisis económica y social sin precedentes.