La cultura del bloqueo: manual para hacer ingobernable un país

En Bolivia, los bloqueos de caminos y carreteras no son simplemente una forma de protesta: son acciones políticas de facto, mecanismos de poder y recursos estructurales de coerción social.

Desde finales del siglo XX y, de manera más sistemática durante el ciclo político inaugurado por el cocalero Evo Morales, los bloqueos, se transformaron en una medida primaria, casi automática, para imponer demandas sectoriales o desestabilizar gobiernos. Estas prácticas, lejos de ser episódicas, se volvieron institucionalizadas, legitimadas simbólicamente y normalizadas culturalmente, aun cuando sus efectos son profundamente destructivos para la productividad, la cohesión social y la democracia.

Los bloqueos en Bolivia hay que analizarlos desde tres dimensiones: psicológica, sociológica y política, sosteniendo que su uso recurrente responde menos a una lógica de reivindicación social y más a una cultura del chantaje colectivo, funcional a estructuras corporativas de poder.

Desde una perspectiva psicológica, los bloqueos se basan en un principio elemental: causar daño a terceros para obtener atención y concesiones. No se dirige directamente contra el poder político, sino contra la sociedad en su conjunto. Se paraliza al ciudadano común, se interrumpe el abastecimiento, se pone en riesgo la salud, el trabajo y la vida cotidiana. La lógica subyacente es clara: si el dolor es suficientemente grande, el Estado cederá.

Este mecanismo genera una externalización de la responsabilidad moral. Los bloqueadores no se perciben como agresores, sino como víctimas históricas legitimadas. El daño causado se justifica psicológicamente bajo la narrativa de la “lucha”, lo que anula la empatía hacia los afectados. Se construye así una moral de excepción: todo está permitido si se lucha por una causa. Hay que inyectar destrucción y dolor hasta que sientan que, en el fondo, y al final de las medidas subversivas, la población experimente un alivio y hasta agradezca a los bloqueadores por levantar las medidas.

Además, los bloqueos refuerzan una psicología de recompensa inmediata. La experiencia histórica demuestra que, en Bolivia, bloquear funciona. Los gobiernos negocian, conceden, retroceden, suplican y perdonan. Esto produce un aprendizaje colectivo perverso: el conflicto rinde más que el diálogo, la presión más que la institucionalidad. El resultado es una cultura política infantilizada, donde la frustración no se canaliza mediante mecanismos racionales, sino mediante explosiones de fuerza colectiva.

Aquí entra otro especto que jamás se ha podido asimilar o, cuando menos, intentar ejercer institucionalmente en los distintos gobiernos, incluyendo, claro está, los 20 años del masismo; la resolución de conflictos.

Son tantos los reclamos y las demandas, que la mesa de diálogo y de consenso, como primera medida, no existen, en consecuencia, los conflictos se van acumulando hasta convertirse en una bomba de tiempo. Entonces, al gobierno de turno, solo le resta ceder, otorgar concesiones y hasta ofrecer dádivas para que los revoltosos, los subversivos, levanten sus medidas. 

Pero claro, estas “negociaciones” no resuelven los problemas de fondo, los tranquiliza, hasta que, cada vez que se les pinta las esferas, los bloqueadores, nuevamente hacen uso y abuso de su espíritu energúmeno.

Sociológicamente, los bloqueos expresan un modelo corporativo de sociedad, donde los derechos no son universales sino sectoriales. Sindicatos, transportistas, cooperativistas, gremios y, principalmente, como sucedió recientemente, la Central Obrera Boliviana (COB) actúan como feudos de poder, no como actores sociales responsables del bien común.

En este esquema, cada grupo defiende sus intereses aun a costa del resto de la sociedad. Los bloqueos no buscan consensos ni soluciones estructurales; buscan privilegios inmediatos. El país se convierte en un archipiélago de demandas inconexas, donde la fuerza sustituye al argumento y el número sustituye a la razón.

Este fenómeno genera una profunda fragmentación social. El ciudadano que trabaja, produce o emprende queda rehén de grupos organizados que no asumen los costos de sus acciones. El productor pierde mercados, el transportista informal pierde ingresos, el estudiante pierde clases, el enfermo pierde atención o simplemente, muere. Sin embargo, estos daños no son contabilizados como violencia, sino como “sacrificios necesarios”.

Los bloqueos, así, erosionan la noción misma de sociedad solidaria. No unen a los oprimidos: enfrenta pobres contra pobres, trabajadores contra trabajadores. Es una forma de lucha horizontalmente destructiva y verticalmente funcional al poder corporativo.

Políticamente, los bloqueos fueron elevados de táctica a doctrina durante el ciclo del Movimiento al Socialismo (MAS). Evo Morales no solo emergió de los bloqueos cocaleros, sino que construyó su legitimidad política sobre ellos. El mensaje fue inequívoco: el poder no se conquista persuadiendo, sino paralizando y atentando contra los intereses más elementales del país.

Durante su gobierno, el bloqueo dejó de ser reprimido y pasó a ser tolerado, protegido o incluso coordinado, siempre que proviniera de sectores afines. Se produjo una inversión del orden democrático: el Estado dejó de ser árbitro y se convirtió en parte interesada. Esto institucionalizó los bloqueos como mecanismos paralelos de gobernabilidad.

Las consecuencias fueron devastadoras: cuando el MAS no gobierna, los bloqueos se transforman en herramientas de sabotaje. No buscan negociar políticas públicas, sino hacer ingobernable al país.

La COB, los sindicatos y los transportistas no actúan como contrapesos democráticos, sino como fuerzas de presión destituyente.

Este patrón convierte a los bloqueos en una forma de golpe social permanente, no militar, pero igualmente corrosivo. La democracia queda subordinada a la capacidad de paralización, no al voto ni a la ley.

El daño económico de los bloqueos es enorme: pérdidas millonarias, ruptura de cadenas productivas, pérdida de confianza inversionista, informalización del trabajo. Sin embargo, lo más grave es el daño cultural.

Se normaliza la idea de que el país puede detenerse indefinidamente. Se instala una cultura de la improductividad, donde el conflicto es más rentable que el esfuerzo sostenido. Se desincentiva la planificación, la innovación y la responsabilidad. El mensaje implícito es: no importa producir, importa presionar.

A largo plazo, esta lógica condena al país al estancamiento. Ninguna nación puede desarrollarse si su principal herramienta política es el sabotaje interno.

La cultura oscura de los bloqueos en Bolivia no son una expresión espontánea de protesta social, sino un sistema de poder coercitivo, psicológicamente legitimado, sociológicamente fragmentador y políticamente instrumentalizado.

Su institucionalización, especialmente durante el ciclo de Evo Morales, dejó como herencia una cultura política donde la fuerza sustituye a la ley y el chantaje reemplaza al diálogo.

Superar este modelo exige algo más que leyes: requiere una reconstrucción ética del conflicto, una redefinición del sindicalismo y una ciudadanía que deje de aceptar el secuestro cotidiano del país como algo normal.

Mientras el bloqueo siga siendo premiado, Bolivia seguirá atrapada en una espiral donde nadie gana, pero todos pierden.

El autor es comunicador social