4.500

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y la vicepresidenta de Países e Integración Regional del organismo, Anabel Gonzales, visitaron Bolivia a media semana.

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz ha calificado la visita de muy importante debido a que se pretende que el BID otorgue 4.500 millones de dólares para financiar proyectos productivos del sector privado.

Esta visita y la pretensión de acceder a esos recursos aparecen como la única explicación coherente para que el Gobierno haya retrocedido como lo ha hecho con el ahora abrogado Decreto Supremo 5503.

La norma que lo reemplaza, el 5516, no tiene las mismas facilidades para las inversiones que ni siquiera tuvieron tiempo de aplicarse, así que no podremos saber si habrían sido efectivas atrayendo capital externo.

Con una crisis todavía sin resolver, el país sigue urgido de dólares. Las facilidades para las inversiones que figuraban en el extinto 5503 apuntaban a ofrecer la seguridad jurídica que los gobiernos del MAS habían liquidado con su visión cavernaria de sepultar al empresariado por considerarlo “enajenador de los medios de producción” en una lógica marxista que no ha funcionado bien en ningún país.

Lo curioso es que el retroceso fue nada menos que ante los antagonistas de las inversiones, es decir, la clase dirigente que ha hecho del bloqueo de caminos el único medio de lucha, sin importarle que este perjudique a los económicamente débiles, que son quienes viajan por tierra, y afecte económicamente al país evitando la circulación de bienes y servicios.

De paso, y como conocemos de sobra, se hace daño al incipiente turismo del país que, precisamente por culpa de los bloqueos, no termina de despegar.

Hasta el mediodía del domingo ya se había pasado de los 70 bloqueos, pero la medida de presión estaba tan desprestigiada como los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB).

Con un poco de principio de autoridad, y el apoyo del Ejército, podía haberse despejado por lo menos los caminos fundamentales, pero el Gobierno prefirió no correr riesgos y retrocedió.

Como consecuencia de eso, los bloqueos se levantaron y la misión del BID pudo realizar su tarea sin ningún sobresalto. El costo del retroceso será –ojalá– esos 4.500 millones de dólares.

Empero, si nos ponemos a pensar en el costo político que tendrá el retroceso, es legítimo preguntarse si valió la pena.

Gracias a la abrogación del 5503, la COB más desprestigiada de la historia ha recuperado oxígeno y musculatura. Dobló el brazo al Gobierno una vez y lo más seguro es que lo intentará de nuevo, porque está cumpliendo una función política.

Los 4.500 millones de dólares parecen poco si nos fijamos en las cifras que ha dejado el turismo, solo en 2025: el país tuvo ingresos por 383 millones de dólares que son una miseria frente a los recursos percibidos por nuestros vecinos.

Así, Perú se embolsó 23.000 millones de dólares y Argentina 39.000 millones, sin necesidad de retroceder ante intereses partidarios.

Los 4.500 millones de dólares que el Gobierno está pidiendo al BID podrían ingresar, más o menos, anualmente si impulsáramos el turismo hasta convertirlo en parte del andamiaje económico del país.

España, por ejemplo, tuvo ingresos superiores a 254.000 millones de dólares, solo en 2025, porque ese país no tiene la inseguridad que caracteriza a Bolivia por culpa de los malditos bloqueos.

Por tanto, para evitar retrocesos como la abrogación del 5503, al que solo era necesario ajustar constitucionalmente, debemos entender, de una vez por todas, que tenemos que recuperar la seguridad que merecen todos los turistas que visiten Bolivia.

El primer paso es penalizar los bloqueos y en eso sí que no hay que retroceder.

El autor es Premio Nacional en Historia del Periodismo