¿Accidente o crimen?
Un nuevo hecho de tránsito ocurrido en la carretera La Paz-Arica (cerca del puente Desaguadero Santiago de Callapa) deja luto en la población boliviana, después de que un camión de alto tonelaje embistió frontalmente contra un bus y se llevó 22 vidas, además de dejar una decena de heridos de gravedad y ocasionar que los vehículos queden completamente destrozados.
Lo primero que se nos viene a la mente es otro choque causado por la imprudencia, exceso de velocidad o consumo de alcohol (causales que no por ser habituales reducen el grado de responsabilidad), pero, poco después, surgen las complementaciones informativas de que gente desconocida, probablemente del mismo camión, en lugar de socorrer a los heridos, quemó varios productos que el vehículo cargaba y desapareció del lugar, de donde se deduce, con poco margen de error, que se trataba de un camión contrabandista.
Una de las hipótesis de la Policía es que el conductor buscaba eludir el control de las trancas, por lo que aplicó máxima velocidad al camión, pero no pudo evitar el choque frontal con el bus que llevaba 30 personas (sin contar con las que hubieran subido en el camino).
Así las cosas, tenemos con que el contrabando en Bolivia no sólo nos cuesta 3.500 millones de dólares anuales (datos de 2022) con un ritmo de crecimiento que ha duplicado al de la economía del país; no sólo es una amenaza para unas 39.000 industrias en el territorio nacional, que hacen esfuerzos incomensurables para salir adelante; no sólo se arriesgan 600.000 puestos de trabajo, en un país donde la informalidad ronda el 86 por ciento, sino que, además, el flagelo se cobra vidas en las carreteras. Y todo esto pese a la labor de interdicción y los decomisos que realizan la Aduana y un comando de las Fuerzas Armadas en las cinco fronteras bolivianas.
Y, por si fuera poco, en esos operativos mueren entre uno y tres militares o policías por año, frecuentemente en choques directos con los traficantes o en accidentes derivados de los operativos, en encuentros en los que hasta las poblaciones toman partido por os contrabandistas.
Habrá que insistir en que se apliquen políticas más efectivas en la lucha contra el contrabando, tanto desde el punto de vista preventivo como desde el punitivo; intensificar la coordinación con los países vecinos, y ajustar las leyes penales para juzgar estos casos con el máximo rigor, pues se trata de un flagelo que no sólo se está cobrando la cifra de uniformados, sino que ahora pagan con sus vidas personas civiles, gente que nada tiene que ver con estos hechos delictivos. El caso de ayer ya no puede considerarse un accidente, sino una prolongación del delito. Urge una investigación y una severa aplicación de las sanciones. Es hora de poner un alto a la situación.
