Minoría violenta vs. mayoría ciudadana

Bolivia nuevamente se encuentra frente a una grave crisis política y social que tendrá profundas y muy negativas consecuencias económicas. El Gobierno está asediado por bloqueos de caminos y marchas en la sede de gobierno que atentan contra la seguridad y la salud de quienes habitan el área metropolitana La Paz-El Alto, y no encuentra salida a la situación frente al temor de generar una ola de violencia que se pueda descontrolar.

En estas circunstancias, se reactivan todos los ejes que dividen a los bolivianos, las áreas urbanas frente a las rurales, el occidente frente a el oriente, indígenas versus mestizos, y un largo etcétera que pone nuevamente en duda nuestra capacidad de convivir como nación y nuestra viabilidad como país.

Muchos justifican las reacciones de los sectores movilizados como un derecho por sentirse excluidos del poder gubernamental después de 20 años de ser parte de este; porque sentirse engañados por el Gobierno que se eligió con sus votos y procura gobernar con un programa distinto, y otros  argumentos para justificar las movilizaciones y su violencia.

En todos estos análisis habrá que identificar los verdaderos motivos y a los reales instigadores de esas acciones, separando las condiciones que generan un caldo de cultivo propicio para el malestar social de los intereses de los dirigentes sindicales y políticos que organizan las movilizaciones.

En cuanto a las condiciones propicias es innegable que toda crisis económica produce sufrimiento y el país lleva varios años de dificultades económicas que siempre se cobran a quien gobierna. Frente a ello, la actual gestión con sus promesas electorales y su exitismo inicial cometió un gravísimo error de comunicación al no explicar a la población la real situación con la cual recibió el país y el largo periodo de sacrificios necesarios para superarla.

A ello se suman los problemas de la baja calidad de la gasolina y una serie de circunstancias aprovechadas por dirigentes para buscar recuperar el poder que durante dos décadas sirvió a sus intereses políticos y económicos.

Estos intereses no son todos iguales, pero coinciden en un mismo momento aprovechando la debilidad de un Gobierno que no supo traducir los votos en una coalición que brinde gobernabilidad, y cuya ambigüedad de posiciones y permanente indecisión y retrocesos en sus medidas es, para dichos dirigentes, una oportunidad de obtener ventajas que les aseguren sus privilegios.

En cuanto a los líderes políticos desplazados en la última elección, claramente se advierten dos corrientes, la que busca la sucesión constitucional para formar Gobierno alrededor del vicepresidente Lara, y la que impulsa Evo Morales buscando un borrón y cuenta nueva que le permita habilitarse y postular candidatos a la Asamblea Legislativa.

Todo esto sucede en nombre del llamado poder de la calle, argumentando que la democracia basada en las instituciones no es la única realidad en Bolivia y que esa otra realidad paralela también debe ser tomada en cuenta y tener sus espacios de participación, aunque en realidad buscan el cogobierno.

Sin embargo, esos sectores no representan a la mayoría del país, aunque muchos se hayan convencido que sí y a otros les convenga mostrarse convencidos y quieran convencer a la opinión pública de lo mismo.

Existe una inmensa mayoría ciudadana, mayoritariamente urbana, que no está de acuerdo con la violencia que ejercen esos grupos y demanda que se restaure el orden y se aplique la ley para garantizar sus derechos y libertades, procesando y sancionando a quienes atentan contra la democracia y las garantías ciudadanas fundamentales.

¿Qué hacer frente a esta situación si ni el Gobierno, ni el Estado, parecen tener la fortaleza necesaria para restablecer el orden y el imperio de la ley?

Lo primero, defender la democracia. Una sucesión forzada por la violencia tendría consecuencias catastróficas, no solo para la economía sino para la misma unidad de los bolivianos. Lo segundo, reconstruir la institucionalidad estatal para responder efectivamente a la amenaza de quienes no aceptan perder el poder por el voto ciudadano. Tercero, el Gobierno debe reinventarse, pues no puede solamente sustentarse en la noción de que cualquier otra alternativa sería desastrosa.

El autor ha sido senador y ministro de Estado