Sicarios y narcos, combinación letal que deja muerte y violencia
Un joven ve que una motocicleta con dos personas a bordo se le acerca en la puerta de su domicilio, reacciona rápidamente y logra ingresar a su casa mientras escucha varios disparos de arma de fuego.
La potencial víctima sigue corriendo dentro su domicilio y se da cuenta que el sicario continúa la persecución disparando su arma, pero de pronto algo sucede y ve salir a su verdugo rápidamente sin cumplir el objetivo de asesinarlo; da un suspiro de alivio: estaba vivo.
No se trata de la escena de alguna película de acción, el hecho ocurrió en la vida real , en el barrio Santa Rosita, en San Ignacio de Velasco (Santa cruz) la noche del pasado jueves.
El fiscal Jorge Tórrez dio los detalles del intento de asesinato y lanzó la hipótesis de que el arma tenía una “falla mecánica” que impedía que salgan los proyectiles.
Si bien el joven logró salvar su vida, en lo que va de 2026 al menos 43 personas no tuvieron la misma suerte y murieron asesinadas en varias ciudades del país a manos de sicarios contratados por grupos de narcotraficantes rivales.
La principal hipótesis que plantea la Policía es que estos asesinatos se deben a ajuste de cuentas, venganzas y pugnas entre bandas rivales de traficantes de droga.
Sobre el atentado del jueves, el fiscal Tórrez indicó que “preliminarmente se tiene como hipótesis que los atacantes pertenecerían a grupos que se han internado al municipio de San Ignacio como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV)”.
Y en general, las fuerzas de seguridad del país tienen la certeza de que detrás de estas muertes están los dos grupos delincuenciales brasileños, el PCC y el Comando Vermelho y sus cómplices en Bolivia.
Los crímenes tienen en común que son selectivos, perpetrados por hombres que se desplazan en motocicletas, ocurren (la mayor parte) en municipios fronterizos como San Ignacio de Velasco, San Matías, Puerto Quijarro y otros,
Los crímenes continúan en esas regiones del país pese a la aplicación de un programa denominado Frontera Segura implementado por el Gobierno e involucra a las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia.
Relación
Las fuerzas del orden han establecido que existen cuatro tipos de relación entre sicariato y el narcotráfico, a saber: control de rutas, disputa por mercados, ajuste de cuentas y control de activos.
Control de rutas
Las organizaciones criminales intentan conservar corredores para transportar droga y en Bolivia la vía más utilizada es la que conecta al trópico de Cochabamba con los municipios que limitan con Brasil y están en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando.
Mercados
Las facciones rivales de narcotraficantes compiten por clientes, proveedores o espacios de distribución. Y en esta dinámica se enfrentan bandas como el Comando Vermelho y el PCC.
Ajuste de cuentas
Los ataques, a muerte en la mayoría de los casos pueden responder a deudas, traiciones o disputas internas.
Activos
La detención de dirigentes y secuestros de jefes puede generar disputas por dinero, propiedades y negocios.
Las autoridades, en varias ocasiones, han señalado al PCC y al Comando Vermelho como responsables de la violencia que se genera en las ciudades fronterizas con Brasil.
En septiembre, el Gobierno afirmó que los citados grupos brasileños estaban reclutando ciudadanos bolivianos y disputándose rutas estratégicas del narcotráfico.
Acciones
El experto Jorge Santiestevan y director de Seguridad Ciudadana del municipio de Santa Cruz, plantea que parte de los asesinatos ocurridos en San Ignacio de Velasco, San Matías y Puerto Quijarro podría estar relacionada con disputas por bienes, inversiones y negocios vinculados a la estructura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, actualmente preso en EEUU a la espera de sus juicios.
Si bien la Policía realizó varios operativos que permitieron detener sospechosos, incautar armas aún no logra establecer quién pagó por los ataques, quién facilitó los medios para ejecutarlos y quién obtuvo beneficios.
Esto requiere coordinación entre la Policía, la Fiscalía y la Unidad de Investigaciones Financieras, además del análisis de bienes y operaciones sospechosas.
