La autonomía secuestrada

Dieciséis años después de proclamadas las autonomías, Bolivia continúa administrándose bajo la lógica heredada del Estado centralista. Cambió la arquitectura constitucional, pero no la cultura del poder.

El nivel central sigue concentrando decisiones, recursos y competencias, mientras los municipios observan cómo el autogobierno prometido termina subordinado a disposiciones ajenas. En otras palabras, el país descentralizó el Estado en la norma, pero no en la práctica del poder.

No es necesario recorrer toda la historia republicana para comprender este fenómeno. La Revolución nacional de 1952 fortaleció el centralismo como respuesta al temor de la fragmentación territorial.

Aquella decisión pudo responder a las circunstancias históricas de entonces, pero consolidó una cultura política que convirtió la concentración del poder en sinónimo de unidad nacional. Desde entonces, compartir competencias pasó a percibirse más como una amenaza que como una oportunidad para fortalecer el Estado.

Norberto Bobbio explica que existe centralización cuando los poderes de los entes territoriales quedan reducidos al mínimo indispensable, mientras que la descentralización supone limitar la intervención de los órganos centrales para permitir un verdadero ejercicio del autogobierno.

Bolivia ha oscilado entre ambos modelos; sin embargo, el predominio del centralismo ha sido persistente. No existe autonomía plena cuando el poder político conserva el control de las decisiones administrativas, financieras y competenciales, pues la descentralización deja de ser una práctica para convertirse únicamente en una declaración normativa.

Esta contradicción explica por qué las tensiones entre el Estado y los municipios permanecen abiertas. Rosa Landívar sostiene que Bolivia heredó un modelo centroeuropeo profundamente centralista que fue trasladado a una realidad histórica distinta y terminó moldeando la cultura política de gobernantes y gobernados.

El resultado es paradójico: mientras el discurso oficial proclama la descentralización, la práctica cotidiana restringe los márgenes de acción de los gobiernos municipales. La Constitución reconoce competencias; la administración pública tiende a recuperarlas.

En consecuencia, las autonomías municipales no fracasan porque los municipios sean incapaces, ni porque la Constitución haya sido insuficiente. Su principal obstáculo radica en una cultura política que continúa confundiendo gobernar con concentrar el poder. Cambiaron las normas, pero no la mentalidad desde la cual se ejerce la autoridad. El centralismo modificó su discurso, aunque preservó su naturaleza.

Las autonomías municipales no necesitan nuevas proclamaciones constitucionales; necesitan voluntad política para ejercer plenamente las competencias que ya les fueron reconocidas.

Mientras el Estado continúe asociando gobernabilidad con concentración de decisiones, recursos y autoridad, la descentralización seguirá siendo una promesa antes que una realidad.

La democracia no se fortalece cuando el poder se acumula, sino cuando se distribuye con responsabilidad y confianza institucional. Tal vez ese siga siendo, 16 años después de la Constitución de 2009, el desafío más profundo del Estado boliviano.

El autor es docente de la carrera de Ciencia Política de la UMSS