Extraditables

Quien ya tiene esa condición es Maximiliano Dávila Pérez, exdirector general de la fuerza antidrogas de Bolivia, detenido preventivamente hace dos años y medio en la cárcel de San Pedro, investigado por la DEA estadounidense desde inicios de 2019 y requerido por la justicia de Nueva York para ser juzgado por tráfico de cocaína y armas. 

Marco Ernesto Jaimes, presidente del prorrogado Tribunal Supremo de Justicia, precisó que Dávila se ha convertido en “extraditable” el momento en que fue notificado con un auto supremo que dispone su detención preventiva con fines de extradición a Estados Unidos. La aceptación o el rechazo a la solicitud de entrega del detenido se hará conocer en septiembre. 

Según una investigación multinacional, el exjefe antinarcóticos, conocido en la Policía como “Macho Dávila”, formó parte de una organización narco que traficaba drogas con protección institucional y en la que participaba otro policía, el mayor Omar Rojas Echeverría, apodado el “Pablo Escobar boliviano”. Los otros implicados son John Cahuana Barrientos, alias “Peruvian”; Jheyson Montaño Fernández, Herland Montaño Fernández y Rómulo Ramírez Rodríguez.

Dávila fue denunciado con anterioridad, en su propia institución, por haber dado protección al narcotraficante Pedro Montenegro, quien ha sido extraditado a Brasil. También fue implicado en un volteo de drogas en el aeródromo Mundaca, que posteriormente adoptó otro nombre. El narco vínculo Dávila-Montenegro fue denunciado por Gonzalo Medina, otro policía cuestionado, exdirector de la fuerza anticrimen de Santa Cruz y ligado no solamente con Montenegro, sino con el clan narco Lima Lobo. 

El gobierno transitorio de Jeanine Áñez replegó a “Macho Dávila” de la Felcn y cuando Luis Arce asumió el mando del país, en noviembre de 2020, fue designado comandante departamental de Cochabamba, su último cargo jerárquico en la Policía.

Este repaso tiene la finalidad de mostrar la profusa actividad delincuencial de Dávila, mientras formaba parte de la Policía Boliviana, como ocurrió y ocurre con otros integrantes de esa desprestigiada institución. Y no es que la DEA y policías antidrogas de otros países se ensañaron con el ahora excoronel. Dejó rastros de sus nexos con el narcotráfico y los resultados preliminares de la investigación multinacional fueron comunicados al gobierno de Luis Arce. 

Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información clave que sustente la detención del exjefe antidrogas que fue aprehendido a fines de enero de 2022, cuando intentaba cruzar la frontera hacia Argentina por el municipio potosino de Villazón. Ahora, la pregunta es: ¿puede el extraditable Maximiliano Dávila transformar a Evo Morales en extraditable?

La última vez que los periodistas vieron públicamente a Dávila era ingresado a jalones al penal de San Pedro de La Paz. Exclamó que su detención buscaba en realidad perjudicar a Morales. A un año de las elecciones generales en Bolivia —domingo 17 de agosto de 2025—, la Cancillería desempolvó la solicitud estadounidense e inició el trámite judicial que definirá la suerte de Dávila.

Morales presiente que van por él. Utilizó buena parte de su programa en Radio Kawsachun Coca, el domingo 18 de agosto, primero para asegurar que nunca tuvo tratos con el narco. Reiteró que jefes policiales, a los que el Gobierno les encargó investigar el caso Dávila, le comentaron que no encontraron ni siquiera una llamada telefónica entre ambos. 

Además, recordó que Edwin Tapia Frontanilla, el fallecido exdirector del diario Opinión de Cochabamba, le citó a una reunión hace más de dos décadas para transmitirle que la DEA lo había investigado y no halló ninguna vinculación de Morales con el narcotráfico. Pasó mucho tiempo y las cosas pudieron haber cambiado.

En segundo lugar, el caudillo denunció que la eventual extradición de Dávila es parte de un plan gubernamental para inhabilitarlo como candidato del MAS a la presidencia del país, ahora que se ha eliminado las elecciones primarias —cerradas o abiertas— en las que la militancia partidaria o el electorado nacional defina quién será el postulante del partido oficialista.

Explicó la secuencia en su contra con los siguientes pasos: un amparo constitucional interpuesto por el arcismo para robarle la sigla MAS-IPSP ante la falta de un Congreso validado por el Órgano Electoral; relacionarlo con el narcotráfico a partir de la probable extradición de su último jefe antidrogas; o denunciarlo por pedofilia “pagando a una mujer”.

Acusó al Ministro de Gobierno de coordinar con la DEA y a la Canciller de viabilizar la extradición de un boliviano nada menos que a la meca del imperialismo. Aseguró que no tiene miedo, pero ocupó buena parte de su programa dominical para mostrar toda su preocupación por quedar fuera de la carrera presidencial y en calidad de extraditable. 

La cuenta regresiva hacia las próximas elecciones generales ha comenzado. El presidente tiene en sus manos a las instituciones estatales para aplastar a su rival. Morales cuenta con la lealtad a toda prueba del trópico cochabambino y de gente que se reconoce en él, sobre todo en las áreas rurales. La batalla definitiva entre Morales y Arce se aproxima y puede provocar un sismo político de alcance nacional, con réplicas fuera de Bolivia.