La legitimidad no se hereda de las urnas

En política, legitimidad y gobernabilidad son categorías estrechamente vinculadas, pero distintas.

La legitimidad alude al reconocimiento y la aceptación del derecho a gobernar y de la manera en que se ejerce la autoridad. La gobernabilidad, por su parte, es la capacidad del Estado para tomar decisiones, aplicar políticas y gestionar conflictos de manera eficaz y estable.

A partir de esa relación surge una pregunta decisiva: ¿enfrenta el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira una crisis de aceptación ciudadana o un deterioro más profundo de las bases políticas e institucionales que sostienen su autoridad?

Comencemos por evocar que, la victoria electoral confiere un mandato constitucional, pero no un cheque en blanco. La legitimidad de origen no garantiza una aceptación permanente, pues también depende del ejercicio del poder, de las decisiones adoptadas y de los resultados alcanzados.

En Bolivia, el descontento ciudadano, las medidas de excepción, las dificultades económicas, las relaciones con Estados Unidos y las controversias institucionales convergen en un escenario de desgaste político. La caída de popularidad no anula automáticamente la legitimidad electoral, pero puede debilitar la gobernabilidad cuando las decisiones oficiales pierden aceptación y aumenta la resistencia social.

Los datos de opinión pública ilustran esa distancia. El Monitor de Opinión Pública de Ipsos Ciesmori de septiembre revela que la aprobación de Paz se mantuvo en 21%, por segundo mes consecutivo, muy lejos del 65% registrado en noviembre de 2025.

En contraste la desaprobación alcanzó el 61%, cuatro puntos menos en comparación a la medición anterior, pero sustancialmente elevada con respecto al 18% de noviembre de 2025. Prácticamente la situación se ha invertido cuando el mandatario cumple sus 11 meses en el cargo.

Entre quienes desaprueban al primer mandatario, el 15% menciona corrupción en el Gobierno, el 11% incumplimiento de promesas y otro 11% un manejo deficiente de la economía; un 8% considera que no existe un plan de gobierno o que se improvisa. La diferencia respecto de los niveles iniciales evidencia un desgaste significativo, aunque una encuesta, por sí sola, no permite concluir que se haya perdido toda legitimidad.

A esta situación se suma la ampliación del estado de excepción por otros 90 días, hasta el 16 de diciembre, aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional el jueves 17 de septiembre, un día antes del anuncio presidencial sobre el fin de la subvención al diésel.

Desde entonces, distintos sectores expresaron su rechazo ante los efectos económicos previstos, mientras el Gobierno justificó la ampliación del estado de excepción por el riesgo de bloqueos, marchas y paros que podrían afectar corredores estratégicos de combustibles, alimentos, medicamentos, oxígeno e infraestructura crítica.

Aquí aparece un dilema central: ¿cómo preservar el orden público sin erosionar la confianza en la autoridad? La respuesta coercitiva puede contener determinadas acciones, pero no sustituye el diálogo ni resuelve necesariamente las causas del conflicto.

Me explico. La principal vulnerabilidad del Gobierno no radica solo en la pérdida de popularidad, sino en la distancia entre el mandato electoral, las decisiones públicas y la capacidad de convertirlas en resultados reconocidos como legítimos. Cuando esa brecha se combina con conflictividad persistente y desconfianza institucional, la gobernabilidad se debilita y el mandato constitucional queda expuesto a mayores tensiones.

Ni los anuncios de respaldo financiero externo ni las medidas económicas, por sí mismos, aseguran confianza: la ciudadanía evalúa también sus efectos concretos, la transparencia de su gestión y la distribución de sus costos.

El antropólogo Maurice Godelier permite profundizar esta reflexión al destacar el consentimiento como una fuerza fundamental para sostener las relaciones de poder. La autoridad duradera no depende únicamente de la capacidad de imponer decisiones, sino también de que los gobernados las reconozcan como justificadas y consideren que el poder les proporciona protección, servicios y perspectivas de bienestar. Cuando esa convicción se debilita, aumenta el costo político de gobernar y la fuerza puede terminar reemplazando al consentimiento, sin resolver la crisis de fondo.

En definitiva, un Gobierno puede conservar la legalidad y, aun así, perder capacidad de conducción. Cuando la distancia entre promesas, decisiones y resultados se vuelve demasiado grande, la legitimidad deja de ser una ventaja obtenida en las urnas y se convierte en una deuda política que debe renovarse cada día.

La legitimidad facilita la gobernabilidad; pero una gobernabilidad impuesta a ultranza, que desatiende el consentimiento y las garantías democráticas, puede terminar socavando la propia autoridad que pretende defender. Las urnas entregan el mandato: sostenerlo exige resultados, transparencia y reconocimiento ciudadano.

El autor es docente de la carrera de Ciencia Política de la UMSS