El desafío de implementar el cambio

El Gobierno del presidente Paz Pereira ha promulgado el Decreto Supremo 5503 que tiene como objeto declarar la emergencia económica nacional y procurar la estabilidad económica y social del país.

Es un paso importante de un Gobierno que inicia su gestión y no tiene tiempo que perder para afrontar una crisis muy profunda, cuyas causas siguen presentes y aún se pueden agravar mucho más.

Esta norma representa un paso muy importante en la dirección correcta, aunque es todavía incipiente para establecer un nuevo modelo económico que nos aleje del estatismo populista que ha destruido los fundamentos económicos de Bolivia.

Obviamente, el corazón de esta medida lo constituye el incremento del precio de los combustibles, orientados a eliminar en gran medida la subvención a los mismos, especialmente al diésel y a la gasolina, y en menor medida al gas natural vehicular (GNV).

Esa subvención no solo era insostenible, sino también causante de grandes pérdidas económicas por el contrabando inevitable de diésel y gasolina que causaba la gran diferencia entre los precios internos y los de los países vecinos, además de la corrupción que se generaba a lo largo de la cadena de adquisición, importación y distribución de estos combustibles líquidos

Esta es una medida muy importante que corrige la distorsión que causó el congelamiento de estos precios durante los últimos 20 años y que es imprescindible para lograr asegurar la provisión de la energía que requieren la ciudadanía y los sectores productivos, así como para reducir el déficit fiscal que es unos de los grandes problemas que se deben superar para estabilizar la economía y establecer las bases de la reactivación y el crecimiento.

Sólo esta medida implica por sí misma la importancia y trascendencia del Decreto 5503, y se debe reconocer su beneficio y valor para la reforma económica.

El gran desafío será no solo sostenerla sino desarrollar un proceso que permita ajustar periódicamente estos precios en función de la realidad internacional para evitar ajustes traumáticos en el futuro.

Ese proceso debe también transparentar la importación y distribución de combustibles, tanto en lo que se refiere a su transferencia al sector privado como en lo que quede en manos del Estado, para evitar que continúen operando, con nuevos actores, los esquemas de corrupción del pasado.

Es de esperar que con estos nuevos precios se garantice la participación de proveedores privados en las nuevas convocatorias para aprovisionamiento de combustibles, y el Estado se vaya liberando de esta responsabilidad que claramente ya no tiene condiciones de asegurar.

Igualmente, esta medida debiera viabilizar las gestiones para conseguir el financiamiento internacional que se requerirá durante el próximo quinquenio para garantizar las divisas que requiere la economía mientras se logra atraer inversiones y desarrollar nuevas exportaciones.

El Decreto da señales positivas en cuanto a establecer nuevas condiciones para la atracción de inversiones y la liberación del comercio exterior, que ha sido asfixiado durante los últimos años por una maraña burocrática de cupos, licencias previas y distintas regulaciones que han inviabilizado un mayor desarrollo exportador.

Estas señales son importantes, pero en su mayoría aún no tienen aplicación inmediata, aspecto que, al final del día, es lo que importa y produce efectos.

En el caso de la inversión internacional será muy difícil que los inversionistas se acojan a un nuevo régimen de garantías que sólo esté basado en un decreto, por lo que será necesaria una nueva Ley de Inversiones.

En el caso de la reforma de las regulaciones internas a las actividades económicas, muchas requieren medidas adicionales para tener una aplicación efectiva.

En este campo es imprescindible desarrollar un programa amplio de desregulación burocrática, al estilo de lo que está realizando la gestión del presidente Milei en la Argentina, el cual, además, en su mayoría, se puede realizar mediante la abrogación, derogación y modificación de decretos supremos y resoluciones ministeriales

El punto débil del Decreto quizás lo constituya la carencia de otras medidas orientadas a la reducción del déficit fiscal, puesto que la disminución de la subvención a los combustibles sólo afecta entre el 20% y el 30% de este desbalance.

Es necesario iniciar un proceso de achicamiento el Estado y de reestructuración de la gran cantidad de empresas y reparticiones públicas que se crearon en las dos últimas décadas, entre las medidas más importantes para equilibrar las cuentas fiscales.

El Gobierno ha dado un paso muy importante y brindado señales que han tenido efectos iniciales positivos; toca implementar el cambio, aquella palabra que hemos importado del inglés y que la Real Academia de la Lengua Española ha definido como “Poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etc. para llevar algo a cabo”.

El autor ha sido senador y ministro de Estado